La nueva tarifa regulada de la luz restringirá aún más el acceso para empresas

La reforma de la tarifa regulada de la electricidad, sometida ahora por el Gobierno a consulta pública, restringirá aún más el acceso a las empresas. Aunque pensada para hogares, aún quedan muchas compañías acogidas a esta modalidad tarifaria —creada en 2014—, de ahí que uno de los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sea delimitar aún más el acceso, para que solo las de menor tamaño puedan quedar bajo ese paraguas. Según informa eldiario.es, aún quedan “dece...

La reforma de la tarifa regulada de la electricidad, sometida ahora por el Gobierno a consulta pública, restringirá aún más el acceso a las empresas. Aunque pensada para hogares, aún quedan muchas compañías acogidas a esta modalidad tarifaria —creada en 2014—, de ahí que uno de los objetivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sea delimitar aún más el acceso, para que solo las de menor tamaño puedan quedar bajo ese paraguas. Según informa eldiario.es, aún quedan “decenas de miles de empresas” en ese mercado, al que solo podrán acceder las firmas con 10 empleados o menos y con una facturación máxima de dos millones de euros.

En su versión actual, la tarifa regulada da cabida a todos los puntos de suministro con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios. En la práctica, ese filtro deja fuera a un gran número de empresas, que necesitan una potencia mucho mayor, pero no a algunas pymes, para las que sí es suficiente. La patronal del sector eléctrico, Aelec, que lleva años pugnando por reducir el mercado regulado a su mínima expresión, es una de las partes que más han presionado para que las empresas no puedan acogerse a él.

Restringir al máximo el acceso de las compañías es, sin embargo, una parte pequeña de la reforma de la tarifa PVPC (las siglas de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor). El borrador de la reforma, exigida por Bruselas la pasada primavera a cambio de la aprobación de la excepción ibérica y que ahora está abierta a las peticiones y recomendaciones de todas las partes interesadas, debería alumbrar un nuevo esquema tarifario a principios de 2023. El objetivo último de la reforma es que quienes están en el mercado regulado, históricamente más económico, pero que en los últimos meses ha sufrido en mayor medida el estallido de precios de la luz, vean reducida la volatilidad de su factura. El método elegido será vincularlas al precio esperado de la electricidad en un futuro y no solo al mercado al contado, mucho más expuesto a vicisitudes de corto plazo como la cotización del gas natural.

La propuesta del Gobierno pasa por rebajar de un 27% a un 17% la oscilación en el precio de la luz entre las horas más caras y las más baratas del día. Los cambios permitirán, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “reducir la volatilidad, permitiendo que las referencias de los precios de la electricidad a futuro, que en principio son más bajos que los actuales, nos aseguren una estabilidad mayor”. El Ejecutivo calcula en algo más de 297 millones de euros el ahorro para la economía en su conjunto si este nuevo sistema se hubiese aplicado en los cuatro últimos años.