Iberdrola afronta la junta de accionistas más tensa de la ‘era Galán’

Iberdrola, como la mayoría de empresas del Ibex 35, lleva años acostumbrada a que sus juntas generales de accionistas sean poco menos que un paseo triunfal: las tesis de la dirección —y, por extensión, del consejo de administración— se imponen con holgura y la resistencia es residual entre sus dueños. Pocos creen que esa situación vaya a dar un giro de 180 grados en el cónclave que la mayor eléctrica española celebrará este viernes en Bilbao, pero la sucesión de acontecimientos de los últimos meses —...

Iberdrola, como la mayoría de empresas del Ibex 35, lleva años acostumbrada a que sus juntas generales de accionistas sean poco menos que un paseo triunfal: las tesis de la dirección —y, por extensión, del consejo de administración— se imponen con holgura y la resistencia es residual entre sus dueños. Pocos creen que esa situación vaya a dar un giro de 180 grados en el cónclave que la mayor eléctrica española celebrará este viernes en Bilbao, pero la sucesión de acontecimientos de los últimos meses —la imputación de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por el caso Villarejo; el no provisional recibido por el regulado de Nuevo México a la compra de PNM Resources, aludiendo indirectamente al caso del comisario jubilado; y el sonoro patinazo de principios de mayo, cuando el primer ejecutivo llamó “tontos” a los usuarios del mercado regulado— han tensado el ambiente, añadiendo un punto de picante a un foro que, en condiciones normales, sería una balsa de aceite.

El orden del día de la junta contempla una veintena de propuestas, entre ellas modificaciones en los estatutos, la tradicional aprobación de las cuentas anuales, el estado de información no financiera, la aplicación del resultado de 2021 y dos nuevas ediciones del sistema de dividendo. También la reelección de varios consejeros independientes: la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina (PP), al antiguo embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea Anthony L. Gardner y la exdirectora general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia María Ángeles Alcalá Díaz.

Consciente de que necesitará, más que nunca, ser arropada por los accionistas minoristas, que tienen una propensión muy alta a votar a favor de las propuestas del consejo, la dirección de Iberdrola ha anunciado un dividendo extra de 0,005 euros por acción para sus 600.000 accionistas si al menos el 70% de estos acuden a la junta, un movimiento sin precedentes entre los grandes nombres del parqué español. La eléctrica es la mayor cotizada del Ibex, por delante del coloso gallego del textil Inditex.

Con las cuentas en la mano, la Junta debería ser todo menos tormentosa: la buena marcha de su negocio en Estados Unidos y Brasil, dos mercados que no han dejado de ganar peso específico en los últimos años, han llevado a su presidente a confirmar su previsión de beneficios anuales, hasta cerca de 4.000 millones de euros. En el primer trimestre, la eléctrica se anotó un beneficio superior a los 1.000 millones, un 3% más que en el mismo periodo de 2021. Y en el conjunto del ejercicio pasado ganó 3.885 millones, un 8% más que en 2020.

El problema no está ahí. Tampoco en el rumbo estratégico: nadie duda de que el foco en renovables e hidrógeno verde dará réditos. La mayor contestación está, más bien, en el terreno reputacional; en el daño que supone ver el nombre asociado a polémicas y, sobre todo, casos judiciales en curso. También en el lastre que este nuevo escenario puede suponer para futuras operaciones corporativas: la negativa estadounidense a la operación de PNM, aunque aún reversible, da buena cuenta de ello.

El sí de los grandes accionistas —los fondos soberanos catarí (8,7%) y noruego (3,4%), y el gigante estadounidense BlackRock (5,1%)— a las propuestas del consejo se da por descontado este viernes. La duda está, más bien, en los llamados proxy advisors: las firmas que se encargan de aconsejar el sentido del voto de los fondos (sobre todo, de pensiones) que están en el capital en calidad de inversores financieros y que no siguen el día a día de la empresa.

El estadounidense Institutional Shareholder Services (ISS) recomienda el sufragio afirmativo a las propuestas. Pero el español Corporance ha dejado caer su preferencia por el voto en contra. “Algunos inversores se han dado cuenta de que el tema reputacional ya está afectando a los negocios”, decía hace un mes a EL PAÍS su fundador y máximo responsable, Juan Prieto, quien reclama, además, un plan de sucesión transparente de Sánchez Galán. El ejecutivo salmantino cumplirá 71 años en otoño.