Ultimátum de los transportistas ‘leales’ al Gobierno: o aprueba subvenciones al gasóleo o también pararán

Las asociaciones mayoritarias darán libertad a sus empresas para respaldar la huelga si el Ejecutivo no anuncia este lunes ayudas directas para el sector como en Francia

Un grupo de transportistas gallegos circulan con más de un centenar de camiones y vehículos agrarios, haciendo sonar la bocina para protestar por el alza de los precios del combustible, este lunes en Santiago de Compostela.Foto: Lavandeira jr (EFE) | Vídeo: EPV
Madrid -

Este lunes es un día crucial para dilucidar el conflicto que desde hace justo una semana mantienen miles de transportistas en protesta por la espectacular subida de los carburantes. Las asociaciones mayoritarias de transportistas, que hasta ahora se han opuesto al paro convocado por la denominada Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, van a darle un ultimátum al Gobierno: o aprueba de forma inminente subvenciones directas al precio del gasóleo para los camioneros o darán libertad a sus asociados para que se sumen a los paros, aunque como organización no suscriban la convocatoria.

Estas asociaciones aprovecharán la reunión que mantiene este lunes el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano representativo del sector que agrupa a la mayor parte de ellas, pero en el que no está representada la Plataforma, con las ministras de Economía, de Hacienda y de Transportes para plantearles la exigencia de que se aprueben esta misma semana subvenciones y ayudas directas a los transportistas como las que se acaban de decretar en Francia y Portugal, informaron a EL PAÍS fuentes del sector. De acuerdo con fuentes del Gobierno, se baraja la posibilidad de que las medidas que finalmente se adopten para poner fin a la crisis tengan carácter retroactivo, algo que aliviaría las cuentas del sector de los transportistas, afectado por las importantes subidas en el precio de los combustibles, especialmente tras la invasión de Rusia en Ucrania.

Las asociaciones mayoritarias de transportistas quieren que se replique en España el acuerdo alcanzado el pasado 18 de marzo entre el Gobierno francés y los transportistas galos, a los que se bonificará en las gasolineras con 15 céntimos por litro el gasóleo durante los cuatro próximos meses. Asimismo, se contempla en ese acuerdo una partida de ayudas públicas de 400 millones de euros que se repartirá a cada transportista, tanto de mercancías como de viajeros, en función de los vehículos que posea y de la capacidad de carga de cada uno de ellos, desde los 300 euros para cada furgoneta a los 1.300 euros para cada camión de gran tonelaje.

El CNTC es el único interlocutor que ha reconocido como válido el Gobierno desde el inicio del conflicto el pasado lunes 14 de marzo. En el mismo, están integradas según su representación las asociaciones de transportistas: la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) cuenta con el 63,9% de los votos; la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), con el 21,5%; la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), con el 10,5%; la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO), con el 6,8% y el resto se lo reparten media docena de asociaciones. La Plataforma del Transporte, nacida en 2007 de la unión de pequeñas empresas y autónomos, no está integrada en la CNTC al estimar que no representa al sector, porque en la misma solo están las asociaciones de los grandes transportistas, “con empresas que no tienen ni siquiera un camión y subcontratan todos los transportes para llevarse las comisiones”, en palabras del presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

Economía y Hacienda toman el mando

El Gobierno, pese a que en los últimos días ha lanzado el mensaje oficial de que los convocantes del paro son una “minoría de violentos que le hace el juego a la ultraderecha y a Putin”, es consciente de que el conflicto se le está yendo de las manos. La movilización de 24.000 policías y guardias civiles para garantizar los transportes frente a la acción de los piquetes no basta para calmar las quejas de industrias tan vitales como la agroalimentaria, siderúrgica o pesquera, que se ven abocadas a parar por falta de suministros. La imagen de estanterías de leche y aceite vacías en los supermercados desatada por la psicosis del desabastecimiento ha sido la puntilla que ha llevado a Moncloa a tomar cartas en el asunto.

La inoperancia del Ministerio de Transportes para detener las protestas, en gran parte por falta de competencias, ha llevado al Ejecutivo a mandar a sus pesos pesados para solucionar el conflicto. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se pondrán al frente de las negociaciones este lunes en una reunión decisiva con el CNTC. Fuentes del sector confían en que el anuncio de que, tras varias reuniones infructuosas y “vacías de contenido” con Raquel Sánchez, se sienten a la mesa Economía y Hacienda puede significar la aprobación de esas subvenciones en forma de descuentos en las gasolineras. Las asociaciones ya han advertido de que no esperarán a las ayudas fiscales prometidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de marzo.

Las grandes asociaciones como CETM o Fenadismer, que amenazaron con un paro patronal las pasadas Navidades, se habían mantenido al margen del actual conflicto tras negociar un decreto de medidas con el Gobierno que fue convalidado el 17 de marzo por el Congreso de los Diputados. Entre esas disposiciones, que sirvieron para desconvocar los paros navideños, se encuentran la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores o la obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte a la variación del precio del combustible. En el inicio del conflicto el pasado lunes, el CNTC se daba por satisfecho con ese decreto y solo exigía al Gobierno medidas de protección para garantizar la circulación de sus transportistas asociados, ante los actos violentos de los piquetes de la Plataforma.

Sin embargo, y según ha podido saber este diario por fuentes del sector, a medida que pasaba la semana, las asociaciones mayoritarias han podido comprobar cómo muchos de sus asociados se rebelaban contra esa postura pasiva frente al Ejecutivo y reclamaban una mayor beligerancia. Las continuas deserciones de empresas que se sumaron a finales de la semana a la huelga de la Plataforma, aunque no comparten los métodos violentos de los piquetes, hizo saltar la alarma entre los dirigentes de las asociaciones legales.

La gota que colmó el vaso fue la última reunión que mantuvieron el pasado jueves con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que esta se limitó a explicarles el dispositivo de seguridad montado por el Ministerio del Interior para proteger los convoyes y asegurarles que el Gobierno estaba dispuesto a adoptar medidas adicionales al decreto, pero sin concretar ninguna de ellas. Las asociaciones le hicieron llegar su malestar porque, aunque el decreto de medidas suponga un avance, había quedado totalmente desfasado por la subida del carburante experimentada en las últimas semanas tras la invasión de Ucrania por Rusia. Los camioneros reclaman medidas concretas ya: es decir, descuentos en las gasolineras cuando vayan a repostar y ayudas directas por cada vehículo.

Sobre la firma

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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