Impuestos cedidos a las comunidades: una década de competencia fiscal a la baja
Las primeras rebajas en sucesiones y donaciones causaron un efecto dominó que se contagió a otros tributos. Madrid es la autonomía donde menos se paga
Andalucía, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana... En los últimos días los barones autonómicos han anunciado un sinfín de rebajas fiscales, justificándolas como medida contra la inflación galopante o esgrimiendo el común —y no por eso comprobado— mantra de que el dinero está mejor en el bolsillo del consumidor. Independientemente de la razón, estos movimientos vuelven a alimentar la carrera fiscal a la baja entre comunidades, que empezó hac...
Andalucía, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana... En los últimos días los barones autonómicos han anunciado un sinfín de rebajas fiscales, justificándolas como medida contra la inflación galopante o esgrimiendo el común —y no por eso comprobado— mantra de que el dinero está mejor en el bolsillo del consumidor. Independientemente de la razón, estos movimientos vuelven a alimentar la carrera fiscal a la baja entre comunidades, que empezó hace más de una década con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y de la que Madrid ha hecho su bandera. Hoy en día, es la autonomía donde menos impuestos se pagan.
“En los últimos 10 años ha habido un efecto dominó, también llamado efecto frontera: si una comunidad rebajaba el impuesto de sucesiones y donaciones, las colindantes también lo hacían para evitar que sus ciudadanos se trasladaran”, explica el fiscalista Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas (CGE). “Luego fue la bajada en la escala autonómica del IRPF y la bonificación de patrimonio en Madrid”.
Impuesto sobre la Renta. El IRPF es un impuesto compartido entre el Estado y las comunidades, que pueden regular la escala autonómica, el mínimo exento familiar y personal y aprobar deducciones. Actualmente, Madrid es la comunidad con los tipos más bajos para todas las rentas: con cinco tramos, la tarifa mínima queda en el 8,5% y la máxima en el 20,5% —18% y 45%, respectivamente, sumando el tramo estatal—. La Comunidad Valenciana es la que más grava a las rentas altas, con un tipo marginal máximo del 54%, y Cataluña tiene la tarifa mínima más elevada, del 20%.
Este panorama cambiará en el futuro, ya que en las pasadas semanas ha habido una avalancha de anuncios de rebajas en el IRPF autonómico. El último ha llegado este martes desde la Comunidad Valenciana: remodulará la tarifa autonómica del IRPF para este año para beneficiar a las rentas inferiores a los 60.000 euros, elevará el mínimo exento al 10% —el límite máximo consentido— y las deducciones y bonificaciones, además de ampliar los criterios para acceder a ellas. Es la única comunidad del PSOE que ha anunciado medidas en renta; todas las autonomías del PP (Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla y León) tienen ya previsto deflactar o rebajar el impuesto.
Sucesiones y donaciones. Ha sido el laboratorio de la competencia fiscal entre autonomías. Es un gravamen estatal, totalmente cedido a las comunidades, que pueden cambiar la tarifa, las cuantías y los coeficientes, las reducciones, deducciones y bonificaciones. Y lo llevan haciendo, a la baja, más de una década. “En las adquisiciones mortis causa, en el panorama autonómico actual se vislumbra una tendencia a disminuir significativamente el gravamen aplicable a los parientes más próximos hasta llegar, en algunos casos, a la práctica supresión del mismo”, señala el informe Tributación Autonómica 2022, del Ministerio de Hacienda. Las seis comunidades que prácticamente han suprimido el gravamen, sin fijar límites de importes, son Cantabria, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid y Castilla y León. En las donaciones la tendencia es la misma. Cantabria, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León prácticamente no cobran el impuesto para los familiares directos. Asturias y Comunidad Valenciana son las únicas que no contemplan beneficios que rebajen el gravamen de forma significativa.
Para poner un ejemplo: un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por 800.000 euros, de los que 200.000 son de vivienda habitual, pagaría más de 100.000 euros en Impuesto de Sucesiones en Asturias, seguida por Comunidad Valenciana y Aragón; en Andalucía, Cantabria y Galicia no debería abonar nada, según el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral del REAF-CGE. Si esos 800.000 euros se donaran en vida, el mayor impuesto habría que pagarlo en Extremadura; en Cantabria la factura sería cero.
Patrimonio. También este impuesto está cedido a las comunidades, que pueden modificar el mínimo exento, el tipo de gravamen y aplicar bonificaciones y deducciones. Madrid es la única autonomía que lo bonifica al 100% —es decir, no recauda nada por ello—, pero pronto tendrá compañía. Andalucía (PP) acaba de anunciar que lo bonificará al 100%. Murcia, también gobernada por el PP, aseguró que quiere moverse en la misma dirección y Galicia, del mismo color político, se ha comprometido a una rebaja del 50%. En cambio, el Gobierno ha anunciado la creación de un nuevo impuesto para las grandes fortunas.
“Ahora hay un efecto llamada, pero habrá que ver si el modelo Madrid funciona en otro lugar. Madrid es especial: es la sede de los organismos públicos, de muchas empresas... Es la capital”, matiza Gimeno. “Parece más complicado que Andalucía pueda atraer a un número suficiente de rentas altas para compensar la bajada en patrimonio con un aumento en IRPF o IVA. Algo recuperará, pero esto no es una fórmula matemática”.
Transmisiones patrimoniales. El ITP es el impuesto cedido que más recauda (unos 6.600 millones en 2019, según Hacienda, frente a los 2.300 de sucesiones y donaciones, el segundo que más ingresos brinda) y el que menos competencia a la baja ha tenido. Madrid es, una vez más, la comunidad que aplica el tipo general más bajo (6%) a las transmisiones de bienes inmuebles, seguida por Canarias (6,5%), Andalucía y La Rioja (7%); Cantabria y Comunidad Valenciana tienen un 10%; en otras comunidades varía en función del inmueble, con tipos que alcanzan el 11,5% en Baleares y del 11% en Extremadura.