El Gobierno interfiere en la decisión europea sobre la indemnización por despido

El Gobierno quiere apartar a una experta española del comité que decidirá en Estrasburgo si la normativa nacional del despido respeta la Carta Social Europea. El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha pedido a la presidenta de este organismo que recuse a Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, Salcedo escribió un artículo en el que sostenía qu...

El Gobierno quiere apartar a una experta española del comité que decidirá en Estrasburgo si la normativa nacional del despido respeta la Carta Social Europea. El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha pedido a la presidenta de este organismo que recuse a Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, Salcedo escribió un artículo en el que sostenía que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT. Estas son las “interferencias manifiestas” de las que el sindicato viene acusando al Gobierno en las últimas semanas y que el Ministerio de Justicia negó en el Congreso. Fuentes conocedoras del histórico de este organismo aseguran que un intento de recusación como este es “inaudito”.

PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a que la normativa del despido dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Si el Comité interpreta que la normativa española responde a este texto, que España refrendó en su conjunto en 2021, los socialistas (los menos entusiastas ante la posibilidad de tocar este tema) tendrían un argumento para dejarla como está. Si da la razón a UGT, y después a CC OO en otra reclamación parecida, Sumar tendría todo de cara para reclamar un cambio. La tesis de los sindicatos, y de la formación que lidera Yolanda Díaz, es que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”.

El representante de España pidió la recusación de Salcedo respecto al despido en una carta fechada el 16 de noviembre, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Por lo que hemos podido saber el Comité tenía previsto reunirse poco después para debatir y emitir una resolución que se presumía muy favorable para UGT”, explica el vicesecretario general de Política Sindical de la organización, Fernando Luján. El sindicalista asegura que, por la información que ha recabado, la petición de recusación de Salcedo evitó que el tema se abordase en esas fechas.

Un portavoz del Consejo de Europa, del que depende el Comité, no contesta a este periódico sobre la coincidencia de estos sucesos, ni precisa si en los últimos días de noviembre o primeros de diciembre estaba previsto abordar esta cuestión. “Habitualmente, la demora para una resolución sobre el fondo de una reclamación es de hasta cuatro años. Durante el procedimiento suele haber varias deliberaciones. Por ello, es difícil prever cuando se resolverá esa reclamación colectiva en particular”, precisa el mismo portavoz.

Asimismo, rechaza detallar en qué punto se encuentra la recusación de Salcedo: “Este procedimiento interno es confidencial”. Según ha podido saber este periódico, el presidente del Comité aún no ha comunicado si aparta o no a Salcedo en este asunto. El portavoz del Consejo también destaca que las recusaciones son “cosa habitual en procedimientos jurisdiccionales, o casi-jurisdiccionales como en el caso del CEDS”. No lo creen así otras fuentes consultadas conocedoras del proceso, que catalogan este intento de la representación española como “algo nunca visto”.

Este periódico ha intentando ponerse en contacto con Salcedo para conocer su opinión al respecto, pero ha preferido no comentar por el deber de confidencialidad que le impone ser miembro del Comité. También ha pedido su versión al Ministerio de Justicia, de quien depende el representante que pide la recusación de Salcedo, pero de momento no la ha aportado.

Recusación

El artículo por el que el representante español señala a Salcedo se titula La Carta Social Europea y el procedimiento de reclamaciones colectivas. Un nuevo y excepcional escenario en el marco legislativo laboral, y fue publicado en julio del año pasado en la revista Trabajo y derecho. En él, la profesora del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València diserta sobre la normativa española de despido y las sentencias judiciales que vienen apuntando en una dirección parecida a la que señala la Carta. “Los pronunciamientos reconocen que una misma conducta extintiva empresarial puede provocar daños diferentes en los trabajadores según sus circunstancias. Si estos se cuantifican en la demanda y acreditan en el juicio, todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daño moral…) que el acto ilícito ha causado deben ser resarcidos”, indica.

La principal frase que España utiliza para señalar a Salcedo es la siguiente: “Cuando se pronuncie el CEDS, se añadirá un fundamento más, de hacerlo en coherencia con los previos. Es decir, la normativa reguladora de las indemnizaciones por despido improcedente no es conforme a la Carta Social Europea Revisada según jurisprudencia consolidada del CEDS”.

El escrito de recusación lleva la firma de Alfonso Brezmes, en el cargo desde 2018 y nombrado por el Gobierno del popular Mariano Rajoy. Los sucesivos gobiernos que han pasado desde entonces le han mantenido en el cargo. “Salcedo ofrece un número de razonamientos y juicios de valor que representan una clara posición de la autora a favor de estas teorías defendidas por los sindicatos UGT y CC OO”, indica en la carta dirigida a la presidenta del CEDS, Aoife Nolan, a la que pide que Salcedo no tome en parte en las sesiones en las que se diriman las reclamaciones de los sindicatos españoles.

Luján cree que este intento de recusación es “jurídicamente insostenible” porque la recusación se debe presentar en “el momento en que conoce el motivo por el que se plantea; pero es que el Gobierno de España ya conocía esa opinión, precisamente sirvió como argumento para justificar la solvencia del nombramiento”.

Salcedo no representa a España en el Comité, compuesto de 15 miembros de reconocido prestigio de diferentes países. Los sindicatos siempre se han mostrado esperanzados ante la resolución de este órgano porque ya ha fallado a favor de los representantes de los trabajadores en otros casos parecidos, dos veces respecto a Francia, otra por la normativa italiana y otra por la finlandesa.

Reacción política

Este tema se visibilizó en el Congreso de los Diputados hace dos semanas, de la mano del diputado de ERC Jordi Salvador. Trasladó al Gobierno la queja de UGT, que observaba las ya citadas “interferencias” del Ministerio de Justicia. “Pido al Gobierno que deje de entorpecer a la justicia, que se adelante y reforme la indemnización por despido para que sea reparadora y disuasoria”, añade este lunes Salvador. El responsable del departamento, Félix Bolaños, rechazó esas injerencias y a la vez reclamó “garantizar la plena legitimidad de la decisión que se adopte”.

El BNG también ha preguntado al Gobierno por este tema, de forma general con una pregunta escrita registrada el 29 de enero y con otra más nombrando a Salcedo el 7 de marzo. “Es un episodio más en la obstrucción del Gobierno a las reclamaciones colectivas de los sindicatos. Un gobierno que se llame a sí mismo progresista no puede hacer eso, es absolutamente contradictorio”, indica el diputado de la formación gallega, Néstor Rego.

Hace dos semanas fuentes del Ministerio de Trabajo no señalaron directamente a Justicia, pero dejaron caer una posición parecida a la de UGT y ERC: “Lo que creemos es que se tienen que dar todas las garantías posibles a esta reclamación colectiva. No compartimos en ningún caso actuación alguna que impida al Comité resolver sobre una cuestión sobre la que además ya se ha pronunciado en Francia, Italia o Finlandia. Tiene que resolver la justicia”.

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