El impuesto sobre el patrimonio castiga más a los directivos que a las grandes fortunas

El impuesto sobre el Patrimonio no es ni equitativo ni progresivo: hay diferencias abismales entre lo que pagan contribuyentes que se sitúan en el mismo tramo de riqueza declarada y, además, se produce la paradoja de que quienes tienen más de cinco millones de euros de patrimonio acostumbran a pagar un tipo real inferior que los que están por debajo de esa cifra. Ese sesgo se produce básicamente por la configuración del tributo, que acaba gravando más a directivos que han forjado su fortuna sobre la base del ahorro que a propietarios, sobre todo de grandes empresas, con diferencias que pueden alcanzar los 100.000 euros cada año.

Esas son las principales conclusiones del estudio ¿Quién (no) paga el impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña? A uno de sus autores, el investigador del Centro de Investigación de Economía Internacional Jordi Galí (lo ha elaborado con Èlia Capella, una estudiante de la Universitat Pompeu Fabra de la que es profesor), se le ocurrió prepararlo tras hablar con amigos sobre lo difícil que era en Cataluña atraer a investigadores y altos directivos por el gravamen a causa de esa presión fiscal añadida, que no existe en otras comunidades autónomas.

Madrid, Andalucía, Cantabria y Extremadura tienen bonificada la totalidad de la cuota, mientras que en Galicia la exención es del 50%, si bien el Gobierno de Pedro Sánchez creó para esos casos el impuesto sobre grandes fortunas para homogeneizar la presión tributaria sobre los ricos y evitar la competencia fiscal entre autonomías. Casi 88.000 contribuyentes catalanes lo pagan cada año sin descuento cuando reconocen más de 500.000 euros de patrimonio, lo que permite a la Generalitat ingresar 610 millones de euros (según los datos de 2022 utilizados por el estudio). “No estoy a favor de este impuesto, que obliga a pagar dos veces por el ahorro, pero si se quiere mantener se tendrían que hacer cambios”, señala Galí, que ha hecho un ejercicio para modificar el tributo con la base del economista francés Gabriel Zucman, que en una cena con distintos profesores de la UPF tildó el impuesto existente en España como “anticuado” y “absurdo”.

Los cálculos del estudio establecen que un contribuyente con menos de un millón paga una cuota del 0,06%, que sube hasta el 0,21% en la horquilla de entre uno y dos millones de euros y que sigue subiendo entre los que tienen entre dos y cinco millones, con una tasa efectiva media del 0,37%. A partir de ahí el tipo se reduce de forma paulatina: entre cinco y diez millones se sitúa en el 0,31%; entre 10 y 25 millones, en el 0,28%; y los grandes patrimonios a partir del los 25 millones consiguen reducir ese porcentaje hasta el 0,26%. Las conclusiones del informe serían aplicables al resto de autonomías donde el impuesto no está bonificado.

Esa regresividad, explica el estudio, se debe básicamente a que “el legislador ofrece un mecanismo a través del cual muchas grandes fortunas pueden eludir el impuesto”. De hecho, son dos. El primero es el sistema de exenciones, que permite básicamente quitar de la declaración los activos empresariales si el contribuyente tiene más del 5% o su familia reúne más del 20% y ejercen funciones de dirección. De esa forma, se beneficia sobre todo a las familias propietarias de grandes empresas, ya que las exenciones no tienen en cuenta otros activos, como la vivienda habitual, las segundas residencias o participaciones en fondos de inversión o depósitos bancarios, principal hucha de los directivos. El patrimonio neto agregado de los contribuyentes, según datos de la Agencia Tributaria Catalana, ascendía a 231.233 millones de euros, si bien esa cifra a efectos reales quedaba muy reducida, ya que en los tramos altos las deducciones alcanzaban dos tercios del total.

El trabajo muestra cómo a mayor patrimonio declarado, mayor proporción de patrimonio exento, que en el caso de los superricos (más de 25 millones) y megarricos (más de 100 millones) puede aproximarse al 65%, mientras que en el tramo inferior es de solo un 10%. “La posibilidad de excluir de la base imponible del impuesto sobre el Patrimonio los activos empresariales, que son precisamente los activos donde los individuos más ricos concentran sus patrimonios”, señala el estudio, “es un factor clave tras la regresividad del impuesto”. En la mayor parte de los tramos altos hay contribuyentes que no llegan a pagar nada por el impuesto.

El segundo elemento que beneficia a los patrimonialistas es el límite que tiene en cuenta el impuesto: la suma de la cuota del impuesto sobre la renta y la del impuesto del patrimonio que se declaran en el IRPF no pueden superar el 60% de las bases imponibles. Si se produce, se tiene que aplicar un descuento que puede llegar al 80%, pero es una medida que acaba beneficiando a los más ricos, especialmente si no trabajan y tienen empresas que no pagan muchos dividendos, pero que pueden utilizar en muchos casos como mecanismos de consumo: esas sociedades pagan sus casas, sus coches e incluso les ofrecen créditos, que suponen reducir su patrimonio neto.

Los autores del informe han hecho una estimación, basándose en la propuesta de Zucman, sobre qué sucedería si se eliminaran los factores de regresividad y solo pagaran el impuesto aquellos que poseen más de 10 millones de euros de patrimonio. La recaudación se situaría en torno a los 627 millones, por encima de la actual. “Pero es imposible, porque las grandes fortunas lo impedirían”, afirma un pragmático Galí, que tilda de “desastroso e injusta” la configuración actual.

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