El BCE advierte del mayor riesgo de inestabilidad financiera por una “recesión técnica”

La palabra recesión ha dejado de estar ya prohibida. Eso sí, se abre hueco en las instituciones europeas acompañada de una precisión: será “técnica”. Es decir, no durará más de seis meses. A las puertas de otro Consejo de Gobierno clave, el Banco Central Europeo (BCE) admite ya que los países de la moneda única entrarán en terreno negativo. “Nuestra evaluación es que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado, a la vez que es más probable una recesión técnica en la zona euro”, ha afirmado el vice...

La palabra recesión ha dejado de estar ya prohibida. Eso sí, se abre hueco en las instituciones europeas acompañada de una precisión: será “técnica”. Es decir, no durará más de seis meses. A las puertas de otro Consejo de Gobierno clave, el Banco Central Europeo (BCE) admite ya que los países de la moneda única entrarán en terreno negativo. “Nuestra evaluación es que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado, a la vez que es más probable una recesión técnica en la zona euro”, ha afirmado el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos. El informe Financial Stability Review, publicado este miércoles por la entidad, traza un panorama poco alentador: hogares y empresa afrontan mayores dificultades a causa del debilitamiento de la economía, la inflación más elevada y las condiciones financieras más duras.

La Comisión Europea avisó ya la semana pasada de que la zona euro se dirige hacia una recesión técnica. El BCE todavía se guía por los trabajos de septiembre de sus economistas, cuyo escenario central es aún de un crecimiento del 0,9% para el conjunto de 2023. Pero ya entonces la alternativa pasaba por una recesión a causa de la crisis energética que ha amplificado la guerra en Ucrania. A la espera de las nuevas proyecciones que se publiquen en diciembre, la autoridad monetaria, sin embargo, se vale de las previsiones formuladas por el sector privado para constatar el deterioro en las previsiones. Y si en mayo estas indicaban que la economía crecería en 2023 un 3%, ahora señalan una contracción del 0,1%. A su vez, los augurios sobre la inflación van al alza: del 2,4% al 5,3%. “Los ciudadanos y las empresas ya están sintiendo el impacto de la creciente inflación y la ralentización en la actividad económica”, sostiene Guindos.

La vulnerabilidad afecta, primero, a los hogares. En especial a los más desfavorecidos, que son los que más cargan con la losa de la subida de precios y de los tipos de interés. El BCE cree que las familias con los ingresos más bajos pueden incluso incurrir en el impago de sus deudas. Ello se debe, según el informe, a que esos hogares destinan una media del 70% de sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas, mientras que esa proporción baja al 34% en las rentas medias, dejando espacio a la compra de otros bienes como automóviles. Por ello, el BCE estima que un alza de precios del 10% que no se compense con un mayor salario se traduce en una reducción de más del 20% para esas familias. En cambio, para quienes tienen unos ingresos medios esa disminución es del 5%. “Los hogares con colchones financieros más pequeños, para los cuales los costes de los alimentos y la energía representan una gran parte del gasto, se han visto particularmente afectados por los altos aumentos en ambos componentes en 2022 y podrían verse sobrecargados rápidamente”, indica el informe.

No solo las familias y empresas son vulnerables al temporal. El actual contexto económico también puede golpear a gobiernos. El informe, de hecho, hace una triple advertencia a las Administraciones públicas. La primera, sobre el empeoramiento de sus haciendas por la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de las condiciones financieras después de lanzar un paquete fiscal que, en el conjunto de la zona euro, asciende ya al 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022. Dos: considera que “la mayoría de esas medidas” son universales, y no dirigidas a la población y empresas más afectadas por la inflación. Y tres: pide que las medidas que adopten los gobiernos “no interfieran con la normalización de la política monetaria”. Es decir, que no provoquen más inflación.