El impuesto global a las multinacionales se atasca por las reticencias políticas en EE UU y la UE

2023 no será el año en que las grandes multinacionales paguen más impuestos. El nuevo marco fiscal que prepara la comunidad internacional se retrasa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que coordina las negociaciones con el G-20 y que había marcado el año que viene para lograr ese objetivo, acaba de consensuar un calendario “más realista” que apunta a 2024. El retraso se debe a que todavía no se han ...

2023 no será el año en que las grandes multinacionales paguen más impuestos. El nuevo marco fiscal que prepara la comunidad internacional se retrasa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que coordina las negociaciones con el G-20 y que había marcado el año que viene para lograr ese objetivo, acaba de consensuar un calendario “más realista” que apunta a 2024. El retraso se debe a que todavía no se han disuelto algunos de los nudos gordianos que atascan las conversaciones, en las que participan más de 130 países. Los escollos vienen de ambos lados del Atlántico. Y no son solo técnicos.

Tanto en Estados Unidos, sede de las mayores multinacionales del mundo, como en la Unión Europea, donde hay países que ejercen una competencia fiscal feroz, aparecen elementos que dificultan la aprobación de las nuevas reglas. Las actuales, vigentes desde hace un siglo, se han quedado viejas. Están basadas en un mundo empresarial que desaparece. Se asientan en la presencia física en un territorio y ese concepto, con el avance de la globalización y la revolución digital, ya no sirve.

El objetivo del nuevo marco es doble: limitar la carrera a la baja en el impuesto de sociedades, fijando un tipo mínimo efectivo del 15%, y obligar a las grandes multinacionales a pagar una porción justa de impuestos también en aquellos países donde no tienen presencia física, pero sí hacen negocio. Dicho de forma simple, que Amazon o Facebook obtienen paguen impuestos en España por lo que venden y, por tanto, ingresan en España.

“Establecimos deliberadamente un cronograma muy ambicioso para mantener la presión, y creemos que eso ha ayudado a mantener el impulso”, dijo en mayo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Entonces advirtió de que había “discusiones difíciles en curso” y que “lo más probable” era que la implementación práctica llegara “a partir de 2024″, un supuesto confirmado a mediados de julio en un informe del organismo entregado a los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G-20.

Obstáculos

En la UE, todo estaba pensado para que el tipo mínimo se aprobara durante la primera mitad de este año. Francia, que presidió el Consejo de la UE de enero a junio, puso todo su empeño en sacarlo adelante, pero chocó con dos obstáculos sucesivamente. Primero se topó con el veto de Polonia: apuntaba Varsovia que no era justo aprobar esta parte de la reforma fiscal internacional sin que avanzara en paralelo la otra pata. El argumento y el veto se disolvieron en junio, unas semanas después de que la Comisión Europea diera luz verde a su plan de recuperación. La unanimidad requerida para aprobar normas fiscales en la UE parecía lograda, pero entonces levantó el brazo Hungría —uno de los países que más peros pusieron el pasado octubre en las negociaciones globales y que tiene el tipo de sociedades más bajo de la UE— para detener el nuevo reglamento. Ahora es turno de la presidencia checa para tratar de sacar la norma adelante, algo que aparece entre sus prioridades de este semestre.

Mientras tanto, varios países han incorporado a sus legislaciones nacionales un suelo en el impuesto de sociedades, como España o EE UU, que acaba de darle luz verde en la ley de Reducción de la Inflación. La OCDE calcula que la recaudación mundial crecería en más de 100.000 de euros si se alcanzara un acuerdo global sobre un tipo mínimo del 15%, pero si fracasara podrían adoptarse soluciones unilaterales.

“Contrariamente a la opinión general, un impuesto mínimo efectivo no requiere un pacto global”, señala un estudio publicado en 2021 por el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por el economista Gabriel Zucman. “Si no se lograra un acuerdo internacional sobre un tipo mínimo ambicioso, es posible que un solo país (o un grupo de países) decidiera adoptar unilateralmente un impuesto mínimo de sociedades elevado”, lo que presionaría a otros Estados a hacer lo mismo, añade. El mismo director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, dijo recientemente al Financial Times: “Cuando piensas seriamente en el pilar dos [el tipo mínimo del 15%] te das cuenta de que va a suceder de todos modos”.

Más ampollas levanta la otra pata del acuerdo, que sí necesitaría de un consenso global. “Son negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos nuevos conceptos que reforman de manera fundamental los regímenes fiscales internacionales”, admitió dijo Cormann en julio. El esquema que se quiere aprobar afectaría a las mayores corporaciones del globo, con facturación superior a los 20.000 millones y más del 10% de rentabilidad, que deberán pagar un cuarto de los beneficios que exceden ese 10% en los países donde operan, aunque no estén físicamente en el territorio. Eso permitirá redistribuir de forma más justa 125.000 millones.

Este mecanismo afectaba inicialmente a las grandes tecnológicas. Por eso se bautizó como tasa Google y se chocó de bruces con EE UU, meca de las principales multinacionales digitales. La tensión creció durante el mandato de Donald Trump y fue la Administración de Joe Biden, atenazada por la elevada factura de la covid y cercada por la multitud de voces que exigían mayor justicia fiscal —hasta el FMI recomendó subir impuestos a las empresas con beneficios excesivos—, quien resucitó las conversaciones. Sin embargo, pronto podría llegar otro revés: las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en la que los demócratas podrían quedarse sin mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Además, los países europeos como España que tienen en vigor un impuesto digital se han comprometido con EE UU —que exige su eliminación— a retirarlos a finales de 2023 o en cuanto entre en vigor la solución multilateral. Fuentes gubernamentales aseguran que no habido ningún cambio en este sentido pese a los retrasos en el acuerdo global.

Ingresos adicionales

El retraso de un año puede parecer una cuestión menor para la reforma de una estructura que lleva asentada un siglo. Pero lo cierto es que los trabajos de la OCDE y el G-20 ya llevaban ocho años en marcha cuando el año pasado se anunció a bombo y platillo que se había llegado un “acuerdo histórico”, en un momento en el que las arcas públicas necesitaban ingresos adicionales para pagar los costes derivados de la covid. Ahora, es la crisis energética que tensiona las cuentas nacionales.

Los datos hablan por sí solos: los Gobiernos pierden entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año por la elusión fiscal de las grandes compañías, equivalente a entre el 4% y el 10% de la recaudación global por el impuesto de sociedades, según la OCDE. El auge de la globalización y el auge de toda una industria especializada en diseñar esquemas para rebajar el pago de impuestos ha agravado el problema en los últimos años, pero nada de esto sería posible sin los paraísos fiscales y los territorios con fiscalidad agresiva —el organismo independiente Tax Justice Network estima que las multinacionales desvían ahí 1,19 billones de dólares cada año—, algunos de ellos en el mismo corazón de Europa. Su mera existencia también tiene otro efecto colateral: ha exacerbado la competencia fiscal entre Estados, haciendo caer en picado del tipo nominal del impuesto de sociedades, que en Europa ha pasado del 50% de media en 1985 al 21% en 2020.

De este efecto dominó tampoco se ha librado España, donde el impuesto de sociedades se ha convertido en un queso gruyere, lleno de exenciones y deducciones, que recauda la mitad que hace 15 años y cuyo tipo nominal ha caído en más de siete puntos. En 2019, último dato disponible, las 124 mayores multinacionales españolas rebajaron su tributación global hasta el 16,7% de sus beneficios, y 23 de ellas solo pagaron el 2,6%.

“Seguiremos trabajando lo más rápido posible para finalizar este proyecto, pero también usaremos todo el tiempo que sea necesario para que las normas sean correctas”, aseguró Cormann en julio. “Estas reglas determinarán nuestros regímenes fiscales internacionales durante las próximas décadas. Es importante que sean idóneas”.