España da al BEI la gestión de los 20.000 millones en créditos europeos para las comunidades

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la solicitud a Bruselas de los 84.000 millones en créditos que corresponden a España por los fondos Next Generation que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Además de los 18.000 millones que se destinarán a reforzar los proyectos estratégicos conocidos como PERTE, el Gobierno ha estructurado estos préstamos en una docena de fondos. Y uno de los más importantes por su volumen será el de las a...

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la solicitud a Bruselas de los 84.000 millones en créditos que corresponden a España por los fondos Next Generation que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Además de los 18.000 millones que se destinarán a reforzar los proyectos estratégicos conocidos como PERTE, el Gobierno ha estructurado estos préstamos en una docena de fondos. Y uno de los más importantes por su volumen será el de las autonomías, el llamado Fondo de Inversiones Sostenibles de las Comunidades Autónomas. Estas obtendrán unos 20.000 millones, una cuarta parte del total, para financiar sus proyectos. Y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la UE, se encargará de su gestión y aportará su conocimiento analizando las operaciones.

Según apuntan fuentes conocedoras, el Ejecutivo ha escogido al BEI para asegurarse la solvencia de los proyectos de las comunidades. La confianza que inspira la labor de esta institución en la Comisión Europea ha desempeñado un papel importante. Y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ya está algo saturado porque gestiona otros 22.500 millones de estos préstamos europeos.

La banca ha insistido en que quería un mayor protagonismo en estos fondos. No obstante, participará en la gestión de una parte muy sustancial. Hay 22.500 millones que se tramitarán a través del ICO para líneas verdes y para emprendedores y empresas. La primera financiará la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. La segunda servirá para inversiones productivas. Las entidades financieras españolas se ocuparán del análisis bancario y de la distribución de estas dos líneas aprovechando su capilaridad. Pero entregarán los fondos cerciorándose de que se cumplen unos baremos claros de lo que se quiere financiar. Es decir, la entidad simplemente confirmará que se siguen los criterios que le da el ICO y, por tanto, el Gobierno. Además, pueden brindar cofinanciación si lo ven apropiado. E incluso podrán también mediar en algunas de las líneas que el BEI habilitará para las comunidades.

La Comisión Europea se financia cada seis meses y la intención es que esas buenas condiciones a las que se endeuda se trasladen a las Administraciones y empresas españolas. El Ejecutivo español calcula que se podría obtener una rebaja de unos 35 puntos básicos respecto a la financiación del Tesoro. Y estos tipos se traspasarían igual a las comunidades autónomas. El préstamo de la Comisión al Estado sería a 30 años con una carencia de 10. Los créditos que se concedan a partir de esta financiación tendrán unos periodos amplios, pero menores que el plazo del que dispone el Estado para devolverlos. El Gobierno tiene que estudiar bien la forma en que se conceden porque están sometidos a los límites que establece la Comisión a las ayudas de Estado.

La idea es aprovechar esta financiación más barata ahora que los tipos suben. Aunque el retraso en pedirlos ha hecho que se pierdan unas condiciones que hubiesen sido mejores de haberlos solicitado hace dos años. No obstante, Italia los pidió pronto y ahora sufre problemas con su desarrollo. Era difícil articular tan rápido los proyectos para digerir tal cantidad de préstamos, aseguran fuentes conocedoras.

Al igual que con los 77.000 millones en ayudas directas del Next Generation, el Tesoro pedirá el desembolso a la Comisión dos veces al año tras cumplir con los compromisos de reformas e inversiones, fundamentalmente en iniciativas verdes y formación. Al recibirlos de Bruselas, formarán parte del endeudamiento público español. Y el Tesoro se los irá entregando al BEI conforme los vayan reclamando las comunidades. Cuando estas los asuman, engrosará su endeudamiento. Si hay impagos, estos aumentarán el déficit público y se consolidarán en la deuda del Reino de España.

Un propósito de esta financiación es que pueda prolongar y completar los proyectos ya diseñados del plan de recuperación financiado con ayudas no reembolsables europeas. El BEI no solo tendrá la gestión. También podrá asesorar a las comunidades. Estas serán quienes, a su vez, transferirán los recursos a los proyectos.

Los fondos de las comunidades podrán dedicarse al ámbito público o privado. En el sector privado los proyectos podrán formularse a través de participaciones en el capital o distintas formas de equity y garantías. La autonomía asumirá el riesgo de la operación y cabe la posibilidad de que en estos proyectos con empresas se les cobre una prima por los costes de gestión, explican fuentes conocedoras.

Solo un puñado de comunidades tienen institutos financieros como el ICO y, por lo tanto, la mayoría carece de la capacidad para movilizar los créditos. El BEI apoyará con su experiencia levantando proyectos y podrá asistirlas al evaluar y elegir las iniciativas, asegurándose de que estas brindan una rentabilidad financiera. Las dirigidas al sector público serán analizadas por el banco de la UE. Y las del privado podrán serlo, si bien será el gobierno autónomo el que las apruebe. El Ministerio de Economía siempre se ha mostrado reacio al riesgo. De esta forma, se consigue que la implementación sea profesionalizada y que imperen criterios técnicos. En cualquier caso, las comunidades ya tienen una amplia historia de colaboración con el BEI, sobre todo a la hora de financiar infraestructuras, recuerdan fuentes de los gobiernos autónomos.

Entre los objetivos de este fondo se señalan la vivienda social, el transporte sostenible, la sostenibilidad turística, la industria competitiva y sostenible, la I+D, la gestión del agua y los residuos y la economía de los cuidados. Además, habrá una apuesta especial por aquellos proyectos que ayuden a asegurar la autonomía estratégica en energía, agroalimentación, tecnología, industria y sector digital.

El Gobierno señala que el reparto de estos créditos entre comunidades se hará según unos criterios objetivos. Pero habrá una cierta flexibilidad en función de la demanda y de las categorías de proyectos. O lo que es lo mismo: si una comunidad ofrece más proyectos o si hace falta más financiación para una tipología podrían obtener una mayor dotación.

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