El Gobierno enturbia el diálogo social para amarrar el apoyo de PNV y Junts al decreto del subsidio de paro

El Real Decreto-Ley para reformar la protección por desempleo aprobado este martes recoge también dos perlas envenenadas que enturbian el diálogo social. La primera fue anunciada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Ejecutivo cumplía con el compromiso alcanzado con el PNV para aprobar la prioridad de los convenio...

El Real Decreto-Ley para reformar la protección por desempleo aprobado este martes recoge también dos perlas envenenadas que enturbian el diálogo social. La primera fue anunciada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Ejecutivo cumplía con el compromiso alcanzado con el PNV para aprobar la prioridad de los convenios colectivos autonómicos y provinciales en determinadas circunstancias. La medida que afecta a la negociación colectiva ha causado malestar entre empresarios y sindicatos porque fue aprobada sin negociarla con los agentes sociales. Pero pocas horas más tarde, la tensión aumentó especialmente en la gran patronal, CEOE-Cepyme, tras conocer a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) que la norma también introducía un cambio que abre la puerta del Consejo Económico y Social (CES) a las organizaciones empresariales autonómicas que compiten en los territorios con la CEOE-Cepyme. De esta forma, la patronal catalana Pimec, más independiente respecto a CEOE, entrará en el CES, tal y como ha adelantado este periódico.

Con ambas decisiones, el Gobierno cumple con nacionalistas vascos y catalanes y amarra los votos para convalidar el Real Decreto del subsidio de paro en el Congreso —algo que no logró el pasado enero por el voto negativo de la oposición y Podemos—. Pero este paso sin patronal y sindicatos amenaza con erosionar el diálogo social, que cuenta con varias mesas de negociación abiertas, algunas de ellas tan trascendentales como la que discute la reducción de la jornada laboral; o la reforma de la jubilación parcial y jubilación activa o la ley de prevención riesgos laborales. Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, aseguran que “queda fuera de toda duda” su compromiso” con el diálogo social, pero añaden que “en el Parlamento reside la soberanía popular y a ella tenemos que someter la aprobación de todas las normas fruto de la negociación con los agentes sociales”.

Pese a los argumentos del Ejecutivo, varios responsables patronales y sindicales se han quejado en público y en privado de la decisión gubernamental de incluir en Real Decreto para reforma la protección por desempleo dos cuestiones que tienen que ver directamente con la autonomía que les otorga la Constitución a la hora de ordenar las relaciones laborales, sin negociación ni siquiera consulta previa. “No se ha negociado nada. Ni la reforma de la estructura de los convenios pactada con el PNV, ni el cambio en la participación de las empresas en el CES”, se quejaba este miércoles un dirigente sindical. Esta situación ha generado una visible incomodidad entre los interlocutores sociales que ha llevado directamente a la patronal CEOE-Cepyme, tras una reunión ordinaria de sus órganos de dirección a acusar directamente al Ejecutivo de “querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses”.

Con esta acusación los empresarios rechazan el cambio normativo recogido en el decreto del subsidio de paro que especifica que los consejeros que representen a las asociaciones empresariales en el CES serán escogidos, tal y como dice la disposición adicional sexta del Estatuto de los trabajadores, esto es en proporción a su representatividad; y el texto garantiza, además, que “en todo caso estarán representadas las organizaciones empresariales que gocen de la condición más representativa a nivel de comunidad autónoma”. Esta última condición se adquiere con una representatividad de al menos el 15% de los empresarios de la comunidad.

Según esto, la asociación empresarial de las pymes catalanas Pimec, cuya representatividad roza la mitad del empresariado de dicha comunidad y que compite directamente con la patronal catalana Foment del Treball, incluida en CEOE-Cepyme, que representa a la otra mitad, pasaría a tener un representante directo en el CES. Esto es algo con lo que no cuenta Foment, cuya representación en el CES y en otros organismos se produce a través de incluir a su representante en el grupo de CEOE. No obstante, fuentes jurídicas consultadas aseguran que la entrada de Pimec en el CES tiene difícil encaje legal, porque según el propio Estatuto de los Trabajadores, la participación institucional directa de las asociaciones empresariales más representativas en una comunidad no se contempla para aquellas “que estén integradas en federaciones o confederaciones de ámbito estatal” y la asociación que preside Antoni Cañete está incluida en la organización estatal Conpymes.

El hecho de que Conpymes —cuya presentación pública como asociación empresarial contó con la participación de vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez— no esté representada en los organismos institucionales sirve de argumento jurídico a quienes defienden que Pimec sí puede estar en dichos ámbitos de participación. De hecho, el CES sería el tercero de estos órganos en los que entraría esta patronal de pymes catalana, ya que en los últimos meses el Gobierno, a través de sendos retoques normativos, ha propiciado que entre a formar parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y en el Consejo Estatal de la PYME.

Sin embargo, en el Ministerio de Trabajo justifican el haber tomado esta decisión porque, el CES cuenta ya con la representación de sindicatos más representativos en el ámbito autonómico como el gallego CIG o el vasco ELA y, por tanto, “es del todo coherente que también en el capítulo de las organizaciones empresariales se recoja la representatividad autonómica. Se trata, por tanto, de aplicar la ley”. Los responsables del Departamento que dirige Yolanda Díaz responden a las críticas vertidas por los interlocutores sociales al considerar que la decisión “era conocida por parte de todos los actores del ámbito laboral y también en el legislativo donde todas las normas de esta entidad han de ser aprobadas”. Y, en cuanto al fondo, no comparten el argumento empresarial de que dicha prevalencia rompe con la unidad de mercado por el peso de los convenios autonómicos, uno de cada cinco convenios, según la última estadística. Por la tanto, “la prioridad de los convenios no es un fin, sino un medio para aplicar el convenio más beneficioso al introducir una regla de competencia al alza de las condiciones laborales”, concluyen en Trabajo.

Críticas sindicales a los cambios en el CES

En el lado sindical, la secretaria de Participación Institucional de CC OO y consejera del CES por este sindicato, Carmen Vidal, ha criticado el cambio operado por el Gobierno en este órgano consultivo: “Aunque no afecte directamente a las organizaciones sindicales, no estamos de acuerdo con la forma de proceder del Gobierno, porque por el propio sentido de esta institución, cualquier reforma que se haga en ella debe hacerse negociada y consensuada”.

En la misma línea, desde UGT han reprobado este miércoles “que se hagan cambios de instrumentos del diálogo social, como es el CES, sin informar y consultar con los interlocutores sociales”. En opinión de los responsables de este sindicato, el respeto al reconocimiento que hace la Constitución de las organizaciones sindicales y empresariales “merece un trato mucho más considerado que el que ha demostrado el Gobierno con la introducción de este tipo de disposiciones, de manera sorpresiva, sin consulta y sin información”.

Por tanto, estas fuertes críticas a la modificación legal operada en la composición del CES tienen el mismo origen que las ya realizadas este martes también por patronal y sindicatos a los cambios en la estructura de la negociación colectiva para dar prioridad aplicativa a los convenios colectivos autonómicos y es la forma de actuar del Gobierno en el ámbito de las relaciones laborales, con ausencia de negociación formal con los interlocutores sociales para lograr un apoyo parlamentario imprescindible para sacar adelante medidas, entre otras cosas exigidas por Bruselas, como es la reforma de la protección asistencial por desempleo.

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