El Gobierno se compromete a rebajar la factura de 1,6 millones de hogares con caldera comunitaria

El plan de contingencia energética aprobado este martes por el Consejo de Ministros se compromete a “reducir” la factura del gas para 1,6 millones de hogares que cuentan con una caldera comunitaria y que no están pudiendo acogerse a la tarifa regulada del gas (TUR), mucho más económica que las del mercado libre. El Gobierno, sin embargo, no precisa cómo conseguirá esa rebaja —si será vía fiscal o engordando el déficit del sistema— y se l...

El plan de contingencia energética aprobado este martes por el Consejo de Ministros se compromete a “reducir” la factura del gas para 1,6 millones de hogares que cuentan con una caldera comunitaria y que no están pudiendo acogerse a la tarifa regulada del gas (TUR), mucho más económica que las del mercado libre. El Gobierno, sin embargo, no precisa cómo conseguirá esa rebaja —si será vía fiscal o engordando el déficit del sistema— y se limita a afirmar que ofrecerá más concreción “en las próximas semanas”. Una lectura detallada del documento, sin embargo, invita a pensar en que el dinero para sufragar la medida saldrá del erario: “El Estado adoptará las medidas presupuestarias necesarias para su financiación”, a pesar de que las cuentas públicas recién publicadas no incluyen ninguna partida de gasto para este fin.

“Estamos ultimando cómo hacerlo”, ha afirmado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al consejo. “Es el momento de buscar una solución para las calderas comunitarias, que consumen más de 50.000 kilovatios hora al año y que, por tanto, quedan fuera de la tarifa regulada”, apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Ejecutivo también promete un mayor alcance (en número de hogares acogidos) tanto del bono social eléctrico como del bono social térmico, así como nuevas ayudas fiscales para aumentar la eficiencia energética en viviendas.

El plan contiene 73 medidas estructuradas en seis bloques —ahorro y eficiencia; impulso de la transición energética; protección de los consumidores vulnerables, de los hogares y de las empresas; fiscalidad; autonomía estratégica; y solidaridad con el resto de vecinos de la UE—, y se fija un objetivo de reducción del consumo de gas natural de entre el 5,1% y el 13,5% entre agosto de este año y marzo del que viene en comparación con la media de ese periodo en los cinco últimos ejercicios. Para lograrlo, ha afirmado Ribera, confluyen las medidas ya adoptadas —que aportan un descenso del 4,6%— y las nuevas. A pesar de que ha sostenido que los precios “son un incentivo claro”, ha reconocido: “No queremos conseguir el objetivo por una destrucción de la demanda, sino por aumento de eficiencia”.

España se ha comprometido con Bruselas a un tajo de al menos el 6,4% en la demanda gasista. Un objetivo que, de momento, no está pudiendo cumplir por el mayor tirón de las centrales de ciclo combinado para producir electricidad, que están echando por tierra las caídas en el consumo de industria y hogares. Fuentes ministeriales descartan que ese incremento de la demanda en los últimos meses responda a la introducción de la excepción ibérica y lo achacan, más bien, al fuerte aumento de las exportaciones de electricidad tanto a Francia —que tiene casi la mitad de su capacidad nuclear parada— como a Portugal —muy dependiente de la hidráulica, ahora afectada por la sequía—.

Según sus cálculos, España está aportando alrededor del 35% de la electricidad total consumida en las últimas semanas por el país luso y “entre un 4% y un 5%” de lo que consume Francia. “España se ha convertido en una batería para el sistema eléctrico portugués y en una garantía para la seguridad de suministro eléctrico francesa”, ha apuntado la vicepresidenta. “Esto, junto con la sequía, explica en gran medida el incremento en el consumo de gas natural en el sistema eléctrico. Si se descuentan esas exportaciones, se ha producido una disminución muy significativa en el gas utilizado para generar electricidad en España”.

Tal como adelantó EL PAÍS a finales de septiembre, el plan de contingencia publicado este martes obliga a una revisión técnica de todo el alumbrado exterior, tanto el que está a cargo de la Administración General del Estado como el que está bajo el paraguas de las comunidades autónomas o de los Ayuntamientos, pero no establece ningún tipo de límite sobre las luces de Navidad. “Si el alumbrado navideño es uno de los puntos en los que los Ayuntamientos pueden ahorrar, bienvenida sea [esa reducción]. Lo que planteamos es un marco de corresponsabilidad de las administraciones públicas”, explican desde el Ejecutivo.

Más claridad sobre el tope al gas en las facturas

El plan, como también adelantó este diario, contempla una herramienta para que los hogares puedan comparar su consumo respecto al de sus vecinos con el objetivo de incentivar el ahorro. El ministerio, además, obligará a las eléctricas a informar con claridad de la compensación derivada del tope al gas —la llamada excepción ibérica—, un precepto que hasta ahora apenas se detallaba en las facturas.

En el plan presentado este martes, el Gobierno se compromete, además, a publicar boletines mensuales de evolución del consumo de gas y electricidad, así como del impacto de la excepción ibérica y del grado de cumplimiento de los planes de ahorro de las comunidades autónomas y las grandes empresas. Las autonomías se han comprometido con el ministerio a publicar sus propios textos antes del 1 de diciembre, y ahora la meta del Ejecutivo es involucrar también a las compañías de mayor tamaño: “Hacemos un llamamiento para que presenten planes individuales de eficiencia”.

En enero, el Ejecutivo empezará a sentar las bases de un nuevo “proceso de planificación” de la red eléctrica con el objetivo de aumentar su flexibilidad e integrar más renovables. Una nueva hoja de ruta que irá de la mano de la meta de renovables recogida en la segunda versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que verá la luz el año que viene y que incluirá un fuerte incremento tanto en eólica como —sobre todo— en solar fotovoltaica.

Más dinero para autoconsumo de los fondos europeos

El autoconsumo se mantiene como uno de los ejes troncales del Ejecutivo para tratar de reducir todo lo posible la dependencia energética del exterior y poder maximizar los remanentes de energía para ayudar a los países vecinos. Con la primera tanda de ayudas a la instalación doméstica de placas solares (900 millones de euros) “cerca de terminarse”, según fuentes ministeriales, el plan de contingencia incluye una nueva dotación de 500 millones en subvenciones procedentes de los fondos europeos.

El ministerio prevé alcanzar los 4,5 gigavatios (GW) de potencia instalada en los tejados de hogares y empresas. Según sus cálculos, el 90% de esos paneles se han colocado en los cuatro últimos años, los transcurridos desde la derogación del impuesto al sol puesto en marcha en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).

Suministro energético garantizado en España

“España no está en la misma situación que el resto de Europa”, ha afirmado Ribera tras el Consejo de Ministros. Fuentes de su departamento aluden, sobre todo, al abastecimiento mucho más diversificado, que infunde una gran tranquilidad de cara al próximo invierno. “A diferencia de otros socios europeos, nosotros no dependemos de las importaciones energéticas rusas. Tenemos garantizado el suministro. De hecho, estamos exportando electricidad, gas natural y productos petrolíferos”, enfatizan. “Estamos mucho mejor preparados que el resto para hacer frente a la crisis”.

Más allá de la mayor capacidad de regasificación —lo que le permite traer gas natural licuado por barco desde cualquier rincón del planeta—, el Ejecutivo destaca el buen ritmo de llenado de los depósitos, que ahora están al filo del 92% y que se compromete que alcancen el 94% el 1 de noviembre, cuando empieza la temporada de frío.