Bruselas presiona a España para endurecer el veto a Huawei

Bruselas está reclamando al Gobierno español pruebas de que ha implantado un sistema eficaz para limitar el acceso de Huawei a la red 5G. La Comisión Europea ya concedió a España a mediados de marzo un aplazamiento de dos meses para la evaluación del cuarto pago de fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros y que recoge hitos que debían haber estado listos a finales de 2022. Los parones electorales y la ge...

Bruselas está reclamando al Gobierno español pruebas de que ha implantado un sistema eficaz para limitar el acceso de Huawei a la red 5G. La Comisión Europea ya concedió a España a mediados de marzo un aplazamiento de dos meses para la evaluación del cuarto pago de fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros y que recoge hitos que debían haber estado listos a finales de 2022. Los parones electorales y la gestión de un plan tan ambicioso han hecho que el Gobierno español acumule más de un año de retraso. El aplazamiento se ha justificado porque todavía no se ha conseguido aprobar la reforma del subsidio de paro y por unas modificaciones técnicas que permitirían comprobar más fácilmente el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, hay más: según fuentes conocedoras, Bruselas presiona al Ejecutivo para que le brinde las garantías suficientes de que se van a aplicar restricciones a los suministradores de riesgo en el despliegue del 5G. En la práctica, supondría endurecer el veto a la multinacional china Huawei para no dejar en sus manos la autonomía estratégica europea. Se trata de uno de los hitos que se tendría que completar para el cuarto pago de fondos y que se está valorando en estos momentos.

El Gobierno da el compromiso por zanjado: “Está cumplido con la aprobación el 30 de abril del esquema de seguridad 5G. Los pasos están consensuados y no hay debate”, señala el Ministerio de Transformación Digital. En este real decreto se establece la posibilidad de designar suministradores de riesgo y se obliga a los operadores a hacer análisis de riesgos y a diversificar el suministro de la tecnología. Pero Bruselas tiene todavía que decidir si se están ofreciendo las garantías suficientes. Por un lado, la Comisión no quiere, bajo ningún concepto, que se usen recursos comunitarios para financiar el desarrollo del 5G con tecnología de Huawei. Así ha sucedido con el despliegue de la red rural sufragada con fondos europeos. Para asegurarse de que no entrara Huawei, el Gobierno y la Comisión acordaron que los operadores asumieran el coste de reemplazar al proveedor si este se calificaba de riesgo. Ante esta amenaza, los operadores evitarían contratar a Huawei. Sin embargo, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha manifestado en público que no tiene intención de elaborar una lista de suministradores de riesgo. Y estas declaraciones no han gustado en Bruselas, ya que si no se va a publicar un listado y no existe la posibilidad de que se designen los suministradores de riesgo, entonces la amenaza en realidad quedaría descafeinada.

El otro motivo de discusión radica en la seguridad del 5G. El esquema aprobado permite identificar y designar áreas críticas de la red. Según explican fuentes del sector, Huawei apenas está en el núcleo de la red troncal de los principales operadores españoles: Telefónica, Masorange y Vodafone. Tampoco en los servicios de gestión. Pero sí que se encuentra básicamente en las antenas. La Comisión querría comprobar cómo se van a aplicar restricciones a Huawei en estas áreas sensibles.

El Gobierno alega que con el esquema de seguridad ya ha fijado un formato para declarar a Huawei suministrador de riesgo. Y que la simple amenaza ya está haciendo que los operadores no contraten con la multinacional china. Escrivá tiene que convencer a la Comisión de que su esquema será eficaz.

Los vetos a Huawei empezaron con el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuando en mayo de 2019 incluyó a la multinacional china en la lista de amenazas para la seguridad nacional argumentando que estaba al servicio del partido comunista y que podía usar sus equipos para el espionaje. Esto obligó a Google a retirar a Huawei los permisos para que sus teléfonos pudieran utilizar el sistema operativo Android y, por lo tanto, aplicaciones como Gmail o Maps. E hizo que Meta le quitara WhatsApp. Empresas como Intel o Qualcomm dejaron de venderle chips. Y se prohibió el acceso del conglomerado empresarial chino a las redes de 5G. Países como Canadá o Japón también han impuesto este tipo de vetos. Y la Administración de Biden ha continuado con estas políticas.

Giro en Europa

En Europa, la Comisión dio al principio vía libre para que los Estados hicieran lo que consideraran oportuno. Pero tras la guerra de Ucrania, Bruselas ha aprendido la lección sobre autonomía estratégica: no parecía razonable que en Europa hubiera más exposición al 5G chino que al gas ruso, sobre todo cuando este va a adquirir una gran importancia y se puede piratear por tener una arquitectura abierta. El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, ya instó el año pasado a los Estados miembro a actuar de forma rápida y eficaz: en un comunicado de junio dijo que Huawei y ZTE “representan riesgos sustancialmente mayores”.

Pero, según fuentes del sector, España se ha puesto de perfil y no ha sido tan contundente como recomienda la Comisión: aunque sí que ha establecido en la legislación la posibilidad de identificar a proveedores de 5G como de alto riesgo, lo ha hecho sin la concreción que le gustaría a Bruselas. Por ejemplo, en el real decreto que ha aprobado sobre el esquema de seguridad del 5G, dice que el Gobierno “podrá calificar que determinados suministradores 5G son de alto riesgo”. Pero en ningún caso estipula la obligatoriedad de hacerlo, lo que en el fondo deja abierta la posibilidad a que nunca se haga. Así figura el artículo 15. Según expertos consultados, el texto deja el peso de la responsabilidad a los operadores y es lo suficientemente ambiguo como para que el Ejecutivo pueda levantar las manos y no hacer nada.

El Gobierno y varios expertos consultados argumentan que el hecho de que se haya creado este mecanismo ya está logrando que los operadores no contraten a Huawei. Sin embargo, la Comisión empuja aprovechando que este es un hito comprometido para el cuarto pago de fondos europeos. Este dice que la ley española tiene que cumplir con la caja de herramientas europea sobre seguridad del 5G. Y especifica: “Imposición a los operadores de telecomunicaciones de obligaciones en materia de evaluación y gestión del riesgo en lo relativo a la seguridad; imposición de obligaciones en materia de diversificación de la cadena de suministro con el fin de evitar la dependencia tecnológica; medios para identificar a los vendedores de alto riesgo y de riesgo medio y posibles limitaciones del recurso a los mismos”. En este último punto es donde ahora Bruselas quiere centrar las conversaciones.

La Comisión tendrá que valorar si el Gobierno cumple con estas exigencias de forma estricta. Hace dos años, el entonces secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, dijo que no publicaría la lista de proveedores de riesgo. Y el actual ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha declarado que no hará o no publicará el listado. El Gobierno defiende que ha regulado lo suficiente y que está haciendo lo mismo que otros países. Sin embargo, en realidad casi todos se están ciñendo a las directrices de la Comisión. Los escandinavos, los bálticos, Francia o Italia ya están poniendo barreras operativas a Huawei. Por ejemplo, Portugal, a pesar de las presiones chinas, aprobó un listado de suministradores de riesgo que no hizo público pero que entregó a los operadores. No obstante, el Ejecutivo español puede ampararse en que Alemania está abordando el problema de forma muy parecida a España. Berlín nunca ha querido enemistarse con los chinos, a los que considera socios comerciales esenciales.

El capital chino cobra ahora importancia en España en un momento en el que el Gobierno necesita inversores privados para la reindustrialización del país y para sus proyectos estratégicos financiados con fondos europeos. Son los casos de Envisión con la fábrica de baterías en Extremadura, la planta de Nissan en la que ha entrado Chery o la de Airbus que ha comprado Zhenshi para producir palas eólicas.

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