El Gobierno mejora su propuesta de aumento salarial para los funcionarios: un 9,5% en tres años

Un día después de que el Ministerio de Hacienda pusiese sobre la mesa una primera propuesta de ampliación salarial para los empleados públicos del 8% durante los próximos tres años —que afectará a más de tres millones de trabajadores—, ha subido la apuesta. En un segundo encuentro con los sindicatos celebrado este jueves, el departamento que dirige María Jesús Montero ha retocado el aumento estimado inicialmente hasta elevarlo al 9,5% al final del trienio, tras elevar las alzas de los dos últimos ejercicios: la de 2023 ha pasado a ser del 3,5% (un punto más), y del 2,5% en 2024 (medio punto por encima). Ambos porcentajes combinan subidas fijas y otras variables derivadas de las cláusulas de revisión. Para 2022 se mantiene la voluntad de aumentar en un 1,5% adicional el 2% que ya se contempla actualmente en los Presupuestos Generales del Estado (y que da como resultado un 3,5%).

Si bien la primera toma de contacto de los representantes sindicales de los trabajadores públicos fue buena, todos ellos —acudieron miembros de UGT, CC OO y CSIF—, la calificaron de insuficiente. Precisamente porque consideraban que tanto el 2,5% planteado para 2023, como el 2% de 2024 eran insuficientes. 24 horas después (la reunión ha comenzado a la misma hora, pero se ha extendido algo más de dos horas), el Gobierno ha tomado nota de las reclamaciones y ha modificado los incrementos de los dos próximos ejercicios. El 3,5% de 2023 está compuesto, eso sí, por un aumento fijo del 2,5%, más dos variables del 0,5% que corresponden a dos cláusulas de revisión sobre la base de la evolución del IPC y del PIB. El 2,5% de 2024 se compone de un 2% y un 0,5% variable ligado a la inflación.

“Nos hubiera gustado que se llegase un poco más allá, pero valoramos que esta nueva propuesta suponga un avance respecto a la anterior”, ha celebrado Humberto Muñoz, coordinador del Área Pública de CC OO. “Reclamábamos del Gobierno un esfuerzo adicional que amortigüase, al límite de las posibilidades, los efectos de la inflación. Ha habido un avance muy significativo, y nos parece que es razonablemente realista”, se ha felicitado Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos. Desde este sindicato avanzan que someterán a evaluación de los órganos internos la nueva propuesta, pero que, es “prácticamente seguro” que la aceptarán.

A pesar de la subida, desde CSIF siguen creyendo que existe más margen de mejora. “Seguimos considerándolo insuficiente. El incremento del IPC está por encima del 10%, por lo que vamos a pedir un esfuerzo al Gobierno para tratar de llegar a estas cifras. Tenemos la esperanza de que todavía se pueda mejorar en algunos aspectos”, ha indicado Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CSIF.

Desgaste acumulado

Los sindicatos apelan al poder adquisitivo perdido por la plantilla pública en la última década, y a un empeoramiento de las condiciones de trabajo que se ha visto expuesta durante la pandemia. Consideran que, tras un esfuerzo como el que han venido realizando en los últimos dos años, el Gobierno debe apostar por una mejora de sus estructuras. Los datos que manejan alertan de una pérdida de poder de compra cercana al 20%. Y en medio de un contexto inflacionista como el actual, temen que su situación pueda empeorar.

Sindicatos como CSIF ya se han manifestado en las calles reclamando una mejora salarial de los empleados públicos. Miles de personas protestaron en Madrid la semana pasada por la situación en la que se encuentra un colectivo que rebasa los tres millones y medio de trabajadores, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que otorga a las Administraciones el título de mayor empleador de España.

A pesar de que esta segunda propuesta tiene visos de no alterarse nuevamente, el Gobierno ha citado nuevamente a los sindicatos el próximo lunes para seguir negociando.