La Administración local y las grandes empresas, las que más tardaron en pagar sus facturas en 2022

Las Administraciones locales y las grandes compañías fueron las peores pagadoras a sus proveedores, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que ha publicado este jueves su último informe sobre los plazos en los que se abonan estas deudas en España. En él, que recoge datos a partir de una encuesta a 500 empresas, la plataforma concluye que el ratio de ...

Las Administraciones locales y las grandes compañías fueron las peores pagadoras a sus proveedores, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), que ha publicado este jueves su último informe sobre los plazos en los que se abonan estas deudas en España. En él, que recoge datos a partir de una encuesta a 500 empresas, la plataforma concluye que el ratio de morosidad —que mide el porcentaje de impagos por facturas—en España aumentó el año pasado hasta el 5%. El presidente de la PMCM, Antoni Cañete, ha usado como ejemplo a Ferrovial, que “ha estado pagando sistemáticamente muy mal” y que, con su cambio de domicilio a Países Bajos, “va a pagar bien por fin, porque en Holanda se exige que se pague bien”.

El año pasado, el plazo medio de pago para el sector público aumentó en seis días, hasta los 67 días. Esto es, más del doble del plazo legal permitido de 30 días. En el sector privado, donde no debería haber contratos con un plazo de pago de más de 60 días, el plazo medio fue el mismo, pero disminuyó cinco días respecto de 2021. Para Cañete, la similitud de plazos entre los sectores es “perniciosa”, porque la Administración pública debería predicar con el ejemplo.

Mientras que las Administraciones locales y las grandes empresas fueron considerados los peores pagadores, las pymes fueron las que mejor se comportaron. En clave pública, la satisfacción de los proveedores respecto de los pagos de la Administración es baja: casi 8 de cada 10 encuestados defiende que las entidades públicas les pagaron pasado el periodo legal.

El presidente de la plataforma ha advertido de que la ratio de impago del 5% “anticipa cierre de empresas”, y que está lejos del 2% que debería rondar una economía sana. Además, Cañete ha defendido que en un contexto de subida de tipos, a las empresas se les va a hacer más difícil financiarse, y alargarán sus plazos de pago para mantenerse. Aunque el informe no detalla los sectores, el presidente ha adelantado que, mientras que la industria ha mejorado su política de pagos, los servicios tardan más en cumplir con sus obligaciones. La excepción es el transporte, que implantó un régimen sancionador para la morosidad y que no ha experimentado ningún impago.

Ley Crea y Crece

Los subcontratistas de las empresas adjudicatarias de contratos públicos son los que más tardan en cobrar, según la encuesta de la plataforma: 100 días de media. Cañete ha afirmado que la cadena de pagos en el sector público está mal controlada, y ha lamentado que no se esté aplicando correctamente la Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas (Ley Crea y Crece), que estableció varias medidas contra la morosidad. Lo ideal, defienden, sería establecer un Observatorio de la Morosidad imparcial y un régimen sancionador que multe a las empresas que no paguen en plazo.

Entre otros incumplimientos, el presidente ha lamentado que a las empresas que acceden a subvenciones superiores a 30.000 euros no se les exija que acrediten que están pagando en plazo. Según el informe, al 92% de las empresas consultadas que tuvo acceso a ayudas que superaban esta cantidad no se les exigió la documentación prevista por ley. Cañete ha defendido que se reunió recientemente con el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que le aseguró que comenzarían a controlarlo.

Según el informe, seis de cada 10 proveedores tuvieron contratos con clientes —privados o públicos— que les imponían plazos superiores a los legales. Además, cerca del 80% exigió intereses de demora en caso de retraso ni una indemnización legal por costes de recobro. “No nos informamos de nuestros derechos, continúan los abusos de la posición dominante que, en cierta manera, aceptamos por miedo a perder el cliente”, ha argumentado Cañete.

Para la Plataforma, en España existe una “cultura de la morosidad” que solo se puede atajar con una correcta fiscalización y aplicando la ley. “Pagar tarde en un país distorsiona la economía, la hace menos competitiva y menos viable”, ha concluido Cañete.

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