Una auditoría descubre 714.000 euros en gastos inapropiados del exdirector de la empresa pública Comforsa

Comforsa es una de esas empresas públicas de la Generalitat de Catalunya cuyo sentido es el sustento de una comarca, en este caso el Ripollès, en el que da empleo a 350 personas. José Recaredo ‘Reca’ Vidiella fue su director general durante cuatro años, hasta que en marzo del pasado año fue despedido. La relación entre ambas partes, sin embargo, dista de estar del todo rota. Les une todavía una batalla cruzada en los j...

Comforsa es una de esas empresas públicas de la Generalitat de Catalunya cuyo sentido es el sustento de una comarca, en este caso el Ripollès, en el que da empleo a 350 personas. José Recaredo ‘Reca’ Vidiella fue su director general durante cuatro años, hasta que en marzo del pasado año fue despedido. La relación entre ambas partes, sin embargo, dista de estar del todo rota. Les une todavía una batalla cruzada en los juzgados y el último paso lo ha dado el Govern: se ha querellado contra el ejecutivo al advertir que, presuntamente, incurrió en un presunto delito de administración desleal o de apropiación indebida, según confirma el Departamento de Empresa a preguntas de EL PAÍS. Según otras fuentes conocedoras del caso, Vidiella incurrió en supuestos gastos inapropiados por importe de 714.423 euros durante ese periodo, el mismo en el que la Administración catalana inyectó en esta industria de la forja en torno a 30 millones de euros para garantizar su viabilidad.

Vidiella, contactado ayer, evitó hacer declaraciones, pero recordó que el proceso está en instrucción y que él ha abierto otro proceso judicial por acoso laboral contra el actual secretario de Empresa de la Generalitat, Albert Castellanos, y el exdirector general de Avançsa, Josep Maria Villarúbia, ahora secretario general de Economía.

El origen de todo el embrollo es la auditoría que ha hecho aflorar los gastos, según explican diversas personas. Comforsa, rescatada en 1994 con dinero público, es una de las sociedades que, por su tamaño crítico o sus resultados, figuraba en el listado de empresas que tenía que pasar el control de la Intervención General de la Generalitat. Según diferentes fuentes consultadas, Vidiella rechazaba esa fiscalización a la que se sumaba parte del Departamento de Empresa de la pasada legislatura. El argumento era que la sociedad, proveedora de piezas para la industria y con clientes como Scania, Iveco, Volvo o Hyundai, competía en el libre mercado y no prestaba servicios públicos, por lo que no podía ser tratada como una mera empresa pública.

Ante el enfrentamiento con el accionista de la sociedad, Vidiella solicitó una salida pactada, pero en ese momento el Departamento de Empresa y Avançsa, la sociedad de la que depende una parte considerable de las empresas públicas de la Generalitat, se percataron de que el directivo estaba recibiendo un salario superior al que había aprobado el consejo de administración. Él y otros tres directivos que integraban el comité de dirección se lo habían subido sin el consentimiento del consejo de administración. Según la Ley de Sociedades de Capital, una de las facultades indelegables de este órgano de gobierno es “el nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato”, argumento utilizado por la Administración catalana.

Ese salario del primer ejecutivo mejoró desde los primeros 85.000 euros pactados inicialmente hasta, en 2021, pasar a ser de 170.000 euros más una bonificación en función de una serie de resultados obtenidos, lo que situó su retribución final en casi 219.990 euros brutos anuales. Ese es uno de los elementos que han confirmado los trabajos de la auditoría interna y el principal foco de la querella criminal presentada en el Juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En total, el sobresueldo cobrado por Vidiella habría alcanzado los 477.837 euros, a lo que se sumaría otra cantidad de 236.586 euros con la que se sufragó el alquiler del apartamento en el que el ejecutivo residía en la comarca (que la Generalitat niega que estuviera acordado en el contrato), además de otros pagos efectuados a cargo de la tarjeta de crédito que, consideran los fiscalizadores, no tenía relación con las tareas del primer ejecutivo de la compañía: desde compras en el supermercado a comidas o cenas o el coste de la asistenta del hogar.

Comforsa facturó el pasado año en torno a 80 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 1,5 millones, una cifra algo inferior a la del año anterior. En la última década ha captado 45 millones de euros de capital de la Generalitat. El salario de Vidiella contrasta con el del president de la Generalitat, situado en los 130.250 euros.

Fuentes conocedoras de la denuncia aseguran que se incluyen diversas declaraciones que niegan que el consejo de administración o alguno de sus integrantes hubieran dado permiso para esos aumentos salariales. Asimismo, los ejecutivos que también se habían subido los salarios teniendo en cuenta las remuneraciones equivalentes en empresas similares a Comforsa han decidido volver a la situación salarial previa y se han comprometido a devolver a la empresa los sobresueldos percibidos, cuyo impacto ascendería a unos 80.000 euros. Los directivos beneficiados fueron el actual director ejecutivo, Josep Puig; el responsable de recursos humanos, Jesús Sánchez, y el director de finanzas, Robin Searle. Este último abandonó la empresa en el último trimestre del año pasado.

La auditoría ha puesto de manifiesto otras prácticas a corregir, que han obligado a la empresa a elaborar un plan de actuación para solventar esos problemas. Uno hace referencia a las relaciones que se establecen con los clientes de la empresa y los límites que pueden alcanzar los trabajadores de Comforsa en sus atenciones con proveedores o clientes o el gasto máximo a efectuar en desplazamientos. La empresa lo elaboró en mayo y ahora es el Govern el que lo tiene que aprobar.

La querella abierta por Comforsa es solo un capítulo más en las disputas judiciales con Vidiella. Este, según explicó el pasado año a este diario, inició dos procesos judiciales contra su despido. Por un lado, reclamó cantidades a la compañía pública al considerar que su despido es nulo, y por el otro, denuncia daños morales y de salud a raíz de lo que considera un acoso liberal. La vista para el juicio del despido está fijada para finales de año.

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