Cuatro de cada diez potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital desconocen su existencia

El Ministerio de Seguridad Social ha tomado varias medidas para mejorar el conocimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Entre ellas, una de las más llamativas fue un gran autobús naranja que instaló en diferentes ciudades de España para explicar la prestación a los ciudadanos. Pero este y otros esfuerzos aún son insuficientes, según destaca un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, según sus siglas en inglés) publicado este v...

El Ministerio de Seguridad Social ha tomado varias medidas para mejorar el conocimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Entre ellas, una de las más llamativas fue un gran autobús naranja que instaló en diferentes ciudades de España para explicar la prestación a los ciudadanos. Pero este y otros esfuerzos aún son insuficientes, según destaca un estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, según sus siglas en inglés) publicado este viernes. Apunta que el 41% de los potenciales beneficiarios del IMV desconoce la existencia de la prestación. También destaca la alta proporción de aquellos con derecho a ella y que no la reciben que piensan que no cumplen los requisitos (34%) o que no les corresponde (42%). Estos datos son una prueba más de que muchas personas pobres no acceden a las herramientas que el Estado ha diseñado para ellas por desconocimiento.

Este informe llega pocas semanas después de la primera difusión de datos de Seguridad Social respecto al número de beneficiarios. El departamento de Elma Saiz ya venía aportando una cifra acumulada, un total desde que se puso en marcha en 2020 sin tomar en cuenta las personas que dejaban de recibirlo. Según esas nuevas cifras en España se benefician del IMV 557.405 familias, compuestas por 1.669.361 personas.

Cuando se presentaron estos datos, la pregunta más repetida de los periodistas refería a la brecha de cobertura (los potenciales beneficiarios que no reciben la ayuda), justo el fenómeno que EAPN aborda en su estudio. Va en busca de datos que expliquen por qué tantas personas con derecho al IMV no lo solicitan. No aporta una cifra global sobre esta brecha, como tampoco lo hace el ministerio. El organismo público que sí cifra esa falla es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef): estima que en 2022 un 58% de los potenciales beneficiarios no solicitaron la ayuda y que solo llega a un 36% de los hogares con derecho a ella. Eran 284.400 de 800.000. Fuentes de Seguridad Social vienen indican que esas 800.000 familias ya son una una cifra desfasada, que gracias a la mejora del mercado laboral son menos, pero no detallan cuántas son ahora.

La principal conclusión del estudio de EAPN es que cuatro de cada diez potenciales beneficiarios desconocen la existencia de la prestación. También indica que hay un 24% más de probabilidad de quedar en la brecha de cobertura cuando solo se conoce el IMV de forma superficial y un 38% más cuando solo se ha oído hablar de él. El informe también destaca que, entre aquellas personas con derechos a la prestación y que no la perciben, tres de cada diez creen que no cumplen los requisitos y cuatro, que no les corresponde. Este es un fenómeno común: tendemos a pensar que estamos cerca de la media, tanto si nuestros recursos son escasos como si son abundantes.

“La percepción de seguridad económica”, añade EAPN, “aleja a las personas con derecho a la prestación de la solicitud del IMV: tener una vivienda en propiedad, no estar en situación de desempleo y percibir facilidad para llegar a fin de mes son factores que reducen las probabilidades de solicitar la prestación en personas en situación de non take up (el término en inglés que equivale a brecha de cobertura)”. Esta tendencia también se aprecia en los ingresos de los potenciales beneficiarios sin IMV, ya que un 70% de ellos están en el último tramo que da acceso a la prestación. Es decir, cerca del volumen de renta que les impediría recibir la ayuda.

“Existen características sociodemográficas que explican la no solicitud del IMV: ser hombre, residir en zonas rurales, no tener menores a cargo o pertenecer a grupos de edades más avanzadas”, añade el informe. Los datos de la Seguridad Social sirven para apuntalar este perfil. Ellas son las que más se encargan de solicitar la prestación en el 67% de los casos, pero con el foco en el número de beneficiados se diluye la diferencia. Respecto al total, las mujeres son el 53%. El estudio indica que los hombres tienen un 4% más de probabilidades de no solicitar el IMV con respecto a las mujeres. También es más probable la solicitud entre los residentes en áreas urbanas (6% más que en las rurales) y entre las familias con menores a cargo (7% más de probabilidad que con ellos). “Las personas con 65 años o más presentan un 17% más de probabilidades de no haber solicitado el IMV frente al resto de los grupos de edad”, añade el informe.

Otro elemento clave que para entender la brecha de cobertura es la relación del ciudadano con los servicios públicos. Un 20% de los no solicitantes valora mal los trámites porque considera muy difícil hacerlo sin ayuda.

Recomendaciones para mejorar

Este informe tiene una importancia especial. Aunque lo elabore una entidad no gubernamental, sus conclusiones y recomendaciones interpelan en buena medida al Ministerio de Seguridad Social. Es uno de los 34 proyectos piloto del Policy Lab, una herramienta impulsada por el ministerio para evaluar políticas públicas en colaboración con entidades especializadas. “Tiene como objetivo general conseguir evidencia empírica fiable y robusta sobre qué procesos o métodos son los más idóneos y eficaces a la hora de incrementar la tasas de solicitud (take-up rate) de las personas potencialmente beneficiarias del IMV y, como consecuencia, persigue también el objetivo de revertir la situación de non-take-up de las personas elegibles para el IMV mediante una metodología de alcance (outreach) intensiva que movilice a estas personas para que soliciten y obtengan dicha prestación”, indican desde EAPN.

La principal recomendación para tal fin es la siguiente: “Crear un observatorio permanente sobre el non-take-up que permita la comprensión rápida de insuficiencias de las políticas de asistencia social y pueda proponer recomendaciones para su solución y mejora, en colaboración con las entidades del Tercer Sector”. Los autores del estudio también proponen “poner en marcha mecanismos que informen sobre el IMV, agilicen y faciliten la carga burocrática y que se reduzcan los plazos de resolución de la prestación, con acceso al derecho de acompañamiento si fuera necesario” y “establecer un sistema de evaluación del impacto del IMV, que permita valorar los objetivos establecidos”.

Asimismo, piden la adecuación de las rentas autonómicas con el IMV. “La combinación de ambas rentas debe implicar una inversión suficiente para garantizar una cobertura que llegue a todas las personas que lo necesitan”. Por territorios, el mayor volumen de beneficiarios del IMV se encuentra en Melilla, un 11,6% de la población, seguido del 10% de Ceuta, el 8% de Jaén y el 7% de Sevilla. En el otro lado de la balanza están Baleares (1,6%), Barcelona (1,8%), Madrid y Gipuzkoa (ambas con un 2%).

Los expertos también creen que deberían crecen las prestaciones, en concordancia con el coste de la vida. La cuantía media es de 500 euros mensuales brutos en 12 pagas, con variaciones en función de si la prestación se limita al apoyo a la infancia, si la incluye o si la combina. El perfil más común es ese último, del que se benefician 194.998 familias (un 35%) y que perciben una prestación media de 822 euros. Hay otras 181.075 familias sin ese complemento por menores a cargo, un 32% que recibe 526 euros mensuales. El tercio restante (181.332), beneficiados solo por la ayuda por infancia, es el que percibe una menor prestación, 127 euros.

Por último, los especialistas de EAPN recomiendan desarrollar mejoras en el diseño del Ingreso Mínimo Vital, con medias como las siguientes: ajustar la ayuda a los ingresos de los meses recientes y no a los datos de renta del año anterior; suprimir el requisito que exige un año de situación regularizada y efectiva; implementar nuevos complementos de apoyo, empezando por el de vivienda; y garantizar itinerarios de empleabilidad o formación que sean voluntarios y complementarios a la prestación.

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