La OCDE advierte del impacto de la pandemia en las pensiones de los jóvenes

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos España, han lanzado amplias redes de seguridad ante la recesión provocada por la pandemia. Y a no ser que las presiones sobre las finanzas públicas persistan a raíz de las nuevas oleadas, han sido capaces de proteger a los actuales pensionistas. Sin embargo, la organización con sede en París cree que ...

Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos España, han lanzado amplias redes de seguridad ante la recesión provocada por la pandemia. Y a no ser que las presiones sobre las finanzas públicas persistan a raíz de las nuevas oleadas, han sido capaces de proteger a los actuales pensionistas. Sin embargo, la organización con sede en París cree que la crisis provocada por la covid-19 sí tendrá impacto —”pequeño” pero “visible”— sobre las prestaciones que percibirán los jóvenes cuando se jubilen, puesto que se han visto “gravemente afectados por los impactos económicos y sociales de la crisis” y podría afectar a sus carreras si la pandemia deja “cicatrices a más largo plazo”. Así lo recoge un informe en el que también señala que España está entre los países que afrontan “fuertes desafíos demográficos” que “afectarán la adecuación” de los ingresos para los jubilados, “la sostenibilidad financiera” o ambas cosas. La OCDE propone mecanismos de ajuste automáticos, si bien cree que el Índice de Revalorización de las Pensiones diseñado por el Gobierno del PP en 2013 fracasó por enmascarar una reducción continua de las prestaciones en términos reales (descontada la inflación).

La pandemia fundió los déficits y la deuda de las principales economías del mundo. El informe de la OCDE Pensions at a glance 2021 (Pensiones en un vistazo 2021) apunta que los gobiernos salvaron las pensiones de los actuales perceptores y probablemente también de muchos trabajadores gracias a los mecanismos de protección y retención de empleo (los ERTE, en España). A corto plazo, la covid-19 ha tenido una doble cara para el sistema de pensiones: el exceso de mortalidad de la covid-19 ha reducido el gasto en prestaciones para la población de más de 65 años en un 0,8% en el conjunto de los países de la OCDE entre enero de 2020 y agosto de 2021, pero también la tasa de nacimientos se ha reducido —y en el caso de España, de forma “significativa”— por la mayor incertidumbre sanitaria y económica. Aun así, el saldo inmediato para los Estados fue negativo, puesto que sufrieron una elevada presión en sus arcas públicas debido a que la recesión provocada por la pandemia hundió sus economías. Sin embargo, la OCDE estima que todas esas tensiones irán relajándose y que el impacto a medio plazo será “modesto”, aunque no nulo para todos los países.

Sin embargo, la OCDE sí cree que la pandemia tendrá un impacto sobre las pensiones de los jóvenes. No será mayúsculo, pero sí se notará. “La entrada al mercado laboral se ha vuelto mucho más difícil durante la crisis y las perspectivas profesionales de las generaciones más jóvenes han empeorado. Se espera que el impacto sobre las futuras pensiones de los actuales jóvenes sea pequeño, pero visible en cuatro décadas, cuando se hayan jubilado”, apunta. Es decir, el golpe es tanto para quienes trabajan como para quienes aguardan a incorporarse al mercado laboral. Esos empleados, señala el documento, están en los sectores “más afectados”, como la hostelería y la alimentación. Además, subraya que el empleo juvenil no ha recuperado aún nos niveles previos a la pandemia y recuerda que su acceso a prestaciones por desempleo es “limitado”. Quienes buscan su primer empleo, ven demorado su acceso a un mercado laboral que ofrece menores retribuciones. “Además de los efectos inmediatos, el retraso en el inicio de la carrera y la reducción de los ingresos también repercutirán en las futuras pensiones”, agrega el documento.

Hay otra tendencia, no obstante, que se ha producido en la última década al margen de la pandemia: la población sigue envejeciendo. El organismo señala que el ritmo en el que lo hará en los próximos 20 años, además, seguirá acelerándose. En algunos países lo hará más que en otros. En Grecia, Japón, Letonia, Lituania y Polonia la población en edad de trabajar se reducirá al menos en un tercio de cara a 2060. Pero el documento señala que también afrontarán un complejo desafío Estonia, Corea del Sur, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. La OCDE estima que para 2035 el gasto en pensiones se incrementará en un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

Necesidad de “consenso político”

El organismo con sede en París cree que los mecanismos de ajuste automáticos de las pensiones son “cruciales” para “ayudar a lidiar con el impacto del envejecimiento”. Sin embargo, advierte de que deben ser “sostenidos políticamente en el tiempo, también cuando cambian los gobiernos, para alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo”. Además, la OCDE considera que los sistemas “mal diseñados” pueden generar oposición y acabar siendo suprimidos o reformados. “Los mecanismos diseñados para enmascarar los recortes en las prestaciones en términos reales tienen más probabilidades de fracasar, ya que pueden generar una mayor presión sobre los responsables de formular políticas para suavizar su impacto o incluso abandonarlo por completo”, reza el informe.

Ahí la OCDE pone el ejemplo de España, que en 2013 introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) “sin un amplio consenso político”. Ese índice tenía como objetivo que las pensiones aumentaran en función de la salud financiera de la Seguridad Social mediante una compleja fórmula que tenía en cuenta los ingresos y los gastos dentro de un ciclo de 11 años, aunque con dos límites: las pensiones nunca podían subir menos de un 0,25% —con independencia de si la fórmula daba un resultado negativo— ni más de lo que suba el IPC más medio punto porcentual. La OCDE recuerda que, cada año, entre 2014 y 2017, las pensiones se acabaron indexando al 0,25% y las proyecciones indicaban que era muy probable que ese incremento fuera persistente en el futuro dadas las dificultades previstas para la Seguridad Social.

Tras las protestas de los pensionistas, se volvió a vincular las pensiones a la inflación, lo cual se traduce en “tasas significativamente más altas” y se suspendió del IRP. “Este ejemplo ilustra no solo la necesidad de consenso político, sino también que la introducción de un mecanismo que conduzca a una disminución constante de las pensiones en términos reales durante la jubilación es cuestionable, ya que los jubilados tienen pocas posibilidades de ajustar sus ingresos, por ejemplo, trabajando más”. La institución, además, recuerda que la suspensión de ese índice repercutió en el factor de sostenibilidad, que nunca llegó a aplicarse.