Los Veintisiete piden a Bruselas más medidas urgentes para calmar la cólera del campo

Los Veintisiete están inquietos por las protestas del campo que no cesan en casi todos los Estados miembros de la UE y miran a Bruselas para que ponga remedio rápido, sobre todo en vista de que quedan menos de tres meses para unas elecciones europeas donde este malestar puede tener un fuerte peso en las urnas. Rodeados, literalmente, por casi un millar de tractores y agricultores que volvier...

Los Veintisiete están inquietos por las protestas del campo que no cesan en casi todos los Estados miembros de la UE y miran a Bruselas para que ponga remedio rápido, sobre todo en vista de que quedan menos de tres meses para unas elecciones europeas donde este malestar puede tener un fuerte peso en las urnas. Rodeados, literalmente, por casi un millar de tractores y agricultores que volvieron a mostrar a las puertas de las instituciones europeas la cólera del sector, los ministros de Agricultura han saludado este lunes las primeras propuestas lanzadas por la Comisión Europea para aliviar la carga burocrática del campo, pero han reclamado más acciones y, como ha dicho el español Luis Planas, de forma más “acelerada”.

Las propuestas a corto plazo presentadas por Bruselas para simplificar algunos requisitos medioambientales que los agricultores deben cumplir para beneficiarse de los pagos de la Política Agrícola Común (PAC), la denominada condicionalidad, “van en la buena dirección (…) pero no son suficientes”, ha resumido el viceprimer ministro belga, David Clarinval, cuyo país ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Según ha indicado, los Estados llegaron con más de 500 propuestas, incluida la demanda de normas más flexibles en la revisión de los planes estratégicos nacionales, a la cita del lunes, marcada por una nueva protesta agrícola que ha llevado a la policía a emplear gases lacrimógenos y cañones de agua para impedir el paso de los manifestantes hasta donde se reunían los ministros.

La Comisión Europea propuso la semana pasada la flexibilización de varias de las denominadas buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM), los requisitos mínimos de compromiso medioambiental y climático, de carácter obligatorio, para recibir los pagos directos previstos en la PAC.

“El Consejo (los Estados) invita a la Comisión a completar rápidamente ese conjunto de medidas con otras más ambiciosas”, ha dicho Clarinval, según el cual, los Veintisiete son conscientes de la “frustración” del campo y coinciden en que la “complejidad” del tema requiere medidas “con un impacto concreto a corto, medio y largo plazo”, empezando por una “condicionalidad flexible” en materia de rotación de tierras de cultivo, de la cobertura mínima de suelo en periodos sensibles y, también, sobre las tierras de barbecho. El ministro belga, que ha subrayado que hay que tener en cuenta, entre otros, el impacto de la guerra de Rusia en Ucrania y las nuevas ambiciones medioambientales del Pacto Verde en la nueva PAC que regirá hasta 2027, también ha destacado la demanda de varios Estados de apoyar una “subida de las ayudas de minimis” (ayudas de Estado de bajo importe compatibles con el mercado europeo y que no necesitan por tanto autorización de Bruselas) para el sector.

A su llegada al consejo de ministros, Planas había adelantado por su parte la intención de pedirle a la Comisión que “acelere en aquellos puntos donde es necesario modificar un instrumento legislativo, que haga rápidamente una propuesta para que incluso antes del final de esta legislatura, en procedimiento acelerado, el Consejo y el Parlamento Europeos estemos en condiciones de adoptarlo”. Según Planas, aunque quedan menos de cien días para las elecciones europeas, “técnicamente hay una posibilidad” para que la Comisión dé un acelerón legislativo y dé una “respuesta, sobre todo a los elementos de condicionalidad”, como una manera de “restablecer” la confianza “rota” de los agricultores en sus representantes políticos, tanto en las capitales de los Estados miembros como en Bruselas. “No podemos quedarnos cortos”, advirtió.

Por su parte, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, se ha manifestado a favor de hacer que algunas normas de condicionalidad sean voluntarias, en el marco de los denominados eco-regímenes (pagos directos anuales a los agricultores que acepten, de manera voluntaria, la puesta en marcha de prácticas medioambientales). Según el polaco, esta vía facilitaría la aceptación de las medidas medioambientales agregadas a la PAC, “porque incentivar siempre es mejor que imponer”. La idea es bienvenida por los representantes de las organizaciones agrarias que se han reunido al término del Consejo de Agricultura con Wojciechowski y Clarinval: “Es una medida que merece la pena pensar”, ha afirmado José María Castilla, representante en Bruselas de la patronal agraria española Asaja y que ha participado en el encuentro sindical.

Al igual que el Consejo extraordinario de jefes de Estado y de Gobierno de la UE el 1 de febrero, la cita de ministros de este lunes ha estado acompañada por una tractorada que ha colapsado el barrio europeo de Bruselas. “Luchamos por nuestro futuro” resumía, entre toses por el gas lacrimógeno lanzado por la policía, un agricultor belga de 26 años, quinta generación en trabajar en una explotación familiar a la que, asegura, ve cada vez menos futuro.

La protesta del campo europeo, que comenzó en Alemania y ahora continúa en España, tras haberse propagado por múltiples Estados de la UE —el sábado, el presidente francés, Emmanuel Macron, inauguró la gran cita anual de la agricultura en París, el Salón de la Agricultura, en medio de fuertes tensiones y protestas— tiene en su origen agravios diferentes. Pero hay una línea común en todas las protestas que confluye en Bruselas, según Christiane Lambert, copresidenta de Copa-Cogeca, el principal paraguas sindical agrícola europeo, que dice representar a 22 millones de agricultores en toda la UE: “El caso omiso que hacen las autoridades a las reivindicaciones y quejas” de un sector que se ha visto apabullado, sostiene, por una “avalancha total de normativas”, especialmente desde la aprobación del Pacto Verde Europeo —que Copa-Cogeca califica de “tsunami regulatorio”— y la inclusión de la transición verde en la nueva PAC que les cuesta comprender y, sobre todo, cumplir a los ritmos marcados, algo que los Estados y Bruselas aseguran ahora que quieren resolver.

Además de las medidas inmediatas para simplificar los requisitos medioambientales y reducir la carga administrativa de los agricultores, la Comisión Europea ha anunciado que reducirá las inspecciones a cultivos y granjas. A más largo plazo, ha adelantado que estudia pedir a los Estados miembros que se revisen los reglamentos básicos de la PAC para facilitar el trabajo, sobre todo de los pequeños agricultores.

Estas medidas vienen tras una primera concesión, cuando a finales de enero planteó una derogación temporal de la exigencia de dejar un porcentaje mínimo de terreno en barbecho cada año, y en momentos en que avanza un “diálogo estratégico” sobre el futuro de la agricultura en el que un grupo de expertos, organizaciones y representantes del campo —aunque, según los manifestantes, no los suficientes— buscan soluciones a más largo plazo para el sector.

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