Vidas que no caben en un formulario: los requisitos que complican el acceso al ingreso mínimo vital

De un lado están los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital (IMV); del otro, la vida del revés de Ángela García, que no se ajusta a ningún impreso. Ella reúne el primer requerimiento para reclamar esta ayuda social: su familia ­­—ella, su marido y sus tres hijos—, malvive con menos de 200 euros al mes en un pueblo de Toledo. Pero incumple una de las condiciones: la de estar todos empadronados en el mismo sitio. Ángela, de 41 años, tiene sus razones para saltarse esta norma. Cuando se le pregunta que cuáles son, suspira y hace un gesto como de “prepárate” porque la historia es larga y c...

De un lado están los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital (IMV); del otro, la vida del revés de Ángela García, que no se ajusta a ningún impreso. Ella reúne el primer requerimiento para reclamar esta ayuda social: su familia ­­—ella, su marido y sus tres hijos—, malvive con menos de 200 euros al mes en un pueblo de Toledo. Pero incumple una de las condiciones: la de estar todos empadronados en el mismo sitio. Ángela, de 41 años, tiene sus razones para saltarse esta norma. Cuando se le pregunta que cuáles son, suspira y hace un gesto como de “prepárate” porque la historia es larga y compleja, llena de laberintos y recaídas.

El ingreso mínimo vital, implantado en junio de 2020 para atajar la pobreza extrema y la exclusión social, naufraga. De un presupuesto para este año de 2.700 millones de euros solo se ha ejecutado hoy por hoy poco más de la mitad, dejando sin utilizar 1.300 millones, según un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Las previsiones de ministerio de Seguridad Social apuntaban a que 2,3 millones de personas se beneficiarían de la ayuda. Por ahora, son solo 800.000. Un reciente informe de Cáritas advierte de que solo uno de cada cinco hogares postulantes consigue obtenerlo. La distancia entre los 1.300 millones de euros que no se usan y los 200 euros al mes con los que se tiene que arreglar la familia de Ángela está llena de zancadillas burocráticas.

“Todo empezó mal, yo vivía en una casa pública del Ivima, en Vallecas, pagaba 50 euros de alquiler”, cuenta la mujer, “pero la Comunidad de Madrid vendió el piso al fondo buitre Encasa Cibeles y me subieron el recibo a más de 400”. Y prosigue: “Mi marido estaba enfermo, yo trabajaba de barrendera, cobraba 600 euros y no podíamos pagar. Nos pidieron que dejáramos el piso, que si nos íbamos nos perdonaban las deudas, aporreaban la puerta para amenazarnos, y al final nos fuimos”.

De un día para otro se instalaron en una casa que les cedió un familiar de Ángela, en El Casar de Escalona, de 1.700 habitantes. Por el camino, ella perdió su empleo y su marido enfermó de cáncer. Aún está convaleciente. Llevan cuatro años allí. Los hijos, de 15, 13 y 8, van al instituto y al colegio de Escalona. Para eso fue necesario empadronarlos en el pueblo. Lo hicieron los niños y el padre, que cobra un subsidio de 200 euros. Pero Ángela no quiso, porque pretendía —y aún pretende— hacer valer sus derechos sobre la vivienda pública que perdió. Su petición está en manos de un abogado. Por eso, cuando fueron a solicitar el ingreso mínimo vital, hace meses, fracasaron. No había manera de cuadrar el círculo hasta que a la asistente social se le ocurrió que la policía acudiera a su casa y certificara que, efectivamente, Ángela vivía con su familia con 200 euros al mes. Presentaron los papeles hace un mes.

El viernes, mientras atardecía en El Casar de Escalona y los tres niños hacían aplicadamente los deberes en la mesa camilla del salón, Ángela explicaba que su familiar le reclama ya la casa en la que viven de prestado y se quejaba de que la Administración tarde tanto en decidir: un sí equivaldría a percibir entre 600 y 800 euros al mes. Ahora reciben ropa de la Cruz Roja y el Ayuntamiento se ha hecho cargo del material escolar de los niños después de que Ángela se presentara en el despacho del alcalde a pedirle para lápices. Son conscientes de que en El Casar no tienen oportunidad de encontrar trabajo, pero no saben hacia dónde tirar.

José Castro, asesor municipal para el departamento de Servicios Sociales de Navalcarnero, recuerda otros casos parecidos, en el que la falta del empadronamiento de toda la familia impide recibir la ayuda: una mujer con cuatro hijos que se fue de su casa de Getafe a Leganés escapando de su marido maltratador, pero que mantuvo empadronados a los niños para que siguieran matriculados en el mismo colegio; una pareja sin empleo, con dos hijos, que no tienen derecho al IMV porque no están empadronados en ningún sitio; otra mujer que se fue con su marido y sus dos niños a vivir a la casa de los suegros y de los cuñados y que, como uno de estos ya percibía el ingreso mínimo, perdió el derecho a reclamarlo porque la Administración consideró que las dos familias en el fondo eran una sola. “La gente muy pobre no tiene un hogar estable”, resume. Y como no tiene un hogar estable, no alcanza la ayuda. Y como no alcanza la ayuda, sigue siendo muy pobre.

Registro de ONG

El Ministerio de Seguridad Social, para solucionar esto, va a crear un registro de ONG que puedan servir de mediadoras que certifiquen la idoneidad de los solicitantes. A José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales esta idea le parece simplemente un despropósito. “Los servicios sociales son quienes tienen que encargarse de llevar a cabo las políticas públicas que garantizan derechos. No pueden hacerse desde lo privado. Es como si pusiéramos a gestionar la sanidad del país o de una comunidad autónoma a Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, por mucho respeto que le tengamos a esa organización. Además, si una ONG religiosa como Cáritas deniega una prestación a alguien, ese alguien ¿a quién recurre? ¿Al obispo? Estamos hablando de salvaguardar un derecho de la población”.

Fuentes del ministerio replican que las ONG no van a sustituir a los servicios sociales, sino a limitarse “a llegar donde estos no llegan”. “Hay pueblos sin medios, o con un solo asistente social desbordado. Y es injusto que las personas que vivan ahí se queden sin la prestación si se puede evitar. Hay ONG que conocen bien este tipo de población, que conocen bien el terreno y que pueden ayudar a solucionar estos problemas”, añade.

Casi el 10% de las denegaciones del IMV están relacionadas con el empadronamiento, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El 60%, con los denominados “requisitos de vulnerabilidad”, esto es, con incumplir el baremo económico. Y aquí se produce otra de las perversiones de la norma: Ramírez recuerda que quienes reclamaron la prestación en 2020 lo hicieron con la declaración de la Renta de 2019. Entre medias, se desencadenó la pandemia y su cataclismo económico, “con lo que la mayoría de los datos de esa declaración quedaron automáticamente desfasados”. “La gente presentaba en la declaración unos ingresos que ya no tenía, que había perdido en ocasiones de un día para otro. Hay que tener en cuenta además que la pandemia se cebó especialmente con las personas objeto de esta ayuda: gente que no tiene un trabajo fijo, o que tenía uno precario”, explica el experto.

Desde el ministerio se especifica que los solicitantes pueden pedir que se examinen los ingresos del año en curso, y no necesariamente los del año anterior, conscientes de que el 2020 fue un año especial. Y explican que las denegaciones son producto, en general, del “aluvión de peticiones que se recibieron al principio”. “Hubo una auténtica avalancha, 750.000 los dos primeros meses, y la casuística era inmensa, pero muchos, la inmensa mayoría, excedían los baremos solicitados. Por el contrario, sabemos que hubo muchas personas vulnerables que se quedaron sin solicitarlo por falta de información. Todos estos sistemas requieren un tiempo de despliegue, no es fácil. Ahora, entre otras cosas, se están poniendo en marcha programas de búsqueda para que el ingreso mínimo vital llegue a todos los que lo necesitan”, añaden estas mismas fuentes del ministerio de Seguridad Social.

Nayra Domínguez vive sola con su hijo pequeño en Navalcarnero, en Madrid, tras denunciar a su pareja por maltrato. Recibe 280 euros de paro desde que el primer día de confinamiento, el 14 de marzo de 2020, perdió su empleo en el Burger King. Fue mala suerte, porque la iban a ascender a encargada. Pero el local cerró. Ella fue despedida. No ha vuelto a encontrar otro trabajo. Solicitó el ingreso mínimo vital con datos de la declaración de 2019 y se lo denegaron. Cuenta que la asistente social se asombró al enterarse de la negativa. Tampoco le concedieron la beca de comedor del colegio, debido a que sobrepasaba el baremo por 50 euros. También tuvieron en cuenta la declaración de 2019, la que correspondía a una vida que se había volatilizado. Ahora, por consejo de la asistente social, ha vuelto a pedir el ingreso. Si se lo conceden significarán 600 euros muy necesarios. “Si no me lo dan a mí, ¿para qué sirve esto?”, se pregunta.