Más de 1.000 camioneros se rebelan contra los peajes de Gipuzkoa

Los transportistas están soliviantados por el “castigo” al que estos aseguran estar sometidos por la política de peajes que ha establecido la Diputación de Gipuzkoa en las carreteras de este territorio. Circular por la N-I y la autovía A-15 es de pago obligado solo para los camiones. Iñigo Aldalur es uno de los miles de afectados por esta medida recaudatoria y considera “una tremenda sangría” para su negocio tener que pagar todos los meses unos 2.000 euros por hacer su trabajo. Este...

Los transportistas están soliviantados por el “castigo” al que estos aseguran estar sometidos por la política de peajes que ha establecido la Diputación de Gipuzkoa en las carreteras de este territorio. Circular por la N-I y la autovía A-15 es de pago obligado solo para los camiones. Iñigo Aldalur es uno de los miles de afectados por esta medida recaudatoria y considera “una tremenda sangría” para su negocio tener que pagar todos los meses unos 2.000 euros por hacer su trabajo. Este sistema de peaje ha sido anulado por la justicia en dos ocasiones por considerarlo “discriminatorio”, según sentencia firme del Tribunal Supremo. Los camioneros se han acogido a este fallo para exigir la devolución de los pagos. Hay más de mil reclamaciones y, de estas, 252 en los juzgados. Pese a ello, en enero la Administración guipuzcoana ha vuelto a implantar el peaje por tercera vez.

Los dos cánones declarados ilegales reportaron a la Diputación de Gipuzkoa (en manos del PNV y PSE-EE) 38,54 millones de euros, mientras estos estuvieron funcionando entre enero de 2018 y octubre de 2021. En esta provincia, los vehículos pesados de más de 3,5 toneladas destinados al transporte de mercancías pagan sí o sí por transitar por los 76,3 kilómetros que conforman la N-I (Madrid-Irún) y la A-15 (San Sebastián, Pamplona), por las que a diario se registra el paso de unos 11.000 camiones. Para registrar los cobros, se invirtieron algo más de 25 millones de euros en la instalación de cuatro pórticos de lectura automática de matrículas.

Poco después de su puesta en marcha, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó en abril de 2018 un recurso presentado por el Comité Nacional de Transporte y anuló la norma foral que regulaba este sistema de peaje porque iba contra las directivas europeas y era discriminatorio. La Diputación activó de inmediato una nueva normativa similar que entró en vigor en mayo de 2019, aunque no dejó de cobrar a los camiones mientras la anterior estuvo invalidada. El varapalo definitivo llegó en mayo de 2021, cuando el Supremo zanjó definitivamente el debate. Aun así, la Diputación tardó siete meses en publicarlo en el boletín oficial y mantuvo el peaje hasta octubre de ese año.

El pronunciamiento de la justicia desencadenó un goteo de reclamaciones por la vía administrativa para exigir la devolución de los peajes abonados en virtud de unas normas que habían sido anuladas por los jueces. Una sentencia conocida en enero pasado obliga al Ejecutivo guipuzcoano a reintegrar casi 14.000 euros a tres transportistas por cobros indebidos en los citados peajes. Puede ser la primera de una cascada de resoluciones favorables a los transportistas reclamantes. De los cerca de 1.100 requerimientos recibidos, muchos registrados de forma colectiva, 252 afectados han decidido acudir al juzgado. De estos, 198 expedientes están en tramitación. A la Diputación le podría suponer un desembolso superior a los 14 millones más los intereses de demora, según Juan José Gil, secretario general de Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España).

La Diputación le denegó su reclamación a Aldalur. Ha tramitado una denuncia para que le devuelvan casi 3.000 euros. “Tuve que desglosar todos los pasos por los peajes, fue un lío enorme. No entiendo que si la Diputación sabe lo que nos ha cobrado, nos exija justificar los pagos. Nos están poniendo todas las trabas del mundo para ver si desistimos”, se queja este transportista que utiliza la N-I a diario. La responsable de Transportes del ente foral, Aintzane Oiarbide, ha declarado que “no es un drama” para esta institución afrontar la devolución que acuerden los tribunales.

No todos los transportistas han dado el paso de exigir la devolución del importe de los peajes por la vía judicial. Iñaki Cepeda, responsable de la patronal guipuzcoana del transporte Guitrans, lamenta que la administración esté repercutiendo el coste del mantenimiento de las carreteras de Gipuzkoa exclusivamente en los transportistas y ahora esté “poniendo trabas” a quienes han pedido que se les reintegre lo abonado por un canon irregular. “Un camionero que hace tres viajes entre Olaberria e Irún paga una media mensual de 1.300 euros. Es un coste inasumible y puede suponer la muerte para el sector. Esto es mucho más grave que una subida de dos o tres céntimos en el precio del gasoil”, protesta. La Diputación se acoge al “principio de recuperación de los costes que genera la infraestructura” viaria para justificar el cobro.

El sindicato de transportistas Hiru califica de “ridícula”, dice su portavoz, Jon Altuna, la gestión que la institución foral está haciendo con los peajes a los camioneros: “Si la tecnología funciona tan bien para recaudar, ¿por qué no sirve para devolver las cantidades cobradas indebidamente?”. “Solo ponen obstáculos para pagar a los camioneros lo que les deben”, añade.

Los peajes vuelven a estar activos desde el pasado 23 de enero. El Parlamento provincial tuvo que aprobar una tercera norma, esta vez con el “visto bueno” de la UE, según el Departamento de Carreteras, que tiene en sus manos la gestión de las carreteras de la provincia. Los reveses recibidos de los tribunales no han echado atrás a sus impulsores. “No se puede negar la evidencia, y la evidencia dice que la política europea para el mantenimiento de las carreteras y el cuidado del medio ambiente, reducción de emisiones contaminantes e implantación de políticas sostenibles pasan por el pago por uso”, declara la diputada foral Oiarbide. Y añade que “en la gran mayoría de los estados de la Unión Europea los que llevan años con el pago por uso en las carreteras de alta capacidad y España también está obligada a implantarlo en autopistas y autovías para 2024″.

Fenadismer, una de las asociaciones más combativas contra la política de cobro de Gipuzkoa, cree “desproporcionada” la cuantía del peaje (0,22 euros el kilómetro a los vehículos pesados de menos de 12 toneladas y 0,28 euros el kilómetro a los que superan esa tara). Gil critica el “empecinamiento” que está adoptando la Diputación con este tema: “La Hacienda de Gipuzkoa tendría que estar muy agradecida con los transportistas porque la mayoría repostan allí antes de cruzar la frontera [de Francia]. Cada año recauda más de 450 millones por el impuesto a los hidrocarburos. No hay rutas alternativas a la N-I y la Diputación se está aprovechando de que Gipuzkoa está en una posición privilegiada porque es una zona de paso obligada hacia el norte de Europa”.

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