El conflicto de Air Europa se enquista: más paros, división de los pilotos y juicio a la vista

Tras más de 300 vuelos cancelados durante las 26 jornadas de huelga que han secundado los pilotos de Air Europa desde el 1 de mayo y hasta el pasado 2 de julio, el conflicto laboral sigue enquistado. La tercera tanda de 14 días de paros que finalizó el pasado domingo no solo no ha servido para acercar las posturas, sino que ha evidenciado las diferencias insalvables entre dirección y trabajadores. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla)...

Tras más de 300 vuelos cancelados durante las 26 jornadas de huelga que han secundado los pilotos de Air Europa desde el 1 de mayo y hasta el pasado 2 de julio, el conflicto laboral sigue enquistado. La tercera tanda de 14 días de paros que finalizó el pasado domingo no solo no ha servido para acercar las posturas, sino que ha evidenciado las diferencias insalvables entre dirección y trabajadores. El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) amenaza con una cuarta ronda de protestas en plena temporada veraniega, pero sumido en una división interna, ya que la mitad de la comisión negociadora ha presentado su dimisión al no estar de acuerdo con la política de enfrentamiento con la dirección. Para colmo, esta semana el sindicato debe enfrentarse a una demanda presentada por la compañía de la familia Hidalgo por los perjuicios económicos que está ocasionando la huelga que considera ilegal.

Los 14 días de paros llevados a cabo por los pilotos en las dos últimas semanas han causado la cancelación de 153 vuelos. El Ministerio de Trabajo intentó propiciar un acuerdo entre ambas partes en dos reuniones llevadas a cabo el pasado miércoles y jueves, pero la tentativa resultó infructuosa. La compañía exigió, para continuar negociando, que los pilotos garantizaran que no habría ninguna huelga hasta el 30 de septiembre, una exigencia que el Sepla consideró inasumible. “La compañía se ha desmarcado, realizando peticiones inasumibles que suponían la renuncia al derecho legítimo a la huelga de los trabajadores”, ha indicado el sindicato.

Sepla ha expresado que resulta “desalentador” observar cómo la dirección empresarial “continúa negándose a encontrar una solución que finalice el conflicto laboral generado por los reiterados bloqueos de la empresa a las legítimas propuestas laborales y salariales planteadas por los trabajadores, después de sufrir durante los últimos 11 años una pérdida de poder adquisitivo”.

Entre medias, cuatro de los ocho miembros de la comisión negociadora del Sepla presentaron su dimisión el pasado viernes por divergencias en la estrategia de confrontación frontal contra la dirección. Los dimisionarios pedían aceptar la tregua de paz social propuesta por la empresa hasta después del verano, siguiendo el ejemplo de Air Nostrum y Air Europa Express. En la aerolínea regional, el Sepla desconvocó la huelga indefinida de pilotos prevista para todo el verano para dar tiempo a la negociación. La marca low cost de Air Europa fue más allá, y la pasada semana cerró el acuerdo con la empresa para su primer convenio colectivo. Fuentes del sindicato admiten las dimisiones, pero puntualizan que las mismas no van a entorpecer la posición negociadora del sindicato, que cuenta con la legitimidad y el respaldo del colectivo para seguir negociando.

Demanda judicial

El clima de tensión se puede agravar por el conflicto judicial que enfrenta a la dirección y el sindicato. Está previsto que este martes se celebre la primera vista en la Audiencia Nacional relativa a la demanda interpuesta por Air Europa contra el Sepla, al considerar que los paros realizados entre el 22 de mayo y el 2 de junio fueron ilegales y abusivos, y por los que la aerolínea reclama a la organización sindical el pago de daños y perjuicios por cerca de 30 millones de euros. No obstante, tras la última tanda de huelga, la compañía puede elevar esa petición a los 100 millones de euros.

Air Europa cursó el pasado 20 de mayo una demanda ante la sala de lo social de la Audiencia Nacional, a la que le pidió medidas cautelares para frenar la segunda huelga anunciada por el Sepla, tras la primera realizada en abril. En la demanda, se argumenta la “nula intención de los representantes de los pilotos de querer negociar” de facto el nuevo convenio, que sí ha aceptado el resto de colectivos de la empresa (tripulantes de cabina), compuesta por 4.000 empleados, negándose el Sepla a firmar las actas de las reuniones en las que trataron de acercar posturas o en la negativa de nombrar un árbitro que, una vez oídas las dos partes, dictaminase quién tenía razón.

La compañía señala que “los constantes anuncios para la realización de una huelga desde el pasado 1 de febrero para la totalidad del verano (del 1 de junio al 30 de septiembre) demuestra que la intención de los convocantes no es otra que la de producir un perjuicio grave y desproporcionadamente oneroso para la compañía”. Por ello, solicita al juez que imponga a los pilotos los daños y perjuicios causados al grupo turístico por distintos conceptos. Entre ellos, la pérdida de ingresos por las cancelaciones, las penalizaciones por reembolsos a los pasajeros, el daño a la imagen por los retrasos, las reclamaciones de otras aerolíneas que operan bajo el código compartido y el coste de tener los aviones en tierra sin volar.

Fuentes del Sepla indicaron que se “trata de una maniobra de presión de la empresa para tratar de desactivar unas movilizaciones en defensa de los derechos legítimos del colectivo de pilotos”, y se han mostrado convencidos de que las huelgas convocadas cumplían todos los requisitos legales y estaban justificadas.

Air Europa, que se encuentra a la espera que Bruselas autorice su venta a Iberia, debe devolver los 475 millones que adeuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de la pandemia y los 140 millones que recibió del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en concepto de préstamo. Precisamente, la aerolínea argumenta que la crítica situación financiera por la que atraviesa —técnicamente está en causa de disolución— le impide atender a las demandas salariales del Sepla.

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