Las autonomías piden aclaraciones a Hacienda por las ayudas a empresas

Las ayudas directas tan ansiadas por las empresas tras un año nefasto ya han sido aprobadas. Pero el tiempo corre y aún quedan flecos por cerrar. Las autonomías deberán tramitar, pagar y controlar las transferencias, pero no recibirán el dinero hasta, al menos, dentro de un mes y aún desconocen los detalles sobre cómo gestionarlo. Por ello, y pese a aplaudir la medida, varias comunidades piden aclaraciones a Hacienda sobre cómo tramitar los f...

Las ayudas directas tan ansiadas por las empresas tras un año nefasto ya han sido aprobadas. Pero el tiempo corre y aún quedan flecos por cerrar. Las autonomías deberán tramitar, pagar y controlar las transferencias, pero no recibirán el dinero hasta, al menos, dentro de un mes y aún desconocen los detalles sobre cómo gestionarlo. Por ello, y pese a aplaudir la medida, varias comunidades piden aclaraciones a Hacienda sobre cómo tramitar los fondos de 7.000 millones de apoyo a autónomos y pymes, y lamentan el escaso diálogo que ha mantenido el Ejecutivo y la llegada tardía de la medida. “Eso no es cogobernanza”, zanjó este jueves el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo, del PP.

La medida era necesaria, pero supondrá un gran reto de gestión en muy poco tiempo. Esta es la tónica general que mantienen varios Ejecutivos regionales acerca de las nuevas ayudas directas de 11.000 millones en apoyo a las empresas, que los sectores más afectados por la pandemia llevaban meses pidiendo a gritos. Tras varios tira y afloja entre los socios de Gobierno, el viernes pasado el Consejo de Ministros dio finalmente luz verde a la medida. El grueso de este paquete, 7.000 millones, serán ayudas directas para autónomos y pymes, y oscilarán entre los 3.000 y los 200.00 euros. Pero este dinero no se gestionará desde La Moncloa: serán las comunidades autónomas las encargadas de realizar los trámites, el control y la supervisión de las transferencias. Y con la advertencia de que lo que no logren ejecutar o comprometer para finales de este año se tendrá que devolver al Ministerio de Hacienda.

Así lo establece el decreto publicado la semana pasada en el BOE, que añade que el Ejecutivo se da 40 días para firmar los convenios entre Hacienda y los Gobiernos autonómicos para aclarar cómo articular la colaboración entre distintas administraciones para gestionar las ayudas.

“Todo el mundo se preguntará: ‘¿Las comunidades sabían de esto?’ No, nada”, lamentó este jueves Juan Bravo. El consejero andaluz del PP añadió que el plazo marcado para que el dinero se traslade a las autonomías reducirá aún más los tiempos para transferirlo a las empresas. “¿Quieren que nos vayamos a después de verano para pagarlo? Alguien puede decir que es Andalucía, que la gobiernan PP y Cs con Vox, pero escuchen a cualquier administración regional del signo que sea”.

De hecho, autonomías de distinto color político reconocen que las ayudas llegan tarde, cuestionan la falta de diálogo con el Gobierno central y admiten que necesitarán agilizar la gestión para llegar a tiempo. “Nos enteramos del decreto que establecía que nosotros íbamos a gestionar las ayudas por la televisión”, apunta un consejero de una autonomía socialista. “Lo que podía ser una buena noticia se puede convertir en un lío”, remata. Otra consejera de una administración gobernada por el PSOE añade: “Las ayudas, que llevábamos reclamando muchos meses, llegan tarde”.

Las comunidades se sienten incómodas por la fórmula elegida por el Gobierno. No se puede hablar de malestar, pero sí de inquietud porque no saben cómo tendrán que gestionar las ayudas en tan poco tiempo. Al mismo tiempo, reconocen que son una buena noticia. “Cómo nos vamos a quejar de que nos den más dinero”, reconoce una consejera socialista. “Se trata de una iniciativa muy positiva”, señala la consejería de Hacienda de Asturias. “En cuanto a la gestión, es un reto para las comunidades”.

Pero los responsables autonómicos están a la espera de que Hacienda aclare cómo avanzar con los trámites. Muchos se han puesto en contacto con el ministerio para preguntarles los detalles de los convenios que tendrán que firmar y aún no han obtenido respuesta, explican dos responsables autonómicos. Los Gobiernos regionales confían en que podrán hacer frente a la tramitación gracias a los mecanismos que ya han puesto en marcha para conceder ayudas directas por su cuenta. Patricia Franco, consejera de Economía de Castilla-La Mancha, explica que la Junta ya está tomando decisiones para agilizar al máximo los nuevos fondos, aunque señala que los términos de la colaboración con la Agencia Tributaria —que deberá revisar que las empresas cumplan con los requisitos para acceder a las ayudas— será clave para la gestión. Desde la Comunidad Valenciana recuerdan que ya han anunciado la creación de una comisión de trabajo que se encargará de agilizar la llegada de las ayudas.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero dijo este jueves que espera que las ayudas puedan llegar a las empresas en verano. “Aunque ya las perspectivas de poder recibirlas o conocer las cantidades que se le asignan serán un balón de oxígeno para las empresas de cara a acudir a pedirlas”.

Reparto

Del nuevo paquete de ayudas, 2.000 millones irán a Canarias y Baleares, los territorios más golpeados por la pandemia. Los restantes 5.000 millones se distribuirán según los criterios de asignación del fondo europeo React EU: caída de la actividad, tasa de desempleo y paro juvenil. Los importes definitivos se publicarán en una orden ministerial, pero varias comunidades del PP, que ya habían alegado falta de transparencia en el reparto del fondo europeo, volvieron a quejarse la semana pasada. Entre ellas están Madrid o Castilla y León, que ha solicitado una convocatoria del Consejo de Política Fiscal —el cónclave donde Hacienda y las autonomías debaten de finanzas— para revisar los importes del React EU y del nuevo paquete de ayudas asignados a cada comunidad.

Otras comunidades lamentan que la lista de actividades elegida que podrán recibir las ayudas —95 áreas— excluye a sectores importantes para su tejido productivo, y que los criterios para asignarlas —una caída de la facturación de al menos el 30%, haber tenido un resultado positivo en 2019 y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social— dejarán fuera a muchas empresas. Es el caso de La Rioja, que se queja de la exclusión del vino y la fabricación de calzado. Otras autonomías gobernadas por el PSOE también advierten sobre esta limitación.