El Gobierno destinará 850 millones para que se acrediten las competencias profesionales hasta 2024
Educación pretende que más de tres millones de personas sin formación puedan demostrar sus habilidades
El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que no tienen la formación requerida para demostrar una capacitación. En esta situación se encuentran unos 11 millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchos de ellos sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del...
El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere acelerar el reconocimiento de las competencias profesionales de aquellos trabajadores que no tienen la formación requerida para demostrar una capacitación. En esta situación se encuentran unos 11 millones de personas, según los números de este departamento. No obstante, muchos de ellos sí que disponen de las habilidades necesarias adquiridas en el ejercicio del trabajo o a través de formación no oficial. Para eso, el Consejo de Ministros tiene este martes en su orden del día la aprobación de un decreto que agilice el reconocimiento de esas competencias y a ello destinará más de 850 millones, explican fuentes próximas al Ejecutivo.
El mecanismo que está funcionando hasta ahora apenas ha reconocido las competencias de unas 300.000 personas en los últimos 10 años. El objetivo del departamento que dirige Isabel Celaá ahora es agilizar el proceso para que en los próximos cuatro años más de tres millones de trabajadores que no disponen del reconocimiento de sus capacidades puedan hacerlo.
El decreto, que está previsto que se apruebe este martes, lo que hace, básicamente, es modificar varios de los artículos del que está vigente desde 2009 y abrir un proceso continuo de reconocimiento en las administraciones competentes. Una vez acreditada la capacidad, el sistema permitirá que la persona beneficiaria pueda continuar con el proceso de formación para lograr el título que le corresponda de Formación Profesional (FP) o un certificado de profesionalidad. En este camino, la Administración reconocerá la competencia acreditada convalidando los módulos profesionales correspondientes o exonerando al beneficiario de cursarlos.
El procedimiento comienza por un periodo de asesoramiento que conducirá un profesor de secundaria o formación profesional, formadores de FP o profesionales que hayan superado un curso específico. Esta primera parte del proceso culmina con la elaboración de un informe orientativo. Después el trabajador deberá presentar la documentación necesaria para que, junto con el citado informe, demuestre sus competencias. Esta información se incluirá en un registro estatal.
Los requisitos para demostrar la competencia profesional a través de la experiencia profesional pasan por acumular (y demostrar) un mínimo de 2.000 horas trabajadas en tres años durante los últimos 15 años antes de presentar la solicitud. En el nivel anterior, el primero, se solicitará un mínimo de 1.200 horas trabajadas y una experiencia laboral de dos años.
Si se opta por mostrar la competencia a través de la formación, el aspirante deberá justificar un mínimo de 300 horas en los 10 años anteriores. De nuevo, en el primer nivel, el requisito es menos exigente y se queda en 200 horas.