Sin noticias de las multas: tiendas con puertas abiertas y escaparates encendidos desafían la ley

Un aluvión de potenciales clientes camina por la céntrica calle de Fuencarral de Madrid una tarde fría de enero en plena campaña de rebajas. Son las siete y media, ya es de noche, y muchas de las tiendas mantienen abiertas sus puertas. A escasos metros, en la Gran Vía, la escena es igual: apenas una docena de los negocios de la gran arteria comercial de la capital respetan la obligación de mantenerlas cerradas. Esta imagen se repite en Barcelona y S...

Un aluvión de potenciales clientes camina por la céntrica calle de Fuencarral de Madrid una tarde fría de enero en plena campaña de rebajas. Son las siete y media, ya es de noche, y muchas de las tiendas mantienen abiertas sus puertas. A escasos metros, en la Gran Vía, la escena es igual: apenas una docena de los negocios de la gran arteria comercial de la capital respetan la obligación de mantenerlas cerradas. Esta imagen se repite en Barcelona y Sevilla. Cinco meses después de la aprobación del real decreto de ahorro energético, y moderada la alarma social por la energía, el texto legal ha quedado en el limbo: los comercios lo respetan a medias y las Administraciones no sancionan su incumplimiento. “Por el real decreto del Gobierno vamos a tener que poner una puerta, pero aún no sabemos cuándo la van a colocar”, reconoce la empleada de una tienda de camisetas en la calle San Eloy de Sevilla.

Entre las medidas incluidas está la regulación de la temperatura y el apagado nocturno de la iluminación, así como la obligatoriedad de mantener las puertas de los negocios cerradas. “Con tanta gente entrando y saliendo es imposible tener la puerta controlada”, comenta una empleada de una tienda de zapatos en el centro de Madrid. En Barcelona, la cifra de comercios con las puertas abiertas de par en par en Portal de l’Àngel se ha mantenido similar respecto al conteo que realizó EL PAÍS en verano: el 59% de los locales observados están abiertos, la mayoría con un sistema de cierre automático desactivado que, se justifican, está averiado. La escena es parecida en la calle San Eloy, en el epicentro comercial de la capital andaluza, donde los que solo cuentan con una persiana metálica no tienen ningún parapeto que los resguarde de los 15 grados de temperatura del exterior. “Aquí estamos siempre a temperatura ambiente, tanto en verano, como en invierno”, añade la trabajadora, mirando a un pequeño aparato de aire acondicionado que, asegura, nunca se enciende.

Aunque la obligación de cierre no está siendo respetada, el porcentaje de locales que cumple con el apagado de luces es mucho mayor. En el distrito comercial de Madrid, pasadas las diez de la noche, la mayoría de los escaparates están a oscuras. En Barcelona, solo un 21% de los comercios observados mantenían sus escaparates encendidos, frente al casi 60% que no cierra sus puertas. La Confederación Española de Comercio (CEC) defiende que el sector del comercio “ha asumido esta medida, cumpliendo estrictamente los horarios fijados”. Eso sí, prácticamente ninguno cumple con la obligación de tener un cartel visible donde se indique la temperatura y las medidas tomadas para el ahorro energético.

Falta de control

Desde su entrada en vigor —en el caso de la obligación de apagar luces y limitar las temperaturas, en agosto; y en el del cierre de las puertas, en septiembre—, el real decreto es de obligado cumplimiento. De hecho, como reenvía al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y este a la Ley de Industria, las multas por no respetarlo son elevadas: de 60.000 euros por una infracción leve a 100 millones por una infracción grave. Sin embargo, desde las Administraciones regionales no se están imponiendo sanciones. “Las comunidades autónomas están tratando el tema con laxitud”, apuntan desde la CEC. “Por un lado, los comercios no están cumpliendo con las adaptaciones y por otro las Administraciones son conocedoras de esta situación y no están instando a cumplirlo”, sentencian.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica señalan a EL PAÍS que la idea de las medidas no es que se asocien a sanciones de forma automática, ni castigar a las empresas. Y así está siendo: a las asociaciones de comercio regionales de Madrid y Cataluña no les consta que se haya impuesto sanción alguna. En el caso de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente alega que no tiene competencias sobre el control del cumplimiento de las medidas establecidas en el real decreto, y se escuda en la ambigüedad de la norma: “Su control, ya que no queda claro en el texto, sería en todo caso de competencia municipal”. Este periódico ha consultado al consistorio y a la policía municipal, pero no ha recibido respuesta.

La Generalitat de Cataluña afirma que están en “una fase informativa y de sensibilización”. Fuentes de la Generalitat recuerdan que desde septiembre han llevado a cabo más de 550 inspecciones de eficiencia energética, que corresponden al RITE (aprobado en 2007): 85 a establecimientos “nuevos”, de menos de dos años, y 471 a establecimientos “viejos”, de más de dos años. “Lo que hemos hecho es aprovechar estas inspecciones rutinarias para advertir a los establecimientos de las obligaciones del nuevo real decreto de ahorro energético. Todavía no nos encontramos, pues, en una fase sancionadora”, defienden.

Renovaciones

La adaptación de puertas automáticas es el principal escollo que los comercios se han encontrado a la hora de ajustar sus establecimientos al real decreto de eficiencia energética. Muchos tienen pendiente realizar las obras para adaptarse. Es el caso de la franquicia de La casa de las Carcasas situada en Portal de l’Àngel de Barcelona. Este comercio es uno de los que solo tiene una persiana para la apertura y el cierre, sin ningún tipo de puerta. Su encargada reconoce que deben instalar sistemas de cierre para evitar el despilfarro de calefacción en invierno, y asegura que están pendientes de que lleguen los servicios técnicos para instalar una puerta. Barcelona habilitó en agosto dos millones de euros, en subvenciones de hasta 2.000 euros, para ayudar a los comercios a instalar puertas automáticas.

El coste de instalar una puerta automática varía entre 2.500 y 4.000 euros, según empresas del sector. Desde la patronal estatal sostienen que la medida no nació del diálogo con los sectores afectados. “En la práctica es inviable tanto económicamente como por una cuestión de tiempos”, afirman. En Andalucía, la patronal de comerciantes afirmaba en octubre que solo el 10% de las tiendas de la comunidad —un 30% de las empresas andaluzas— se habían adaptado. La Consejería de Empleo de Andalucía acaba de poner en marcha un plan de ayudas de 17,2 millones de euros, con cargo a los fondos europeos, que ha sido bien recibida por los comerciantes.

Con todo, y a pesar de la laxitud de su cumplimiento y control, las empresas están consiguiendo bajar su consumo desde la aprobación del real decreto. En el centro comercial Los Arcos, el más antiguo de la capital andaluza, la adaptación del espacio a las medidas de eficiencia energética establecidas por el Gobierno les ha supuesto un ahorro del 70%, señala su gerente, Ernesto Pardo. En Barcelona algunos trabajadores reconocen que han podido reducir el uso de los aires acondicionados tras el cierre de puertas. Según Deborah, una empleada que lleva cinco años trabajando en el establecimiento de cosmética Kiko Milano, el año pasado tenían la temperatura “fuerte por tener la puerta abierta de par en par”. Ahora activan la temperatura de vez en cuando, con un máximo de 25 grados.