Los sindicatos europeos condenan la injerencia del Gobierno en el debate sobre la indemnización por despido

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) se declara “preocupada” por la interferencia del Ejecutivo en la decisión europea sobre la indemnización por despido, que consiste en la reclamación de apartar a una experta española del comité que decidirá si esta normativa nacional se ajusta a la Carta Social Europea. El CES, que agrupa a 93 sindicatos de 41 países, “condena esta acción inaceptable por parte del Gobierno español; forma una situa...

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) se declara “preocupada” por la interferencia del Ejecutivo en la decisión europea sobre la indemnización por despido, que consiste en la reclamación de apartar a una experta española del comité que decidirá si esta normativa nacional se ajusta a la Carta Social Europea. El CES, que agrupa a 93 sindicatos de 41 países, “condena esta acción inaceptable por parte del Gobierno español; forma una situación sin precedentes”. Así se expresa la vicesecretaria general, Isabelle Schömann, en una carta que mandó este jueves a la presidenta del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), Aoife Nolan, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Así, Schömann recoge el sentir de UGT, uno de los sindicatos españoles que forman parte del CES junto a CC OO, ELA y USO. La central liderada por Pepe Álvarez viene criticando las “injerencias” del Gobierno en su reclamación ante el CEDS. El sindicato se refiere a que el representante de España ante este Comité, que depende de Justicia, pide a la presidenta de este organismo que recuse a la experta española, Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, escribió un artículo en el que sostenía que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT.

“Esta acción deplorable”, continúa Schömann, “no solo pone en peligro el mandato, la composición, las responsabilidades y los métodos de trabajo del CEDS, sino también el desarrollo posterior de procedimientos similares”. Este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también protestó por esta recusación, pero no ante la institución que debe dirimir al respecto, sino ante la que lo solicita. En su misiva, Díaz pide al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que no interfiera en el proceso, expresa preocupación y sorpresa al respecto y reivindica la trayectoria de Salcedo.

Este periódico lleva toda la semana reclamando alguna reacción de Justicia respecto a este tema, pero el departamento de Bolaños aún no ha contestado.

Schömann también pide al Comité que aclare a qué reclamaciones colectivas afectaría la recusación y el efecto que tendría en la de UGT. “La CES está particularmente preocupada por el impacto que esta situación sin precedentes podría tener en cualquier queja colectiva futura, si otros Estados también hicieran uso de tales solicitudes de recusación”. En la carta, Schömann indica que “aparentemente” la deliberación del CEDS sobre la reclamación colectiva de UGT está programada para la sesión de marzo, entre el 18 y el 22.

Normativa sobre despido

La decisión que tome el CEDS tiene trascendencia política. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a que la normativa del despido dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Si el Comité interpreta que la norma española responde a este texto, que España refrendó en su conjunto en 2021, los socialistas —los menos entusiastas ante la posibilidad de tocar este tema— tendrían un argumento para dejarla como está. Si da la razón a UGT, y después a CC OO en otra reclamación parecida, Sumar tendría todo de cara para reclamar un cambio.

La tesis de los sindicatos, y de la formación que lidera Díaz, es que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”.

El artículo por el que el representante español señala a Salcedo se titula La Carta Social Europea y el procedimiento de reclamaciones colectivas. Un nuevo y excepcional escenario en el marco legislativo laboral. La principal frase que España utiliza para señalar a la profesora del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València es la siguiente: “Cuando se pronuncie el CEDS, se añadirá un fundamento más, de hacerlo en coherencia con los previos. Es decir, la normativa reguladora de las indemnizaciones por despido improcedente no es conforme a la Carta Social Europea Revisada según jurisprudencia consolidada del CEDS”.

El escrito de recusación lleva la firma de Alfonso Brezmes, en el cargo desde 2018 y nombrado por el Gobierno del popular Mariano Rajoy. Los sucesivos gobiernos que han pasado desde entonces le han mantenido en el cargo. “Salcedo ofrece un número de razonamientos y juicios de valor que representan una clara posición de la autora a favor de estas teorías defendidas por los sindicatos UGT y CC OO”, indica en la carta dirigida a la presidenta del CEDS, a la que pide que Salcedo no tome en parte en las sesiones en las que se diriman las reclamaciones de los sindicatos españoles.

Salcedo no representa a España en el Comité, compuesto de 15 miembros de reconocido prestigio de diferentes países. Los sindicatos siempre se han mostrado esperanzados ante la resolución de este órgano porque ya ha fallado a favor de los representantes de los trabajadores en otros casos parecidos, dos veces respecto a Francia, otro por la normativa italiana y otro por la finlandesa.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal