Los inquilinos no se libran de los honorarios de agencia: “Hay inmobiliarias que nos toman por tontos”

A cualquiera que haya navegado por el mercado de vivienda en alquiler le sonarán estos tres conceptos: mes corriente, mes de fianza y mes de honorarios. Eso es lo que le piden a Jennifer Riva (32 años, Sevilla) para poder alquilar un piso en su ciudad. Pero desde el 26 de mayo, cuando entró en vigor la nueva ley de vivienda, es ilegal que las agencias cobren al arrendatario por los gastos de gestión. Es decir, pese a que se lo han pedido...

A cualquiera que haya navegado por el mercado de vivienda en alquiler le sonarán estos tres conceptos: mes corriente, mes de fianza y mes de honorarios. Eso es lo que le piden a Jennifer Riva (32 años, Sevilla) para poder alquilar un piso en su ciudad. Pero desde el 26 de mayo, cuando entró en vigor la nueva ley de vivienda, es ilegal que las agencias cobren al arrendatario por los gastos de gestión. Es decir, pese a que se lo han pedido, Riva ya no está obligada a pagar el mes de honorarios. “En las visitas nos hemos encontrado inmobiliarias que nos toman por tontos y nos dicen que la ley de vivienda no aplica”, señala. “Otros dicen que esas son las condiciones del propietario y que si no estamos de acuerdo no somos aptos para el alquiler”. La organización de consumidores Facua presentó el miércoles una denuncia contra una treintena de inmobiliarias tras haber detectado que vulneran la nueva norma.

En Murcia, Pedro García (23 años) ha vivido una experiencia parecida mientras buscaba piso junto con dos compañeros. “Nos han exigido gastos de gestión inmobiliaria con fecha posterior a la entrada en vigor de la ley de vivienda”. En su caso, son ellos mismos los que miran ofertas y conciertan las visitas, pero aun así les exigen hacerse cargo de los honorarios de agencia. “En la mayoría de los anuncios no lo ponen, pero a casi todas las que he llamado después me han pedido que pague”, concluye. El Sindicato de Inquilinos de Madrid explica que el servicio de gestión inmobiliaria se le presta al casero y no al arrendatario, por lo que es el primero el que debe abonarlo. Para el inquilino, solo es obligatorio depositar la fianza, que, según la ley de arrendamientos urbanos, será de una mensualidad si se trata de alquiler para vivienda.

“Lo ideal es no aceptarlo. Pero estamos viendo que algunas inmobiliarias presionan a los inquilinos diciendo que si no lo pagan se lo alquilarán a otra persona”, señalan desde el sindicato. “Es un desequilibrio de poder y muchas veces no queda otra”, agregan. Para salvar la situación, desde Facua apuntan que se puede aceptar y pagar los honorarios, dejando constancia del motivo por el que se abona el dinero, para luego reclamar. En estos casos se recomienda hacer el reintegro mediante transferencia, dejando claro en el concepto que se trata de gastos de gestión inmobiliaria. Además, se debe pedir factura con IVA y también es aconsejable hacer capturas donde se vea el precio inicial del piso en el portal inmobiliario. Con esto, se puede formular luego una reclamación.

La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, publicó el miércoles un vídeo en su cuenta de Twitter donde insistía en estos consejos. En él, la ministra afirma que “muchas personas” han contactado con el ministerio para advertir de que hay inmobiliarias saltándose la ley.

Los atajos que emplean algunas agencias para esquivar la norma pasan, según las asociaciones de inquilinos, por cambiar el nombre del concepto. “Se inventan nuevos nombres para lo que viene a ser lo mismo de siempre, llamándolo, por ejemplo, servicio de asesoramiento al inquilino”, explican desde el sindicato. Por ello, es vital dejar claro los servicios que se van a requerir de la inmobiliaria. “No podrán cobrar esos gastos cuando en realidad seguimos siendo nosotros los que hacemos todo el trabajo de buscar, organizar las visitas, etcétera”, apunta la organización. En su denuncia, Facua recoge casos de cobros por conceptos como “estudio de viabilidad y solvencia económica” del inquilino, que este no ha solicitado.

Las inmobiliarias denunciadas por la asociación de consumidores son Alquiler Seguro, Housingo, Dflat, MC Property, Spanish Home, Andrés Carro Propiedades, Servicheck, HMS Real State, Oh my place, NSH, Galota, Solfai, Engel & Völkers, Modus Home Realtors, Alfa Inmobiliaria y Hernán Inmobiliaria, en Madrid; Aruncy2, Adamas Home, Inmogest, Centro Histórico Real State, Aureo Home, Consul Inversiones y Patrimonio, Homelogic, Smart Inmobiliaria, Domus, Antena Inmobiliaria e Inversiones inmobiliarias, en Sevilla. En Barcelona, Next Door Bcn y Alting; y en Valencia, Ecom, Ágora Inmobiliaria y Lion Capital Group, así como Dray&Partners en Palma de Mallorca.

José María Alfaro, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), señala que “no son prácticas generalizadas”, aunque matiza que “la precipitación y las prisas con las que [la ley] se ha aprobado y entrado en vigor (...) pueden estar creando algunas disfunciones a la hora de su interpretación y aplicación”. La nueva regulación, que se aplica en todo el territorio nacional, se aprobó en Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y fue ratificada por el Congreso el 27 de abril de 2023, aunque su publicación en el Boletín Oficial del Estado se produjo hace poco más de una semana.

“De algo tenemos que vivir, es nuestro trabajo”. Fue la respuesta que recibió una joven de Elche, de 29 años, que prefiere no dar su nombre, cuando se negó a abonar el mes de gastos inmobiliarios. Esta situación le generó desconfianza y terminó por no alquilar el piso. Alfaro señala que debe haber “tolerancia cero” con estas malas prácticas, pero se muestra disconforme con la ley porque considera que afectará a los ingresos de las agencias. Según sus previsiones, hará que los propietarios retiren pisos del mercado. “La mayoría de las agencias inmobiliarias son micropymes, agencias de barrio, y para muchas de ellas el alquiler supone gran parte de su actividad”, defiende el presidente de la federación nacional.

Sanciones

Para el Sindicato de Inquilinos, el establecimiento de un régimen sancionador ahorraría a las personas que buscan casa el mal trago de recordarles la ley a los arrendadores. También advierte de otra situación: “Nos están llegando casos en los que los caseros están intentando saltarse el pago de tasas mediante el alquiler de temporada”. Cuando se contrata un arrendamiento distinto del de vivienda habitual —lo que se debe especificar en el contrato—, esta nueva regulación no aplica y los gastos de gestión inmobiliaria pueden repercutirse al arrendatario. “En una ciudad universitaria como Murcia había mucho interés en que contratases todo el año, pero ahora lo evitan”, señala Pedro García, que se está encontrado con este tipo de atajos en su búsqueda de piso.

El camino hasta la firma de un contrato de alquiler es difícil —sobre todo en un mercado tan tensionado como es la vivienda— y muchas veces se hacen concesiones. Jennifer Riva, que finalmente encontró piso, cuenta que le costó negarse a pagar. La agencia les pedía la mitad de los honorarios a ellos y la otra mitad al casero. “Le reiteré de buenos modos la aprobación de la ley y entonces se echó atrás. Me dijo que estaba en todo mi derecho de no pagarlo y que no quería encontrarse con una denuncia”.

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