La CNMV sospechaba de Nimbus antes de que se le investigara por una presunta estafa piramidal: “Los clientes podrían verse maniatados”

Hace mucho tiempo que las sospechas se ciernen sobre Nimbus, una empresa radicada en Malta e investigada por la Audiencia Nacional por tejer una presunta trama para desviar el dinero invertido en criptomomedas por cientos de ahorradores, muchos de ellos españoles. Según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS, meses antes de que la justicia comenzara a indagar en 2021 en dicha sociedad por configurar una supuest...

Hace mucho tiempo que las sospechas se ciernen sobre Nimbus, una empresa radicada en Malta e investigada por la Audiencia Nacional por tejer una presunta trama para desviar el dinero invertido en criptomomedas por cientos de ahorradores, muchos de ellos españoles. Según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS, meses antes de que la justicia comenzara a indagar en 2021 en dicha sociedad por configurar una supuesta estafa piramidal, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya plasmaba sus dudas sobre la compañía en un informe interno de carácter “reservado”, que incidía en que Nimbus prometía “rentabilidades irreales”, sometía a sus clientes a “riesgos altísimos” y ofrecía “sin autorización” servicios propios de una empresa de inversión. Incluso, el organismo regulador alertaba en ese documento confidencial, que nunca se hizo público, que los ahorradores podrían “verse maniatados” si trataban de recuperar su inversión —como, precisamente, ocurrió—.

La Audiencia Nacional mantiene bajo sospecha a Nimbus desde marzo de 2022, cuando el Tribunal Supremo le ordenó que asumiera la investigación contra la compañía, que había avanzado un juzgado de Huelva tras recibir en febrero de 2021 la querella de un afectado. Según la Fiscalía y la Guardia Civil, esta empresa ideó una estafa piramidal, ofreciendo a sus clientes gestionar sus carteras de criptomonedas con la promesa de que, a través de operaciones de compraventa, su “revalorización” se traduciría en un reparto de sustanciosos beneficios.

Pese a que un informe del instituto armado ha llegado a cifrar el supuesto fraude en más de 135,8 millones de dólares (más de 125 millones de euros), Nimbus ha defendido su inocencia de forma reiterada: “Confiamos en que los tribunales y las instituciones judiciales de España determinen la verdad [...] Nunca hemos estado involucrados en actividades ilegales o poco éticas”, ha afirmado la empresa en varias comunicaciones con este diario.

Sin embargo, la investigación en la Audiencia Nacional prosigue. El Juzgado Central de Instrucción 6 ha prorrogado las pesquisas hasta noviembre de 2023 a la espera de recibir otro informe del grupo de delincuencia económica de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, y ha solicitado a la CNMV toda la información que tuviera sobre Nimbus. Entre todos esos papeles, el organismo regulador ha remitido el informe confidencial que elaboró sobre la compañía, fechado el 6 de noviembre de 2020 y que confeccionó tras recibir una comunicación en su buzón de infracciones, “donde una particular informa de su sospecha de que esta compañía pueda responder a un esquema piramidal”.

En ese momento, según el sumario, Nimbus ya había “suspendido operaciones” y los temores se extendían, pero aún no se había judicializado el caso. Así que el departamento de Inversiones de la CNMV abría su investigación. Tras recopilar información sobre la empresa y el producto que ofrecía en su web, donde “abusa de un lenguaje complejo de carácter tecnológico”, el organismo regulador concluyó que Nimbus —“básicamente una plataforma de inversión online que permite acceder a un bot de arbitraje automático de criptomonedas”— “guarda similitudes con esquemas habituales que prometen unas rentabilidades irreales”.

De forma clara, el informe muestra sus recelos sobre el sistema. “Todo el proceso de recuperación de la inversión, una vez que se decide rescatar el capital y los posibles beneficios generados, se realiza a través de una criptomoneda propia de Nimbus, la NMBT. Dicha criptomoneda no tiene validez fuera del entorno Nimbus y es generada por la compañía en cantidades desconocidas. Igualmente dudoso es la paridad que establecen ellos mismos en relación con el bitcoin e incluso con el dólar”, alertaba el documento de la CNMV. Y añadía: “Todas estas imprecisiones pueden generar riesgos altísimos para los clientes de la plataforma al no saber qué valor van a tener sus capitales al convertirse automáticamente a esta suerte de token (moneda virtual), y sobre todo la duda de si, al tratar de recuperar su inversión, podrían verse maniatados por la compañía si se negara a la conversión y sabiendo que fuera de ese entorno, la moneda no vale nada”.

Ante las sospechas, la CNMV requirió a Nimbus para que diera explicaciones, pero no respondió. Por ello, el regulador emitió una alerta pública el 16 de noviembre de 2020. De un párrafo: “Nimbus no está autorizada para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en las letras a), b), d), f) y g) del artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos contemplados en el artículo 2 de dicha Ley, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas; ni está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva”.

La CNVM explica a EL PAÍS que no tiene competencias para investigar una estafa, solo para indagar sobre si una empresa está autorizada para ofrecer servicios de inversión de estas características. A su vez, asegura que “se trasladó a la policía la información que se recibió” y que, cada vez que se lanza una advertencia de este tipo, las fuerzas de seguridad lo saben porque existe una “conexión permanente sobre esos temas”.

La batalla en los tribunales

Según fuentes jurídicas, aunque se intentó sin éxito judicializar el caso en las últimas semanas de 2020, no fue hasta 2021 cuando los tribunales comenzaron a investigar a Nimbus. En febrero de ese año, un juzgado de Huelva admitió la querella de un particular, que denunciaba una estafa de 9.000 euros. El magistrado onubense encargó informes a la Guardia Civil, que apuntaron a la presunta estructura piramidal ideada desde Malta y, entre otros, a Andrea Zanon, un exconsultor del Banco Mundial identificado como el antiguo consejero delegado de la compañía. En abril de 2021, el juez envió la causa a la Audiencia Nacional, que la rechazó.

En un encuentro con perjudicados a través de Youtube, Carlos Aránguez, abogado de un grupo de afectados, explicó que otros juzgados (de Zaragoza, Barcelona, Granada, Albacete y Almería) se han inhibido también en los últimos meses en favor de la Audiencia Nacional, que no aceptó las pesquisas hasta que el Supremo se lo ordenó en marzo de 2022. En un escrito de octubre del pasado año, según la agencia Europa Press, la Guardia Civil avisó al juez que hubo un cambio de propiedad de Nimbus en los últimos meses y que se ha hecho con todas las acciones un ciudadano griego llamado Odysseas Kimiskez.

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