Sánchez sugiere cambios de última hora en el decreto para afrontar la crisis energética tras el ataque del PNV

La convalidación del Real Decreto-ley con las ocho medidas aprobadas por el Consejo de Ministros a mediados de septiembre para intentar controlar el precio del recibo de la luz y reducir los “beneficios extraordinarios” de las empresas eléctricas tiene que pasar este jueves algo más que un trámite rutinario con su convalidación por el Congreso de los Diputados. La votación aún no está asegurada. La negociación se ha prolongado todo este miércoles ...

La convalidación del Real Decreto-ley con las ocho medidas aprobadas por el Consejo de Ministros a mediados de septiembre para intentar controlar el precio del recibo de la luz y reducir los “beneficios extraordinarios” de las empresas eléctricas tiene que pasar este jueves algo más que un trámite rutinario con su convalidación por el Congreso de los Diputados. La votación aún no está asegurada. La negociación se ha prolongado todo este miércoles in extremis hasta el límite. Los socios habituales del Ejecutivo, en este caso Unidas Podemos y los aliados de izquierdas, presionan para que el Gobierno “no flaquee” ante las exigencias de las grandes compañías, que amenazan con pérdidas millonarias. El PNV, que es un socio de legislatura y para los Presupuestos más que estratégico, lanzó algo más que un aviso este miércoles al propio presidente, Pedro Sánchez, que en la sesión de control del Congreso. “Está en juego el futuro de la economía, pero también el futuro de su propio Gobierno”, enfatizó su portavoz, Aitor Esteban. Fuentes del PSOE auguran, sin embargo, que el decreto saldrá adelante.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de septiembre un plan de choque con medidas temporales para hacer frente al incremento del precio de la electricidad y amortiguar su impacto en el recibo de la luz de los consumidores. Las medidas se centran en la reducción de los impuestos (IVA y el de electricidad) y cargos que soporta el recibo de la luz; pero la principal piedra de toque radica en la minoración de los considerados “beneficios extraordinarios” obtenidos por las compañías eléctricas por vender energía barata (hidráulica, renovable, nuclear) por el precio de la más cara (gas natural). Mediante esa medida el Ejecutivo espera recaudar unos 2.600 millones de euros hasta marzo.

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, y el grupo socialista en el Congreso se tuvieron que emplear a fondo todo este miércoles para intentar asegurar el pase y la convalidación del RDL 17/2021 este jueves en una votación clave y que aún no está solventada. La principal incógnita de voto es la del PNV, con sus seis escaños; pero otros partidos determinantes, como ERC, también alargaron sus conversaciones y contactos al máximo. No obstante, el presidente, Pedro Sánchez, le contestó al portavoz del PNV que estaban trabajando para “aclarar y precisar lo que haga falta”, lo que fue entendido desde el sector como que abría la puerta a cambios o matizaciones de última hora que recojan algunas de las peticiones que han traspasado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos avanzaron, al respecto, que respaldarán este jueves la convalidación del decreto, pero no su tramitación como proyecto de ley, algo en lo que coinciden con los nacionalistas vascos y con el interés del Gobierno y de la vicepresidenta Teresa Ribera, al entender que las medidas del plan de choque son temporales y urgentes y no tendrían sentido si tuviesen que esperar a que se completasen todos los trámites parlamentarios, con varios meses de demora. En Unidas Podemos no se fían totalmente de que el Gobierno y la ministra aguanten las demandas de las eléctricas. Desde la formación morada se volvió a alertar este miércoles de que de las iniciativas acordadas para recortar los beneficios de las eléctricas, que se calcularon en 2.600 millones, “no se pueden rebajar” y le recordaron al PSOE de que si cede a esas presiones podrían “no tener números en el Congreso que les respalden”.

El Ejecutivo se mueve ahí en un terreno pantanoso, con socios e intereses contrapuestos. Fuentes del PSOE aventuraron al final de la jornada del miércoles, y a la espera de lo que suceda este jueves en la votación, que el decreto prosperará “porque hay voluntad” de que así sea. Y enfatizaron que aunque las medidas podrían superar la barrera de la votación en el Congreso, por la mínima y con otros socios como ERC, Más País, el BNG y EH Bildu, la intención del Ejecutivo es que no se desmarque el PNV, que ha comenzado a poner en duda su posición tras la decisión de la siderúrgica Sidenor de paralizar 20 días la producción por los precios eléctricos. Para el Ejecutivo es importante el respaldo del PNV por la importancia que tiene esa formación para la industria vasca en general, en particular en su incidencia sobre Iberdrola, y porque el PNV es un aliado más que simbólico para el Gobierno de Pedro Sánchez desde que arrancó la legislatura.

Aitor Esteban urgió a “retocar y reorientar” el llamado decreto de las eléctricas con su pretensión que descalificó como “simplón recorte” de sus beneficios para intentar solucionar el alza del recibo. Esteban instó a Sánchez a “tener en cuenta las consecuencias de las decisiones” y le puso algunos ejemplos de cómo esas medidas están afectando ya al funcionamiento de compañías. “Sin competitividad no hay recuperación económica. De seguir así, nos veremos abocados a nuevos ERTE”, advirtió. Esteban reconoció algunos aspectos positivos, pero apostó por soluciones “más profundas” y apercibió al presidente de que debe actuar y no solo esperar a actuaciones a nivel europeo: “Debe hacer algo ahora y aquí, desde su propio Gobierno. Sabe que está en juego el futuro de la economía si se para la producción industrial, pero también, lo sabe, el futuro de su propio Gobierno”. La frase sonó tan contundente dentro del hemiciclo que aparentó que el PNV ponía en solfa su apoyo al decreto y a la continuidad de la legislatura. Pero no fue así, según aclararon más tarde fuentes oficiales de la formación vasca, que explicaron que Esteban lo que quería era llamar la atención a Sánchez de que los desbocados precios del megavatio hora pueden provocar una rechazo más general del electorado.

Presión de las eléctricas

La medida de minoración se ha encontrado con la oposición frontal del sector, que la considera “injusta” y la califica de “impuesto adicional”. Incluso, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha llegado a retar al Gobierno con paralizar las inversiones previstas para España y llevarlas a otro lugar. A juicio de las empresas la medida puede llegar a mermar sus cuentas hasta 6.000 millones y no los 2.600 que cuantifica el Gobierno. Una estimación conservadora situaría los ingresos para el sistema eléctrico en torno a los 3.600 millones de euros, según un estudio de Diego Rodríguez para Fedea.

Para calmar ánimos, Teresa Ribera estableció la semana pasada una ronda de encuentros con los responsables de las grandes eléctricas que acabó ayer precisamente con Sánchez Galán después de verse con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Anteriormente se vio con José Bogas, consejero delegado de Endesa; Rui Ferreira, consejero delegado de EDP, y José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona Energía. Las empresas piden retirar ese “impuesto” de minoración como medida troncal o, al menos, que se revise. A su juicio, esta medida se tomó sin tener un conocimiento exacto del funcionamiento del sector, en referencia a que las compañías firman contratos con sus clientes a un año o dos y la media de esos contratos está a 60 euros por megavatio hora, cifra que ahora está muy por debajo del precio mayorista.

En ese sentido, han pedido que la minoración prevista no se aplique a las tarifas a precio fijo ni a los PPA (contratos a precio pactado, por su siglas en inglés) para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre “porque impediría el desarrollo de las renovables y, por tanto, el cumplimiento del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC)”, subrayan fuentes empresariales. Asimismo, han pedido que se confirme el carácter transitorio y temporal de las medidas y asegurar que su aplicación sea solo de seis meses. “De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato o de PPA a largo plazo”, sostienen.

Las compañías plantean, asimismo, retardar el pago del déficit histórico, limitar las subidas del precio generando déficit que sería pagado a largo plazo y recortar las primas de las renovables, que está regulada en el recibo. Se trataría de revisar el mecanismo de retribución regulada a la generación renovable para evitar que se acumule una cantidad que luego tendrá que devolverse a partir de 2023. La propuesta es actualizar el precio estimado de mercado sobre el que se calcularía la retribución regulada a cuenta a partir de ahora y revisar la retribución recibida en 2020 y 2021.