Los transportistas marchan por las calles de Madrid para reivindicar mejores condiciones laborales
Los camioneros reconocen progresos en el diálogo con el Gobierno, aunque exigen que plasme por escrito sus compromisos
Un estruendo de cláxones ha resonado este miércoles por las calles de la capital española. Una treintena de camioneros —el número máximo de vehículos permitido por el Gobierno— han participado en una marcha lenta de protesta convocada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) de Madrid, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y otras organizaciones empresariales, que adelanta ...
Un estruendo de cláxones ha resonado este miércoles por las calles de la capital española. Una treintena de camioneros —el número máximo de vehículos permitido por el Gobierno— han participado en una marcha lenta de protesta convocada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) de Madrid, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) y otras organizaciones empresariales, que adelanta el paro de tres días previsto entre el 20 y el 22 de diciembre. El objetivo de la concentración, bajo el lema SOS: El Transporte dice basta ya, era dar visibilidad a los problemas que sufre el sector del transporte de mercancías por carretera y denunciar la falta de medidas por parte del Ejecutivo. Movilizaciones similares han sido convocadas también en Córdoba, Almería, Valencia, y el jueves tocará a los distribuidores de Barcelona.
La patronal se encuentra actualmente en negociaciones con el Gobierno, con el que ya ha mantenido varias reuniones para evitar el paro en el sector. Entre sus reivindicaciones destacan la repercusión del encarecimiento del gasóleo a los clientes, la prohibición para el transportista de realizar operaciones de carga y descarga y la no aplicación de los peajes en las autovías. Los camioneros han reconocido avances en el diálogo, aunque admiten que todavía queda mucho camino por recorrer.
Según el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, esta semana ha habido un cambio de actitud radical por parte del Gobierno: “Hemos llegado a concretar que las medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los transportistas se aprobarán por decreto ley dentro de 60 días. Ahora lo que falta es concretar por escrito estas normas”. Antonio Villaverde, vicepresidente de Fetransa, también se muestra más optimista que hace un mes, pero al mismo tiempo advierte de que no es suficiente lo que se ha puesto por encima de la mesa. “Tendremos que analizar el documento que plasme estas medidas y seguir matizando para que no haya ninguna coletilla que perjudique los derechos de los trabajadores, sobre todo con respecto a la carga y a la descarga de la mercancía”, indica.
En Madrid, los camiones han transcurrido por la M-11, el nudo Norte, el Paseo de la Castellana —donde está la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana—, la Plaza de Gregorio Marañón, la calle María de Molina, hasta llegar a la M-30, la principal arteria de Madrid. El paso de la flota de camioneros ha complicado la circulación por estas zonas durante algunas horas.
No todas las patronales representadas en el Comité Nacional del Transporte de Mercancías han secundado la manifestación de este miércoles, como la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Federación Independiente de Transportistas (Feintra). El vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia, señala que la falta de asistencia por parte de la organización no supone una desvinculación a la iniciativa de la marcha, sino que se debe a cuestiones organizativas. “La movilización de este miércoles estaba planificada por asociaciones provinciales. Astic tiene como miembros directamente a empresas de transporte de todo el país y, por tanto, no forma parte del tipo de organizaciones provinciales que han adoptado esta iniciativa”, ha comentado. La asociación ha dejado claro que, al formar parte del Comité Nacional del Transporte, sí se sumará al cierre convocado para la semana que viene.
Los sindicatos también han advertido de que llevarán a cabo movilizaciones si el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las patronales no se sientan con ellos a resolver los principales problemas del sector. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ya ha defendido que el Gobierno ha dado solución a todas las reivindicaciones que la patronal de los transportistas ha pedido. Aunque todavía no ha detallado cuáles son las propuestas concretas, sí ha dicho que se trata de un paquete de diez medidas que marcan un hito histórico en la regulación del sector.
La subida del precio del combustible
El encarecimiento del carburante de más de un 30% ha dado el golpe final a un sector ya muy afectado antes de la pandemia, en el que los trabajadores llevan años apuntando al Gobierno por olvidarse de sus derechos. A pesar de que la ley establece que las empresas deben trasladar el aumento de las tarifas a los clientes, los conductores autónomos o empleados en pequeñas sociedades lamentan que el encarecimiento de la energía se ha repercutido sobre ellos.
La subida de los precios del combustible es la gota que ha colmado el vaso. Entre sus reivindicaciones, los transportistas exigen también la prohibición de realizar carga y descarga de los vehículos y la construcción de áreas de descanso seguras. Según el director general de CETM-Madrid, Jorge Somoza, aunque ha habido un escaso avance en las negociaciones, las posiciones de las dos partes siguen muy lejanas. “No es posible que un transportista después de jornadas de ocho horas de conducción tenga que descargar 24.000 toneladas de un camión con una transpaleta. Es una cuestión de seguridad”, apunta. El problema principal es que el sector está compuesto de pequeñas empresas y autónomos con escaso poder de negociación que ceden ante los clientes, que, en cambio, son más grandes y pueden imponer sus condiciones. Entre ellas, exigir al transportista que se encargue del desplazamiento de la mercancía una vez llegado a su destino.
Con respecto a las áreas de servicio, aunque el Gobierno se ha comprometido a ofrecer 20 millones de euros en ayudas para construir zonas de aparcamiento seguras de iniciativa privada, Somoza recalca que habrá que ver cómo, dónde y cuándo se implantará esta medida. El cuarto problema es el derivado de los futuros peajes. En este caso, el Ejecutivo se ha involucrado para que no se aplicará ningún gravamen sin el consenso del sector. Por su parte, el secretario de Fenadismer hace hincapié en la necesidad de poner negro sobre blanco esas declaraciones de voluntad. “Hace falta un compromiso por escrito. No vamos a desconvocar ningún paro antes de que se concrete esto”, advierte.