El Pacto de Toledo deberá decidir si permite a miles de abogados y procuradores comprar años de cotización

Lina Vassalli tiene 54 años, es procuradora y está dada de alta en la Mutualidad de Procuradores desde 1995, cuando, según recuerda, inscribirte en esta entidad de previsión social era uno de los requisitos para poder colegiarse y ejercer la profesión. Desde entonces, esta jurista ha cotizado 26 años y, de seguir haciéndolo en exclusiva a esta mutualidad, aportando entre 200 y 300 euros al mes, la pensión que recibiría cuando se jubile a los 67 años será de unos 600 euros al mes como mucho. Esta cantidad es inferior a la p...

Lina Vassalli tiene 54 años, es procuradora y está dada de alta en la Mutualidad de Procuradores desde 1995, cuando, según recuerda, inscribirte en esta entidad de previsión social era uno de los requisitos para poder colegiarse y ejercer la profesión. Desde entonces, esta jurista ha cotizado 26 años y, de seguir haciéndolo en exclusiva a esta mutualidad, aportando entre 200 y 300 euros al mes, la pensión que recibiría cuando se jubile a los 67 años será de unos 600 euros al mes como mucho. Esta cantidad es inferior a la prestación mínima de jubilación que obtendría, por ejemplo, un autónomo de la Seguridad Social.

Vasalli forma parte del colectivo de aproximadamente 64.000 abogados y 11.300 procuradores que han cotizado hasta ahora de forma exclusiva a las mutualidades de estas dos profesiones. A pesar de que desde 1995 los abogados, y desde el año 2000 los procuradores, podían cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, estos más de 75.000 juristas decidieron quedarse haciendo aportaciones en exclusiva a sus mutualidades como vía para ahorrar un capital para su jubilación. Ahora, muchos de ellos consideran dicho capital su único sustento tras el retiro, a modo de una pensión como las de la Seguridad Social.

Pero, a medida que una buena parte de este colectivo —imposible de cuantificar, pero que asciende a varios miles— se aproxima a la edad de retiro y va accediendo a la jubilación, o lo hacen sus colegas, ha empezado a constatar que la pensión que esperaban, según las proyecciones hechas por sus mutualidades hace 20 o más años, ha quedado en realidad recortada a más de la mitad.

En concreto, numerosos testimonios coinciden en que tanto en la política comercial inicial para captar mutualistas como, posteriormente, las simulaciones de pensión que han solicitado a lo largo de los últimos años, les hacían esperar pensiones del entorno de los 1.000 euros y se han quedado en prestaciones de entre 300 y 600 euros, dependiendo de las aportaciones realizadas, pero, en ningún caso se acercan a las proyecciones que les hicieron desde las mutualidades.

Sin embargo, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, niega la mayor y asegura que en ningún momento esta entidad prometió pensiones de 1.000 euros, porque las aportaciones que hacían la mayoría de los mutualistas eran más bajas que las que se hacen a la Seguridad Social “y nadie puede vender duros por cuatro pesetas”. Además, según las cifras de esta entidad, de los aproximadamente 60.000 abogados mutualistas alternativos —que solo cotizan a su mutualidad—, entre los que se jubilarán en los próximos años, hay unos 2.500 que tendrán un capital en forma de prestaciones de menos de 500 euros al mes; otros 15.000, entre 500 y 700 euros; y 30.000, por encima de los 700 euros mensuales.

En cualquier caso, y al margen de dilucidar si se trata de un colectivo que ha sido engañado o mal informado por sus mutualidades o, por el contrario, son trabajadores que de forma ventajista pretendían sacar mayores pensiones por menores aportaciones, el hecho es que unas pensiones más bajas que las esperadas han llevado a estos colectivos de juristas a reclamar a través de distintos movimientos y asociaciones una “pasarela” al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Dicha pasarela consistiría en que los mutualistas que lo deseen lleven sus aportaciones hechas durante su vida laboral a sus mutualidades a la Seguridad Social, cuyos responsables deberían estudiar en cada caso a cuantos años cotizados al RETA equivaldrían las cantidades aportadas y que ese número de años quedara como cotizado al sistema público de pensiones.

Sería una especie de compra de años cotizados y, a partir de ahí, los trabajadores seguirían cotizando como autónomos los años que resten hasta su jubilación. “No queremos limosna, solo poder traspasar nuestros fondos a la Seguridad Social a cambio de los años cotizados que correspondan a la cantidad de cada uno y seguir en el sistema, ya sea en el RETA o a través de convenios individuales”, explica José Antonio García Calle, uno de los abogados del Movimiento J2, que es uno de los principales de la media docena de organizaciones que reivindican esta pasarela. Además, este letrado critica la gestión de la Mutualidad de la Abogacía “porque ha fracasado en su fin principal, que era abonarnos a todos los mutualistas una pensión digna”.

También este punto es rechazado por el máximo responsable de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz, quien defiende que el capital acumulado en las mutualidades estaba pensado desde el inicio “como un complemento” a otras fuentes de ahorro como inversiones inmobiliarias u otros activos, que han ido acumulando estos profesionales durante toda su vida laboral. “Garantizamos un capital para la jubilación, no una pensión”, asegura Sanz.

Precisamente, varios abogados y procuradores afectados explican que la problemática ha surgido ahora, en los últimos dos o tres años, porque es cuando ha empezado a jubilarse una generación de juristas cuyas carreras laborales se han deteriorado salarialmente mucho en los últimos 10 o 15 años, por lo que no han podido hacer inversiones para la jubilación, como las generaciones anteriores de estos profesionales que se han estado jubilando hasta ahora. “Los colegas que llevan un tiempo jubilados han vivido otra profesión y usaban la prestación de la mutualidad para salir a cenar, pero ahora hay mucha gente que solo va a tener esa prestación como sustento”, se queja una de las portavoces de los procuradores del Movimiento J2.

Trato de favor

Sin embargo, la aprobación de una pasarela al RETA como la que demandan estos juristas podría entenderse como un trato de favor hacia estos colectivos, por lo que la decisión de hacer algo así tendría un carácter eminentemente político y debería de ser adoptada en el seno del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que hace seguimiento del sistema público de pensiones. Esto es lo que opinan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde ya han recibido la petición y han comenzado a realizar los estudios pertinentes.

“No es un análisis sencillo de realizar”, aseguran en Seguridad Social, porque, entre otras cosas, necesitan muchos datos de los que no disponen porque estos trabajadores no han cotizado al sistema. “Por ello, aunque ya estamos estudiando el tema, invitamos a los afectados a que trasladen sus demandas a la comisión del Pacto de Toledo, que será la que en último término deberá tomar la decisión colegiada de aprobar esta pasarela”, precisan desde el Ministerio de Seguridad Social. Estas mismas fuentes especifican, no obstante, que en su último informe, el Pacto de Toledo “no recoge ningún mandato de este tipo”.

“Si bien, el problema de esa pasarela lo tenemos todos a los que, aunque nos permitieran computar varios años de cotización, ya no nos da tiempo a cotizar 15 años en la Seguridad Social, que es lo mínimo que exige la ley para acceder a una pensión contributiva”, recuerda una procuradora de 61 años, que prefiere no identificarse y que lleva cotizando a su mutualidad desde 1983. Ella esperaba una pensión de 1.100 euros y ahora se encuentra con que no llegará ni a 400 euros. Esta jurista, sin embargo, admite que está “molesta y enfadada” pero, fundamentalmente, con ella misma, por haber confiado plenamente en que lo que estaba pagando, mes a mes, a su mutualidad sería suficiente para vivir tras la jubilación, sin hacer más comprobaciones de la rentabilidad de sus aportaciones.

De hecho, todos los afectados consultados coinciden en que “se confiaron, porque la mutualidad era como su casa” y no dudaron de las rentabilidades que exigían conseguir las pensiones que resultaban de las simulaciones que les hacían, sin comprobar en la mayoría de los casos las informaciones que les iban facilitando sobre la marcha de sus ahorros, algo que la Mutualidad de la Abogacía de Madrid hace trimestralmente desde 2018. La respuesta de Sanz, el responsable de la Mutualidad, a este exceso de confianza al que aluden los afectados, es clara: “No son precisamente iletrados, sino todo lo contrario, son profesionales que se dedican a asesorar a terceros”. Es más, asegura que la entidad que preside “no obstaculizará en absoluto una negociación con la Seguridad Social para que los mutualistas que quieran se vayan; no queremos forzar a nadie a que se quede”; e informó de la reciente constitución de un grupo de trabajo para negociar la pasarela en el que previsiblemente estarán representantes del Ministerio de Asuntos Económicos (la Mutualidad depende de la Dirección General de Seguros) y de la Seguridad Social.

En definitiva, no podría afirmarse categóricamente que esta situación que viven ahora miles de abogados y procuradores que han cotizado en exclusiva a estas entidades de previsión social sea un claro engaño por parte de las mutualidades, aunque sí pueda demostrarse que la información facilitada por ellas omitía, por ejemplo, en algunos casos, la rentabilidad necesaria para lograr una determinada cuantía del capital esperado. Así, la mayoría de los adscritos a la Mutualidad de la Abogacía no lo son en exclusiva, ya que hay otros 150.000 que también cotizan a la Seguridad Social.

“No era normal que la Mutualidad ofreciera, pagando unas cuotas más bajas que las de los autónomos de la Seguridad Social, unas pensiones más altas”, asegura Javier (nombre ficticio), un abogado que abandonó dicha Mutualidad y se marchó a cotizar como autónomo de la Seguridad Social porque, entre otras cosas, ofrece mayores y mejores prestaciones que las mutualidades. Sobre todo, en materia de sanidad, que prácticamente no cubren las mutualidades; ni tampoco cuentan con la gratuidad y el copago de medicamentos para los jubilados que aplica el sistema público.

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