ATA reclama 6.000 millones de ayudas públicas para los autónomos por los daños de la pandemia
Exige también la ampliación del plazo para recibir la prestación por cese de actividad hasta el final de 2021 y dice no estar al corriente del plan de ayudas que prepara el Gobierno
La subsistencia de miles de trabajadores autónomos es uno de los principales desafíos para la etapa pospandemia. El impacto del coronavirus sobre este colectivo ―formado por más de tres millones de personas según el último registro del RETA― ha sido mayúsculo, y aunque los distintos mecanismos de ayuda diseñados por el Gobierno han funcionado como un salvavidas durante los últimos 11 meses, a este empieza a quedarle poco aire. Desde las organizaciones que l...
La subsistencia de miles de trabajadores autónomos es uno de los principales desafíos para la etapa pospandemia. El impacto del coronavirus sobre este colectivo ―formado por más de tres millones de personas según el último registro del RETA― ha sido mayúsculo, y aunque los distintos mecanismos de ayuda diseñados por el Gobierno han funcionado como un salvavidas durante los últimos 11 meses, a este empieza a quedarle poco aire. Desde las organizaciones que los representan reclaman la inyección de 6.000 millones de euros en “indemnizaciones” para todos aquellos autónomos que hayan visto reducida su actividad al menos en un 50% durante la pandemia; así como la ampliación de los plazos en los que devolver los créditos solicitados ―los ICO― y la extensión del periodo de vigencia de los ERTE en todas sus modalidades hasta el 31 de diciembre de 2021.
“Somos el único país de la Unión Europea que no ha dado ayudas directas a los autónomos y que no les ha compensado o indemnizado por los cierres que la Administración han decretado para el control de la pandemia”, ha señalado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA). En su opinión, las facilidades dispuestas para los autónomos en el último año ―como las ayudas por cese de actividad o las moratorias― “no pueden considerarse ayudas directas”. Amor entiende que esta inyección millonaria debería estar incluida en los 11.000 millones de euros que el Gobierno pretende destinar a las empresas para evitar una oleada de cierres ante el desplome de las ventas. Sin embargo, también ha confesado que tanto ATA como las patronales de los empresarios y las pymes (CEOE y Cepyme) no están al tanto de los detalles de este plan, que en un principio iba a aprobarse este martes en el Consejo de Ministros, y que no se expondrá hasta el viernes por el pulso que mantienen la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y Unidas Podemos.
En el decálogo que conforma el Plan de resistencia para los autónomos que ha presentado ATA este martes se enumeran una serie de reclamaciones que vienen a recoger las principales demandas de los autónomos durante todo este tiempo: ampliar los plazos determinados para las ayudas, que el Gobierno intervenga en su recuperación a partir de ayudas directas, las moratorias de impuestos que permitan obtener algo más de oxígeno para cuadrar las cuentas de muchos negocios; y la priorización de los fondos europeos para la dotación de herramientas a las pequeñas y medianas empresas “de forma transversal en todo el territorio nacional”. Desde ATA han recordado que 400.000 autónomos requerirán financiación a lo largo de 2021, y que un tercio de ellos no prevé recuperarse económicamente hasta 2023.
Los beneficiarios
“Somos conscientes de que la fecha de caducidad de la pandemia está cerca, pero también de que nos quedan varias etapas hasta esta meta, y que la recuperación será desigual para los sectores de actividad”, ha indicado Amor. Según los cálculos de ATA, 511.000 autónomos perciben en estos momentos la ayuda por cese de actividad ―que pueden reclamar todos aquellos que acrediten una pérdida de ingresos superior al 50% como consecuencia de la pandemia― y, si no hay cambios, dejarán de hacerlo a partir del 31 de mayo. Estos autónomos especialmente afectados por las restricciones de actividad son los que en opinión de ATA deberían ser los beneficiarios de estas ayudas de 6.000 millones, “ya que no es difícil averiguar quiénes son”.
Uno de los problemas principales que ha contribuido a la inestabilidad financiera de muchos autónomos ha sido la morosidad, tanto de entidades privadas como públicas. Para las segundas, ATA considera imprescindible “dotar un fondo para que las administraciones puedan hacer frente a sus deudas con proveedores”, y en el caso de que estos pagos no se produjeran ―tanto para deudores públicos como privados― se adopte un régimen sancionador “recurrente y que responda a mala praxis”. Según ATA, uno de cada tres autónomos ―un millón en total― es víctima de la morosidad.
Tras la aprobación de este plan de resistencia por parte del consejo de dirección este martes, ATA enviará el decálogo al Gobierno para su implementación en el futuro paquete de ayudas para las empresas. “Ha sido un año muy duro en el que nos han dejado muchos autónomos”, ha recordado Amor. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 327.000 autónomos dieron de baja su actividad en los primeros seis meses de 2020, y atendiendo al último baremo de ATA de noviembre, el colectivo contabilizaba 60.000 millones de euros menos en ingresos hasta ese momento por la pandemia.