Escrivá asume el mando de los funcionarios con el reto de modernizar los servicios públicos

Cuando Pedro Sánchez anunció la composición del Gobierno el 20 de noviembre, a muchos sorprendió que las responsabilidades de José Luis Escrivá se limitasen a lo que hasta entonces era la secretaría de estado de Transformación Digital. Resultaba extraño que se quedara solo con esas competencias el político que durante la pasada legislatura gestionó Migraciones, Inclusión y, sobre todo, Seguridad Social, ...

Cuando Pedro Sánchez anunció la composición del Gobierno el 20 de noviembre, a muchos sorprendió que las responsabilidades de José Luis Escrivá se limitasen a lo que hasta entonces era la secretaría de estado de Transformación Digital. Resultaba extraño que se quedara solo con esas competencias el político que durante la pasada legislatura gestionó Migraciones, Inclusión y, sobre todo, Seguridad Social, el principal pilar del estado del bienestar español, sacando adelante la compleja reforma de las pensiones. El hecho de que Transformación Digital formase hasta entonces parte de Asuntos Económicos fue interpretado como una pista sobre la posibilidad de que él sucediese a Nadia Calviño. Pero no, había otra tarea esperándole. El ascenso de María Jesús Montero a la vicepresidencia primera traslada a Escrivá las responsabilidades de Función Pública, la gestión de los funcionarios.

“Esta remodelación”, ha explicado el presidente del Gobierno este viernes, “lleva aparejada la atribución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que hasta ahora dependía del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Transformación Digital, que dirige el ministro José Luis Escrivá, pasando, por tanto, a denominarse Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”. “Con esta decisión, ¿qué pretendemos? Pretendemos fundamentalmente reforzar nuestra apuesta por una administración moderna, más ágil, eficiente, que aproveche todas las oportunidades de la digitalización y la Inteligencia Artificial para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos”, ha añadido Sánchez.

Los retos son mayúsculos. Uno de los principales es seguir rejuveneciendo la plantilla pública sin orillar a los funcionarios más veteranos. De los 3,5 millones de empleados públicos españoles, el 45% tiene 50 años o más. En el total de la ocupación esta proporción es mucho menor, del 34,5% según los datos de la última Encuesta de Población Activa. El envejecimiento es aún más acusado en la Administración General del Estado. Según un estudio de 2021, la edad media en este cuerpo de trabajadores públicos es de 51,53 años.

El pacto de Gobierno de PSOE y Sumar marca otras prioridades para Escrivá. Entre los compromisos de los socios del Ejecutivo está “reforzar el papel de liderazgo de la Administración ante los retos de la sociedad, profundizando en la modernización de los servicios públicos e implantando un modelo de recursos humanos basado en la planificación, la fijación de objetivos, la evaluación del desempeño y en competencias”.

El Gobierno acaba de aprobar la norma que cambia la evaluación del desempeño de todos los empleados públicos. En el caso de que un trabajador público no tengan resultados satisfactorios en la misma, “se fomentarán medidas de formación para dotarles de herramientas que les permitan un mejor desempeño”. “El fomento de la participación y las ofertas constantes de mejora de condiciones se convertirán además en incentivos para que puedan dar la vuelta a esa situación”, subraya el Ejecutivo.

Los socios de Gobierno también prometen agilizar los procedimientos de contratación administrativa, reforzar la lucha contra la morosidad, digitalizar las administraciones, mejorar el tiempo de respuesta, desbancar la cita previa obligatoria e impulsar el puesto de trabajo digital. Es decir, “la organización del trabajo por objetivos, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de las empleadas y empleados públicos”.

Otro reto clave es atajar la temporalidad en las Administraciones públicas. La reforma laboral ha hundido la porción de trabajadores temporales en las empresas privadas: ha pasado del 24,6% en 2021 al 14,2% ahora. En lo público sigue siendo altísima, del 29,7%, solo dos puntos menos que antes de la nueva norma laboral. “Culminaremos el proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad, dando cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas”, dice el pacto de PSOE y Sumar.

Función Pública es, además, el actor clave en los conflictos entre los trabajadores públicos del Estado y sus responsables. Cuando los trabajadores de un ministerio reclaman mejoras salariales, por mucho que el departamento esté dispuesto a concederlo, los cambios no salen adelante si Función Pública no da luz verde. Un ejemplo de esta dinámica es el conflicto latente en Inspección de Trabajo, uno de los principales elementos del ministerio de Yolanda Díaz. Las diferencias de Trabajo y Función Pública sobre cuánta mejora se concede a estos trabajadores incluso llevó a un cruce de acusaciones entre los ministerios. Ahora en ese debate participará Escrivá, en vez de la nueva número dos del Gobierno, María Jesús Montero.

Técnico y divulgador en redes

Escrivá llegó al Gobierno en 2020 con la vitola de tecnócrata, dada su trayectoria previa. Fue asesor del Instituto Monetario Europeo entre 1993 y 1999 y jefe de la división de política monetaria del Banco Central Europeo entre 1999 y 2004. Además, dirigió el equipo de estudios del banco BBVA (2004-2010) y fue el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (2014-2020).

Esa experiencia le hace sentirse muy cómodo hablando de números. Demuestra habitualmente esta faceta en la red social X, donde en los últimos años ha diseccionado sus políticas y las tendencias del mercado laboral a base de hilos plagados de gráficos. En esa misma red social también se han podido ver algunos enfrentamientos con sus críticos. Sus detractores le acusan de aprobar una reforma de pensiones insostenible, que absorbe una porción demasiado alta de los recursos públicos. Él defiende su viabilidad, ya que refuerza los ingresos para hacer frente al reto del envejecimiento.

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