La Guardia Civil investiga a 22 personas por un supuesto fraude al cobrar ayudas de la PAC
La trama, en el que estarían implicados algunos trabajadores de la Junta de Castilla y León, estafó un millón de euros comunitarios en “connivencia” con miembros de la consejería de Agricultura
La Guardia Civil, en una operación bautizada como Pacquiao, investiga a 30 personas, 22 físicas y ocho jurídicas, por supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas para la Política Agraria Común (PAC), vinculadas a la sanidad y el bienestar animal.
Las investigaciones comenzaron e...
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La Guardia Civil, en una operación bautizada como Pacquiao, investiga a 30 personas, 22 físicas y ocho jurídicas, por supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas para la Política Agraria Común (PAC), vinculadas a la sanidad y el bienestar animal.
Las investigaciones comenzaron en 2022, cuando los agentes de la Guardia Civil tuvieron conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la PAC, presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Los acusados omitieron presuntamente el uso de las guías de transporte de ganado y fingido el pastoreo para beneficiarse con casi un millón de euros, según las pesquisas llevadas a cabo de forma coordinada entre el Servicio de protección de la naturaleza (Seprona) y la Fiscalía Europea. El estudio patrimonial paralelo ha permitido congelar unos 100 inmuebles valorados en más de cuatro millones. Las labores de las autoridades comenzaron en junio de 2022, cuando ese departamento lo manejaba Vox tras pactar dos meses antes con el PP el mando en Castilla y León.
Fuentes de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) explican que la Guardia Civil palentina tuvo acceso a los hechos mediante testimonios de “fuentes vivas” que denunciaron el entramado y dando paso a un “trabajo de inteligencia de recabar información” junto a la Fiscalía Europa, implicada por el carácter comunitario de los recursos. El millón de euros defraudado se recabó entre 2021 y 2022, sostienen estas fuentes. Otras personas del entorno ganadero de Palencia apuntan a que el eje de la trama ocurría en la sección agraria de Cervera de Pisuerga, en el norte de la provincia y de gran presencia bovina.
Los 22 sospechosos y las ocho empresas investigadas cometieron presuntamente delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa, según el expediente de la Guardia Civil. Las irregularidades en la administración de los fondos de la Unión Europea, destinados a la sanidad y al bienestar animal, se han detectado en ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.
45.000 euro por ganadero
La estrategia ilegal suponía que cada ganadero adherido a la red lograba un beneficio anual de 45.000 euros al solicitar la prestación a la PAC haciendo creer que efectuaban pastoreo en diversas zonas de la provincia palentina. Los ganaderos en cuestión poseen explotaciones intensivas de ganado para engordar a las vacas lo antes posible y darles máxima rentabilidad, de modo que esos ejemplares nunca salían de las granjas ni llegaban a pacer en las tierras por las cuales sus poseedores obtenían la subvención. Las primeras acciones de las autoridades comenzaron en Palencia en junio de 2022, cuando tuvieron constancia de estos posibles falseamientos. Fuentes de la Guardia Civil detallan que los jefes de este tejido ilegal ofrecían, e incluso presionaban, a otros ganaderos la incorporación a la solicitud de estos fondos públicos comunitarios a fin de obtener ellos una “comisión” por la mediación y participación conjunta.
Los ganaderos, además de engañar con esta financiación europea, lograban doble beneficio porque reasignaban ilícitamente esos terrenos a ganaderos del sur de la Península, cuyo ganado de abasto se trasladaba a esas tierras del norte para hacer trashumancia. La Guardia Civil ha informado de esa trampa, pues los pastos se imputaban documentalmente a los ganaderos solicitantes de la PAC, obteniendo así el apoyo europeo, si bien exigían un pago por ellos a otros colegas de profesión. Los investigadores de la denominada Operación Pacquiao ha concluido que los hechos los coordinaba una trama familiar, pues el fraude lo lideraba el jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), responsable de validar y gestionar los expedientes ilegales “y desoía las advertencias de los técnicos de su administración”. Su pareja era la veterinaria encargada de inspeccionar el ganado, pero no ejecutó ninguna inspección de campo “en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo”.
La Guardia Civil añade que el presidente de la Junta Vecinal, asimismo hermano del jefe de la SAC, emitía los certificados de uso de los pastos fraudulentos, una documentación oficial indispensable para pedir las ayudas de la PAC. El grupo implicado estaba constituido por “una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero”, cuya labor consistía en conseguir a ganaderos de distintas provincias para reclamar estas subvenciones y encargándose de las gestiones para brindar a los ganaderos esos ingresos ilícitos. La suma total defraudada asciende a prácticamente un millón de euros y las autoridades han elaborado un inventario judicial compuesto por 100 inmuebles, congelados a sus propietarios para “hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos”. Estos inmuebles cuentan con una valía conjunta superior a los cuatro millones de euros.
Las pesquisas comenzaron en junio de 2022, dos meses después de que se confirmara el gobierno de Castilla y León entre PP y Vox, con la extrema derecha accediendo a la dirección de Agricultura y Ganadería, una de sus principales exigencias en la negociación con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP). La anterior legislatura, del PP con Ciudadanos, fue el PP quien ostentó esta cartera.
El consejero actual de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), aseguró hace unos días en las Cortes que su departamento ha colaborado con la Guardia Civil entregando la documentación requerida en sendas solicitudes y ha defendido mostrarse “escueto y riguroso” frente a las críticas socialistas. El procurador del PSOE, Rubén Illera, lo acusó de “mirar voluntariamente hacia otro lado”.
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