El aval extranjero del Gobierno para entrar en Telefónica

La compra del 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido acogida con recelo tanto por parte de la oposición política como de algunas firmas financieras. La vuelta del Estado al capital de la operadora como primer accionista, tras su completa privatización en 1997, es vista como una maniobra intervencionista en el sector privado. El Gobierno se defiende alegando que se trata de una práctica común de los grandes países de...

La compra del 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido acogida con recelo tanto por parte de la oposición política como de algunas firmas financieras. La vuelta del Estado al capital de la operadora como primer accionista, tras su completa privatización en 1997, es vista como una maniobra intervencionista en el sector privado. El Gobierno se defiende alegando que se trata de una práctica común de los grandes países de nuestro entorno, cuyos Estados están presentes en el capital y hasta en la gestión de las corporaciones estratégicas del país.

El Estado español es el mayor inversor en las empresas del Ibex 35. Cuando se haga efectiva la compra del 10% de Telefónica, una de cada cinco firmas que cotizan en el selectivo tendrán presencia del accionista público, con un valor total de esas participaciones superior a los 24.000 millones de euros, al cierre del mercado del pasado viernes. A través de la SEPI, el Estado está presente en el capital de Indra, con un 27,99% que vale 700 millones de euros; Redeia, 20% (1.635 millones); IAG, 2,52% (200 millones); Enagas, 5% (220 millones), y la propia Telefónica, con un 10% (2.070 millones). Sin embargo, las dos mayores participaciones públicas son la de Aena, en la que a través de Enaire posee un 51% con un valor de 12.560 millones de euros; y la de CaixaBank, en la que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mantiene un 17,3%, valorado en 4.900 millones, fruto del rescate de Bankia. Fuera del Ibex, el mayor tesoro de la SEPI es el 4,12% de Airbus, valorado en 4.540 millones, seguido de Ebro Foods, de la que controla el 10,36% (243 millones).

Además, la SEPI posee una amplia cartera de empresas no cotizadas y cuya gestión controla completamente como Navantia, Enresa (20%), Tragsa, Hispasat (7%), Alestis (24%), Agencia Efe, Correos, Hunosa, Mercasa, Enusa, Ensa, Sepides, Mayasa, Saeca, Cetarsa, Epicom, Hipódromo de la Zarzuela y Cofivacasa.

La Francia del ‘liberal’ Macron

Emmanuel Macron pasa por ser, según la caricatura que de él hacen algunos críticos, un político ultraliberal, una especie de Thatcher a la francesa. En realidad, es el presidente que ha renacionalizado el coloso eléctrico EdF, el que ha convertido al Estado en el primer accionista de Air France y el que ha puesto fin a décadas de privatizaciones en Francia. El presidente galo no desmerece la tradición colbertista, por el nombre de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV y precursor de la doctrina del capitalismo de Estado a la francesa. Aunque esta no fuera su idea inicial. Al llegar al poder en 2017, albergaba veleidades liberalizadoras. “El Estado -decía, al inicio del primer mandato, su ministro de Economía, Bruno Le Maire- no tiene ninguna vocación de dirigir empresas competitivas en el lugar de unos accionistas que tienen las competencias y el saber para hacerlo mejor”.

El plan de Macron y Le Maire era deshacerse de tres joyas de la corona: Aeropuertos de París (AdP), la gasista Engie y la empresa de juegos y apuestas Française des Jeux (FdJ). Al final, solo FdJ fue privatizada. Lo que, entre tanto, llevó al presidente a reconsiderar las privatizaciones, fue la pandemia en 2020. El Estado salió al rescate de Air France y aumentó su participación hasta un 28,6%. Y en el marco de un nuevo programa nuclear civil y en un momento de dificultades para el sector, pasó del 84% al 100% de la eléctrica EdF. Desde mediados de los años ochenta, sucesivos Gobiernos, de derechas y de izquierdas, habían tendido a privatizar. La última ola de nacionalizaciones ocurrió tras la llegada al poder del socialista François Mitterrand en 1981. Las anteriores fueron en la posguerra mundial y, en los años treinta, con el Frente Popular.

En total, el Estado francés participa hoy en 85 empresas, valoradas en 153.000 millones de euros. Entre ellas, se encuentran joyas del capitalismo autóctono, como la telefónica Orange (la antigua France Télécom (23% del capital) o la automovilística Renault (15,01%), de las que es el máximo accionista. La Agencia de Participaciones del Estado (APE), bajo tutela del Ministerio de Economía y Finanzas, “encarna el Estado accionista, inversor con fondos propios en empresas juzgadas estratégicas (...), para estabilizar su capital o acompañarlas en su desarrollo y su transformación”, se lee en su página corporativa. En la Francia actual, cumple un papel en el que, como señalaba Le Monde en un artículo reciente, “acompaña la política gubernamental en favor de la soberanía y de la descarbonización de la industria”. “Estas empresas estructuran nuestra economía y nuestra sociedad y representan, en algunos casos, los grandes servicios públicos a los que los franceses están apegados”, escribe Le Maire en el último informe de la APE. Los tiempos han cambiado.

Portugal, ida y vuelta en las privatizaciones

La entrada del Estado portugués en una compañía estratégica para el país más significativa de los últimos años ha sido la recompra de la aerolínea TAP. Nada más llegar al poder, el primer ministro socialista, António Costa, paró parte de la privatización aprobada en 2015 por su antecesor, el conservador Pedro Passos Coelho, que había entregado la empresa a David Neeleman, dueño de las aerolíneas Azul. A finales de 2021, el Estado adquirió el 100% de la empresa después de destinar 3.200 millones de euros para salvarla de la quiebra. La operación levantó tanto críticas por el impacto económico como aplausos por evitar su hundimiento. La crisis política, tras la dimisión del primer ministro António Costa, ha frenado el proceso para volver a privatizarla a lo largo de 2024. Será ahora una decisión que dependerá del nuevo Gobierno que salga de las elecciones de marzo.

El gabinete de António Costa también hizo un ida y vuelta con la empresa Efacec, dedicada a proyectos energéticos y de movilidad como las líneas de metro o las infraestructuras de carga de vehículos eléctricos. Si en 2020 la nacionalizó, hace pocos meses vendió su participación al fondo de inversión alemán Mutares.

Portugal perdió el control sobre varias empresas estratégicas durante la crisis del euro y la intervención del país por la troika. En esos años se privatizaron la empresa de la red eléctrica (REN), Correos (CTT) y la sociedad que gestiona los aeropuertos del país (ANA), además de culminar la salida total del Estado de la energética EdP. Se conservó, sin embargo, la propiedad de la Caixa Geral de Depósitos, una entidad estatal que es el primer banco del sistema financiero luso.

La Alemania estatalista

Alemania mantiene participaciones industriales en energéticas, telefónicas, banca, aeropuertos y toda una serie de empresas que considera estratégicas. En total, según el último informe de inversiones del Gobierno federal, posee acciones en 117 compañías y fondos especiales. En el caso de las telecomunicaciones, es llamativa su participación en el equivalente de Telefónica, Deutsche Telekom, donde atesora más del 30% del capital, tanto de forma directa como a través del KW, el banco de inversión público. Las participaciones públicas han aumentado en los últimos tiempos. Hace un año el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales adquirió un paquete de acciones del 99% en la energética Uniper para garantizar el suministro de energía en el país. La empresa se encontraba en dificultades después de la invasión rusa de Ucrania. Alemania también es accionista del Commerzbank, donde cuenta con un 15%, después de salvar al gran banco de Fráncfort del colapso durante la crisis financiera de 2008 y 2009. Commerzbank devolvió las ayudas pero el Gobierno mantuvo su participación.

Recientemente, y debido a la crisis presupuestaria que provocó el mes pasado demoledora una sentencia del Tribunal Constitucional, el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, ha planteado la posibilidad de vender alguna participación y obtener varios miles de millones de euros. Lindner ya había deslizado la idea durante las negociaciones del acuerdo de coalición, sin que su propuesta llegara entonces a ninguna parte. Tampoco ahora parece haber demasiado interés entre sus socios de Gobierno. Los socialdemócratas se negarían, por ejemplo, a deshacerse del 20% de Deutsche Post, el equivalente de Correos, por ser un gran empleador. Los tres partidos coinciden en excluir una posible venta de las acciones de Deutsche Telekom, por considerar que las telecomunicaciones son de interés nacional.

El ambicioso plan italiano

El Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni ha vuelto a hablar de privatizaciones en Italia. El ambicioso plan de Meloni es recabar 20.000 millones de euros antes de 2026, para atajar una deuda pública siempre creciente, una cifra que los economistas consideran bastante difícil de alcanzar. El Ejecutivo, que por otro lado se muestra reacio a desprenderse de las grandes empresas estatales, está estudiando fórmulas para llevar a cabo desinversiones en sectores no estratégicos, desde la empresa de correos (Poste) hasta la energética Eni, la compañía nacional de ferrocarriles Ferrovie o la televisión pública Rai. Una de las operaciones que parece segura es la venta de la participación mayoritaria del Estado italiano en el banco Monte dei Paschi di Siena, al que rescató en 2017, y según el acuerdo con la Unión Europea debe sacarlo de la órbita pública el año que viene. Y también se da por segura la venta del 41% de la aerolínea de bandera, ITA Airways nacida de la liquidación de la vieja Alitalia, a la compañía aérea alemana Lufthansa.

Al mismo tiempo, aunque la tendencia es a reducir la participación estatal, está creciendo el rango de empresas en las que el Gobierno pretende ejercer el llamado “poder de oro” (golden power) para salvaguardar las industrias consideradas de interés nacional y condicionar la venta a empresas extranjeras. En esta línea, el verano pasado el Gobierno italiano aprobó la vuelta del Estado, aunque minoritaria, a Telecom Italia. El Ejecutivo se hará con un máximo del 20% de Netco, el negocio de infraestructuras de red de Telecom Italia (TIM), por un valor de 2.200 millones de euros. La decisión se tomó después de que el fondo de inversión estadounidense KKR comprara la infraestructura del gigante de las telecomunicaciones italiano.

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