La paz social, un regalo político para el Gobierno en plena campaña

Durante los primeros años de la coalición, el Partido Popular presionó cada vez con más intensidad a la patronal, poniendo incluso en cuestión la figura de su líder, Antonio Garamendi, por los sucesivos acuerdos que firmaba con el Gobierno y los sindicatos. Uno tras otro, esos 13 acuerdos eran una desautorización evidente a la política de Pablo Casado, que insistía en que Pedro Sánchez no es de fiar y no se podía hacer ningún pacto con él porque estaba llevando a España al desastre económico. Garamendi, muy pr...

Durante los primeros años de la coalición, el Partido Popular presionó cada vez con más intensidad a la patronal, poniendo incluso en cuestión la figura de su líder, Antonio Garamendi, por los sucesivos acuerdos que firmaba con el Gobierno y los sindicatos. Uno tras otro, esos 13 acuerdos eran una desautorización evidente a la política de Pablo Casado, que insistía en que Pedro Sánchez no es de fiar y no se podía hacer ningún pacto con él porque estaba llevando a España al desastre económico. Garamendi, muy presionado por los sectores más conservadores dentro y fuera de la patronal, especialmente en algunos medios de comunicación, se defendía: “nosotros no hacemos política, hacemos acuerdos si son buenos para el país”. Y así el líder de la patronal desfiló por La Moncloa para un pacto de pensiones, apoyó la primera subida del salario mínimo, pactó los acuerdos de los ERTE que ayudaron a mantener el tejido productivo durante la pandemia, cerró pactos de teletrabajo o de los trabajadores de las plataformas, y por último llegó al cénit de esa política con el acuerdo de la reforma laboral. El PP, indignado con esta actitud de Garamendi, boicoteó ese pacto, votó en contra en el Congreso y maniobró para intentar tumbarla con dos tránsfugas de UPN, aunque la operación salió mal por el error de un diputado del PP.

Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, hace poco más de un año, el Gobierno estaba convencido de que la patronal estaba cambiando el rumbo y Garamendi ya no tenía espacio político para más acuerdos con el Gobierno. De hecho la patronal rechazó con contundencia la última subida del salario mínimo a 1.080 euros. Garamendi fue endureciendo los discursos contra el Gobierno sobre todo desde el giro a la izquierda de Sánchez en el debate sobre el estado de la nación del pasado julio que le llevó a promover un impuesto extraordinario a la banca, otro a las grandes energéticas y uno más a las grandes fortunas.

Pero sobre todo, la patronal rechazaba el acuerdo salarial con los sindicatos que el Gobierno le pedía una y otra vez. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han insistido en decenas de ocasiones, cada vez con tono más duro, en pedir a la patronal que pacte con los sindicatos una subida salarial. El Gobierno fracasó en su intento de promover un pacto de rentas, y las reuniones que se hicieron para buscarlo no fructificaron.

Cuando todo parecía perdido, los sindicatos han aumentado sus amenazas de movilizaciones y huelgas, y la patronal finalmente ha decidido cerrar un acuerdo antes de arriesgarse a unos meses de conflictividad que pudieran perjudicar la buena marcha de las empresas, que están logrando beneficios récord en muchos sectores. Obviamente, la patronal ha pactado pensando en sus intereses, y no en los del Ejecutivo, pero indirectamente le ha hecho un regalo político muy valioso en plena campaña de las autonómicas y municipales, donde el Gobierno quiere centrar todo en la recuperación económica y el PP en una batalla a campo abierto para “derogar el sanchismo”.

Para el Gobierno, el acuerdo y la paz social que implica es un gran bálsamo en plena campaña electoral. De hecho la cuestión de la paz social es uno de los asuntos fundamentales de los discursos de Sánchez, que no para de explicar que con su Gobierno se está logrando reformas muy importantes como la laboral o la de pensiones con acuerdos, sin ajustes y sin gente en la calle como en Francia. Desde Alicante, el presidente del Gobierno se ha mostrado eufórico. “¿Por qué en España hay más paz social que en la mayor parte de los países de la UE? Porque hay un Gobierno que recuperó el diálogo social. Gracias a la reforma laboral y al compromiso de sindicatos y empresarios vivimos una legislatura de reformas y paz social. Cada mes hay un buen dato de empleo y una mala noticia para la derecha. España avanza, la derecha rabia”, ha insistido. “Las organizaciones sindicales y patronales vuelven a estar a la altura de nuestro país”, ha resumido en twitter la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldaba el acuerdo, pero trataba de alejar por completo al Gobierno de él, para intentar que no se lleve ningún rédito. “Pese a la desidia del Gobierno que renunció a un pacto de rentas, empresarios y sindicatos sí han actuado con responsabilidad”, ha señalado.

El Ejecutivo no ha estado en la negociación, y esto probablemente sea fundamental para que se haya podido firmar, porque Garamendi habría tenido mucha más presión política si necesitaba rubricar el pacto con Sánchez, pero obviamente estaba informado y lo alentaba por detrás. No es, por tanto, un mérito del Gobierno, sino un acuerdo entre los agentes sociales, pero tiene consecuencias políticas claras y beneficia sin duda el discurso del Ejecutivo en campaña y perjudica al del PP, que insiste en plantear un escenario de gran caos económico incompatible con un pacto como este.

El Gobierno está eufórico por un acuerdo largamente esperado. Este pacto cierra el círculo en una semana en la que se han registrado datos de empleo históricos, con 20,6 millones de afiliados a la seguridad social. El Ejecutivo cree que la marcha de la economía, que aún será mejor cuando llegue el verano y una temporada turística que se augura histórica, ha desactivado por completo la estrategia del PP, que pensaba llegar al poder como en 2011, con un hundimiento de la economía. Y esta es la campaña que tienen diseñada desde el Gobierno: reivindicar su gestión, los logros económicos y la paz social que ha dominado la legislatura. Y en ese contexto, el acuerdo salarial llega en el mejor momento posible para el PSOE y Unidas Podemos, que se juegan en tres semanas todo su poder autonómico y local y con él la posibilidad o no de mantener una mayoría tras las elecciones generales a finales de año.

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