La crisis de precios de la electricidad crea un cisma en Europa
España y Francia piden un mecanismo de compensación financiado por las eléctricas y compras conjuntas de gas. Mientras que Alemania y ocho países más defienden el sistema tal y como está
La crisis generada por los elevados precios del gas natural y su impacto en el coste de la electricidad está abriendo un cisma en la Unión Europea. Mientras que algunos de los Veintisiete están pidiendo cambios de calado a la Comisión Europea en el funcionamiento de los mercados de electricidad, otros consideran que se debe aguantar el tirón ante una situación transitoria que, en su opinión, no requiere modificaciones estructurales en el corto plazo...
La crisis generada por los elevados precios del gas natural y su impacto en el coste de la electricidad está abriendo un cisma en la Unión Europea. Mientras que algunos de los Veintisiete están pidiendo cambios de calado a la Comisión Europea en el funcionamiento de los mercados de electricidad, otros consideran que se debe aguantar el tirón ante una situación transitoria que, en su opinión, no requiere modificaciones estructurales en el corto plazo. El Gobierno de España, partidario de introducir ya esos cambios, ha buscado en Francia un aliado para hacer frente común y empujar así a la Comisión Europea a incluir reformas en el funcionamiento de los mercados de electricidad y el gas. Frente a ellos se sitúa Alemania, que encabeza a un grupo de ocho Estados partidarios de hacer frente a la subida de precios con “acciones nacionales temporales y específicas”, según una declaración difundida este miércoles por ese conjunto de países.
España y Francia han respondido con otra declaración en la que piden, por ejemplo, la reforma de la directiva que regula el mercado europeo de la electricidad para incluir mecanismos de compensación para rebajar lo que pagan los consumidores. A ellos se les han unido también Italia, Grecia y Rumanía. El campo de batalla de este enfrentamiento será la reunión de ministros de Energía de la Unión Europea que se celebra este jueves en Bruselas.
De momento, en este pulso España no va ganando. Las peticiones que ha ido haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez han sido hasta ahora ignoradas y un informe reciente de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de la UE consideraba contraproducente la idea española de modificar el sistema de formación de precios y rechazaba que cada país pueda optar por un sistema propio. A este informe es al que se agarran los nueve países —entre los que además de Alemania están como Austria, Dinamarca y Finlandia— en el documento de posición que han difundido este miércoles. En ese escrito, básicamente, defienden el mercado actual de la electricidad europeo y achacan la crisis de precios a la “recuperación económica mundial”.
Por contra, España y Francia piden cambios en las normas europeas que sustentan el mercado europeo. El Ejecutivo de Sánchez, en este último escrito conjunto, rebaja sus pretensiones iniciales y ahora solo aboga por una reforma a largo plazo, pensando en el “horizonte 2030″. Pero en esta declaración se apuesta por modificar la directiva europea sobre la electricidad para crear mecanismos, basados en “transferencias financieras entre productores y consumidores”, que permitan que los ciudadanos puedan beneficiarse de la implantación de las renovables. Si se aceptara esta pretensión España vería respaldada legalmente algunas de las medidas que está poniendo en marcha en este sentido y que corren el riesgo de terminar en un litigio con las eléctricas. Según el escrito de España y Francia, esta medida no tendría “ningún efecto sobre el funcionamiento del mercado mayorista”. España renuncia así a su anterior pretensión de modificar el llamado sistema marginalista de formación de precios, que fija el resultado de las subastas diarias en base a la tecnología más cara que entre en cada ronda.
El departamento de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en marcha varias medidas para tratar de reducir el impacto del incremento del coste de la electricidad en el mercado mayorista. En septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque. Muchas de las medidas se centraban en la reducción de los impuestos que engordan la factura eléctrica, pero también se incluyó un recorte de los “beneficios extraordinarios” que están logrando las compañías eléctricas por vender la energía más barata (hidráulica, renovable y nuclear) al precio de la más cara (gas natural) en estos momentos. Mediante esa medida el Ejecutivo espera recaudar unos 2.600 millones de euros hasta marzo. Y las empresas eléctricas han dejado claro que recurrirán a los tribunales si consideran que se les penaliza. Por eso sería importante que España lograra un respaldo europeo a través de la modificación de las directivas que apadrinan España y Francia ahora.
Además, en ese escrito, animan a la Comisión Europea a explorar un sistema voluntario de compra centralizada de gas para intentar lograr volúmenes adicionales de gas “a precios asequibles” para los consumidores. Los defensores de esta medida ponen como ejemplo el éxito que ha supuesto la compra conjunta de vacunas en la UE. Sin embargo, la Comisión ha puesto ya en duda ese paralelismo al considerar que la situación de cada país es muy dispar en cuanto a la relación que tienen con el gas. Por ejemplo, hay países que cuentan con reservas importantes y otros que no.
El sector energético europeo está siendo escenario de enfrentamientos entre las principales potencias de la UE. Y siempre a un lado está Francia y al otro Alemania. El último encontronazo se produjo durante la cumbre del clima de Glasgow, cuando Alemania impulsó una declaración en la que se pedía que no se incluya a la energía nuclear en el listado de inversiones que se pueden clasificar como verdes y beneficiosas para la lucha contra el cambio climático que está preparando Bruselas. Alemania invitó a España a sumarse a esta declaración, que suponía un enfrentamiento directo con Francia, pero el Gobierno de Sánchez rechazó sumarse si no se pedía que se dejara también fuera de esa futura clasificación al gas natural.