Sumar propone impedir los despidos objetivos y colectivos a las empresas que deslocalicen su producción fuera de la UE
El grupo parlamentario de Yolanda Díaz presenta una proposición de ley que, de aprobarse, obligaría a las empresas a devolver fondos públicos recibidos en los cuatro años previos
España es un país de salarios bajos en comparación con el resto de la Unión Europea. Pero, respecto al global planetario, las retribuciones sí están por encima de la media. Muchas empresas aprovechan esta circunstancia para deslocalizar su producción, en busca de menores sueldos que les permitan ganar en competitividad. Las víctimas de este proceso tan habitual son los empleados en España, a los que Sumar quiere...
España es un país de salarios bajos en comparación con el resto de la Unión Europea. Pero, respecto al global planetario, las retribuciones sí están por encima de la media. Muchas empresas aprovechan esta circunstancia para deslocalizar su producción, en busca de menores sueldos que les permitan ganar en competitividad. Las víctimas de este proceso tan habitual son los empleados en España, a los que Sumar quiere dar una mayor protección de la que hasta ahora recoge la legislación. El grupo parlamentario que dirige Yolanda Díaz registró este jueves una proposición de ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores, de manera que impida los despidos colectivos y las extinciones de contratos por causas objetivas a las empresas que decidan el traslado de su actividad. También apuesta por obligar a reembolsar ayudas recibidas en los años previos y garantizar una mayor trasparencia en los procesos de deslocalización.
El texto de Sumar denuncia que las deslocalizaciones generan “desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo”. Asimismo, identifican el riesgo de “desequilibrar la posición de las partes en la negociación colectiva en contra de la parte social, resultando en un empeoramiento de las condiciones de trabajo”. Ante este diagnóstico, consideran “fundamental” adoptar medidas “que prevengan los efectos negativos de estas deslocalizaciones”. Ya advierte de algunas herramientas para tal fin a nivel europeo, como el reembolso de fondos si se dan deslocalizaciones. “Siguiendo el ejemplo comunitario, resulta necesario establecer medidas concretas que protejan empleos y condiciones de trabajo”.
La política principal que propone el texto es impedir a las empresas que trasladen su actividad industrial, productiva o de negocio a territorios que no formen parte de la UE o de países no signatarios del espacio económico común las siguientes medidas: despidos colectivos y extinciones de contratos por causas objetivas, aplicar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicar lo recogido en convenios colectivos. “De incumplirse estas limitaciones, las medidas aplicadas se considerarán efectuadas en fraude de ley, sean adoptadas con carácter anterior o posterior al traslado, siempre que se prueba la vinculación directa o indirecta con este”, indica el documento.
Asimismo, Sumar propone obligar a las empresas que deslocalicen y se hayan acogido en los cuatro años previos a ERTEs o medidas contempladas en el mecanismo RED a devolver los beneficios asociados.
En la misma línea, el grupo minoritario en el Gobierno propone más limitaciones para asegurar los puestos de trabajo. Entre ellas está la obligatoriedad de presentar un plan de viabilidad cuando se dé una operación de transmisión de titularidad si la empresa o unidad productiva sea de 50 o más trabajadores. “Para la elaboración de dicho plan se abrirá un periodo de consultas entre la empresa vendedora, la compradora y la representación legal de las personas trabajadoras”. A partir de entonces se establecen una serie de plazos en los que la empresa tendría que justificar por qué resulta imposible el mantenimiento de la actividad. “En el supuesto de que el periodo de consultas termine sin acuerdo, la empresa vendedora remitirá su plan de viabilidad a la autoridad laboral. Las personas trabajadoras tendrán un derecho de tanteo y retracto para la adquisición de la unidad productiva”, especifica el texto.
La proposición de ley para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas fue registrada por las diputadas Verónica Martínez y Aina Vidal. El grupo parlamentario da algunos ejemplos de desinversiones y deslocalizaciones recientes que le animan a presentar esta propuesta: menciona al caso de Forbia Porriño y Maderas Fiber, la venta de Alcoa Avilés y Coruña, el despido colectivo de Sekurit y mira incluso más atrás, en referencia a las históricas deslocalizaciones de H&M o Zara.
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