La insoportable espera de los 1.000 “opositores fantasma” de Andalucía a la espera de una plaza de funcionario

Opositores fantasma o funcionarios en paro. Son las denominaciones que en estos últimos meses se han acuñado para las 948 personas que aprobaron los procesos selectivos —anunciados para muchos cuerpos en 2017 y 2018― en 2021 o el primer trimestre de 2022 y que siguen, casi cinco años después, sin poder incorporarse a su plaza, porque no les ha sido asignada. Un limbo que cada vez se vuelve más insoportable para la mayoría de ellos, que ven cómo se consumen sus ahorros y sus ánimos sin que la Administración resuelva la incertidumbre de su futuro. La Consejería de Justicia, Administración...

Opositores fantasma o funcionarios en paro. Son las denominaciones que en estos últimos meses se han acuñado para las 948 personas que aprobaron los procesos selectivos —anunciados para muchos cuerpos en 2017 y 2018― en 2021 o el primer trimestre de 2022 y que siguen, casi cinco años después, sin poder incorporarse a su plaza, porque no les ha sido asignada. Un limbo que cada vez se vuelve más insoportable para la mayoría de ellos, que ven cómo se consumen sus ahorros y sus ánimos sin que la Administración resuelva la incertidumbre de su futuro. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se escuda en la pandemia y la falta de personal y se fija el próximo mes de febrero o marzo como plazo aproximado para poder dar solución a su situación, según han indicado a este diario fuentes de ese departamento.

María G. reclama una fecha concreta. “Estoy entre la espada y la pared. Cuando terminen las vacaciones de Navidad voy a empezar a buscar trabajo, de lo que sea, porque ya he agotado todos los subsidios y no quiero seguir dependiendo de mi madre y de mis suegros”, se lamenta. María, de 46 años y con dos hijos de nueve y cinco, hizo sus exámenes para el cuerpo de auxiliar administrativo de la Junta en marzo y julio de 2021, unas oposiciones que deberían haber salido en 2017, pero que se convocaron en 2019 y que la pandemia obligó a retrasar dos años más. El baremo de la fase de concurso se aprobó nueve meses después de su última prueba y las listas definitivas, en las que constató que tenía una plaza de funcionaria en propiedad, se publicaron el 30 de septiembre.

“Se supone que soy funcionaria, pero no puedo trabajar”, indica. Cuando se quedó en el paro en 2017 decidió opositar. “En estos años se me ha acabado la prestación por desempleo, la renta mínima de inserción y cómo voy a plantearme buscar otro trabajo si es probable que en unos meses tenga que dejarlo para incorporarme a la administración”, añade. Más que ver cómo sus recursos económicos se desvanecen pese a tener una plaza asegurada en la Junta, lo que más le pesa a María G. es el agotamiento mental y la ansiedad en la que está sumida después de cinco años de sacrificio personal y profesional preparando las oposiciones. “La de veces que te sobrepones a la pregunta de si merece la pena y cuando ves la recompensa a tu esfuerzo, te encuentras con otra incertidumbre peor, la de no saber qué va a pasar contigo y sobe todo el silencio de la administración que te impide saber a qué atenerte”, relata.

Ella, como sus compañeros, reclaman de la Junta explicaciones sobre por qué no han resuelto sus destinos o, al menos, que les indique con claridad a partir de cuándo se publicará la oferta de vacantes, pero hasta el momento, pese a las protestas virtuales y presenciales —la última el pasado 28 de noviembre frente a la sede de la Secretaría General de Administración Pública en Sevilla― que han protagonizado desde el verano, solo han recibido silencio. “Al menos así sabríamos a qué atenernos”, añade María, que también ha presentado su caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, reconoció en el parlamento regional que “hay un problema” y que le “gustaría que los plazos fueran más cortos”. Nieto responsabilizó casi en exclusiva a la pandemia —”con condiciones que han hecho difícil trabajar en los procesos de oposición”― y a “la normativa farragosa que tiene trámites muy largos” y que se pretenden agilizar con la futura ley de la función pública. En su departamento también advierten de que no hay personal suficiente para establecer baremaciones y resolver todos los recursos, señalan las fuentes consultadas.

Falta de personal

Sobre esa falta de personal también llaman la atención los sindicatos. “Es un problema endémico. La escasez de trabajadores en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y en el Instituto Andaluz de Función Pública hace que hasta que no pasen tres años no se concluya el proceso, eso no pasa en Educación cuando salen plazas para docentes”, explica José Manuel Dorado, presidente de sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSIF Andalucía. “No se puede tener a personas en expectativa de conocer su destino uno o dos años y si es un problema de falta de personal para atender procedimientos tan farragosos, siempre se pueden contratar más con planes de choque”, sostiene Rosario Martorán, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT. Alfonso Dueñas, presidente regional del Sindicato Andaluz de Funcionarios, ha animado a muchos de esos opositores fantasma a que a título personal presenten reclamaciones por responsabilidad patrimonial a la Junta. “Muchas de estas personas están en una situación familiar muy complicada por la larga duración de la espera para conocer su destino”, señala.

La Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de los años 2017-2019 se convocó entre 2019 y 2020, las fechas de los últimos exámenes oscilaron entre marzo de 2021 y marzo de 2022, y en muchos casos, entre la primera y la segunda transcurrieron, como en el caso de María G., más de 45 días de diferencia, el plazo máximo que establece el Reglamento General de Ingreso de la Junta. En total salían a concurso 1.410 plazas, de las que 272 quedaron desiertas y solo 189 cuentan con funcionarios nombrados.

Rogelio M. no está entre ellos, pese a haber aprobado en marzo su oposición al cuerpo de auxiliares técnicos de Medio Ambiente. “Cuando aprobé dejé mi trabajo en la Agencia Pública de Medio Ambiente pensando que me llamarían en breve y ha pasado más de un año y sigo sin destino”, explica. Su situación es peculiar. Con 43 años dejó su trabajo como informático y tras cursar un módulo de FP de Medio Ambiente entró en la Agencia Pública de la Junta, donde llevaba 20 años. “Me he presentado cinco veces a esta oposición y en las cuatro primeras no tenía puntos suficientes, el problema es que desde la de 2007 hasta la siguiente, que se anunció en 2017, pasaron 10 años”, señala.

Rogelio M. también se ha planteado tratar de buscar otro trabajo, pero él mismo se cuestiona: “¿Quién te va a contratar si le dices que en unos meses podrías marcharte?”. Con 63 años tampoco se plantea renunciar a un puesto que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado conseguir. “Ni se me ocurre pedir la jubilación o renunciar. Quiero trabajar y tengo derecho a la toma de posesión. Me da coraje que después de haberlo luchado tanto, no te den el destino”, añade. Como él, otros 947 opositores fantasmas aguardan en un limbo cada vez más angustiante.