Vivienda asequible, una obligación de todos

Mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes, es una de las tareas pendientes del sector inmobiliario y de las Administraciones públicas, que en los últimos años han aunado (y acelerado) esfuerzos para tratar de solventar una brecha que ha ido creciendo por el contexto macroeconómico y social, y que ya se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de este país.

La principal palanca para atajar el problema del acceso a una vivienda pasa por aumentar la oferta de vivienda asequible en España, prácticamente inexistente en la producción de los últimos ocho a...

Mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los más jóvenes, es una de las tareas pendientes del sector inmobiliario y de las Administraciones públicas, que en los últimos años han aunado (y acelerado) esfuerzos para tratar de solventar una brecha que ha ido creciendo por el contexto macroeconómico y social, y que ya se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de este país.

La principal palanca para atajar el problema del acceso a una vivienda pasa por aumentar la oferta de vivienda asequible en España, prácticamente inexistente en la producción de los últimos ocho años.

Si consideramos que la vivienda asequible es aquella que requiere un esfuerzo económico, ya sea de compraventa o de alquiler, que no supere el 30% de los ingresos brutos de la unidad familiar, llegamos a la conclusión de que la producción de esta vivienda apenas ha llegado a ser un 15% de la producción total de vivienda anual de los últimos años.

En la actualidad, en España se construyen al año cerca de 80.000 viviendas de obra nueva frente a una demanda que dobla o triplica la producción, en función de la fuente de información que se utilice. No se trata solo de un desfase cuantitativo, el problema adicional es que la producción actual está dirigida en un 90% a vivienda denominada de reposición —viviendas para quien ya tiene vivienda—, mientras que la demanda de primer acceso se va acumulando cada día de forma más acuciante. Un primer acceso formado, principalmente, por jóvenes o familias que no han tenido acceso hasta la fecha a vivienda en condiciones adecuadas.

Este desequilibrio patente entre oferta y demanda de vivienda supone un reto para la sociedad en general. Es obligación del sector privado y también del sector público producir vivienda para todos de forma decidida e inmediata. La necesidad de vivienda asequible en un país como España es apremiante: la vivienda es una infraestructura social, el pilar fundamental para garantizar la calidad de vida y la seguridad económica de los ciudadanos.

Abordamos, por consiguiente, una situación que es todo un problema de Estado. Y para que no se agrande esta problemática social se necesitan soluciones a corto plazo. Hay que pensar no en las generaciones del futuro, sino en las del presente.

En esta encrucijada, una de las primeras medidas a tomar pasa por poner suelo en el mercado por parte de las Administraciones públicas a través de la colaboración público-privada. Esta iniciativa, con las concesiones posicionándose como una de las soluciones que mayor eficiencia ha demostrado, resulta vital para generar la esperada vivienda asequible.

En esta dirección ya van algunos proyectos impulsados por comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, donde el Plan VIVE se afianza como solución a la edificación de viviendas asequibles. En este caso, en alquiler con rentas reguladas y que contempla la construcción de 8.000 viviendas asequibles durante la actual legislatura. Estas iniciativas público-privadas alcanzan ya a un gran número de comunidades y ayuntamientos que han lanzado o tienen en proceso de estudio el lanzamiento de nuevas iniciativas similares.

Otra medida en favor de la vivienda asequible es la actualización de los módulos de Vivienda de Protección Oficial (VPO), que ya han comenzado a impulsar varias comunidades autónomas en los últimos tiempos y que ya están suponiendo el desbloqueo de la construcción de miles de inmuebles tan necesarios para la sociedad. Además, sería muy necesaria la agilización de las licencias inmobiliarias, como también se ha anunciado recientemente. Todo lo que representa reducción de plazos se traduce en reducción de costes y, por consiguiente, en un ajuste en los precios de venta de la vivienda.

El papel de los promotores es clave en este proceso, además de ser fiel compañero de viaje en estas iniciativas con el sector público. Somos el instrumento necesario para transformar el suelo en edificios que generan rentas y para estructurar las operaciones con los grandes inversores institucionales que prefieren evitar el riesgo de promoción y comprar ya edificios terminados y listos para su explotación.

En este escenario de rentabilidades ajustadas, costes de construcción elevados y un entorno financiero más exigente, debemos trabajar para desarrollar edificios y una tipología de vivienda que satisfagan las necesidades de la demanda en producto y precio. Que sigan manteniendo una buena arquitectura, pero que también sean rentables para la comunidad inversora.

Por último, resulta necesario que la Administración también desarrolle medidas de financiación, tanto para la construcción como para la adquisición. En este sentido, el Gobierno ha aprobado recientemente una línea de avales de 2.000 millones para la edificación de 40.000 viviendas destinadas a alquiler social o a venta a precio asequible. Y pensando en la compra, en la senda del help to buy británico, ha creado una línea de avales ICO de 2.500 millones para menores de 35 años. Hay muchos jóvenes, fundamentalmente, que se encuentran en una espiral de alquileres elevados que les impide ahorrar el 20% de la entrada para la compra de una vivienda, y a los que esta iniciativa les puede abrir la puerta de su nueva casa.

Parece evidente que se han comenzado a dar los pasos necesarios desde las distintas administraciones para impulsar una política de vivienda más activa y agresiva que reduzca el problema de la vivienda de las capas más desfavorecidas de la sociedad, principalmente los jóvenes. La solución más inmediata pasa por poner la mayor oferta posible de suelo en el mercado e impulsar su desarrollo con medidas complementarias de apoyo, así como tratar de reducir al máximo los plazos para que esté disponible para su ocupación, propiedad o alquiler.

La política de vivienda debe ser una prioridad generalizada y debe evitarse que se convierta en un instrumento de utilización partidista. Debe primar el interés general social y, de este modo, también deben fomentarse las iniciativas de interés que procedan de la oposición. Todo suma en el objetivo común de producir vivienda asequible y facilitar el acceso a una casa, sobre todo, a los jóvenes y a familias que la necesitan.

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