La navaja multiusos de la Administración

Entre las empresas públicas, las primeras que se vienen a la mente son Correos, Renfe o Radio y Televisión Española. Aunque hay muchas más. Si se mira la clasificación de estas firmas estatales en función del número de empleados que tienen, aparece en segunda posición Grupo Tragsa, un gigante de la Administración del que no se escucha apenas, pero que está presente en todo el territorio. Más si cabe en momentos de emergencia, como el que se ha vivido en 2020 por la crisis del coronavirus, que ha disparado su cifra de negocio un 16...

Entre las empresas públicas, las primeras que se vienen a la mente son Correos, Renfe o Radio y Televisión Española. Aunque hay muchas más. Si se mira la clasificación de estas firmas estatales en función del número de empleados que tienen, aparece en segunda posición Grupo Tragsa, un gigante de la Administración del que no se escucha apenas, pero que está presente en todo el territorio. Más si cabe en momentos de emergencia, como el que se ha vivido en 2020 por la crisis del coronavirus, que ha disparado su cifra de negocio un 16% hasta superar por primera vez los 1.000 millones y ha triplicado su beneficio antes de impuestos hasta los 27 millones.

En el ejercicio 2019, último del que hay datos consolidados del conjunto de empresas públicas, el Grupo Tragsa contaba con una plantilla media de 13.738 empleados, algo por delante de Renfe (13.723 trabajadores) y lejos de la líder Correos (54.475 empleados). El año pasado, según información facilitada por la sociedad, aumentó su plantilla hasta las 15.385 personas: 6.312 fijos y 9.073 eventuales. Esta subida se explica por el incremento de las actuaciones relacionadas con el coronavirus. “La empresa recibió cerca de 7.000 encargos procedentes de diferentes Administraciones, 2.000 más que en años anteriores. Un aumento que se ha traducido en una mayor contratación y un crecimiento de la plantilla”, explica Jesús Casas, presidente del Grupo Tragsa.

Pero, ¿qué es Grupo Tragsa? Se trata de una empresa 100% pública, que pertenece al Estado, comunidades autónomas, diputaciones y consejos y cabildos insulares. El 51% de su capital es de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende orgánicamente. Sus labores principales son cuestiones medioambientales (tiene una gran presencia en el mundo rural) y emergencias. “El 73% de la plantilla vive en lo que se denomina la España vacía, según los datos de 2019, y eso nos permite llegar de forma rápida y ágil a todo el territorio”, añade Casas. El grupo también puede operar cuando queda desierta una licitación o cuando una compañía abandona una tarea adjudicada por una Administración pública.

La existencia de una empresa como esta, denominada medio propio de las Administraciones (forman parte de su capital), crea suspicacias en el sector privado por la competencia que le genera. Sin embargo, por ley, Grupo Tragsa no puede competir con las empresas privadas. “Un medio propio es una entidad a la que otro ente del sector público puede ordenarle de manera ordinaria la realización de determinadas actuaciones a cambio de una compensación tarifaria, sin que a tal encargo le sean aplicables las normas establecidas para la contratación del sector público”, explican fuentes de la Administración.

De esta breve descripción se desprende otra de sus peculiaridades: no solo no compite en el sector privado, sino que en la esfera pública solo trabaja por encargo. Es decir, si hay abierta una licitación, tampoco puede ofertar como cualquier empresa. Además, sus tarifas son preestablecidas anualmente, no pueden ser superiores a las de mercado y se ajustan en función de su coste de estructura y del resultado del año anterior. Y nunca podrá subcontratar más de la mitad de un trabajo asignado. En los casos en que subcontrate algo, esto modificará su tarifa: el precio lo marcará el valor más bajo, es decir, el pagado a la tercera empresa.

La idea, si funciona como marca la teoría, es que la compañía acabe ingresando lo mismo que tiene como costes o con desviaciones mínimas. Si pierde dinero, como ocurrió de forma repetida entre 2013 y 2017, significa que su tarifa era más barata de lo necesario. Y si hay beneficio, ocurre justo lo contrario. En ocasiones, como ha pasado en 2020, se puede deber a un incremento inusual de la cifra de negocio. Si esto se convierte en habitual, entonces deberá realizar un ajuste por dos vías: aumentar su estructura para ser capaz de responder a ese nivel de trabajo y, además, reducir las tarifas.

Recelos

Pese a todas estas salvaguardas, el sector privado lo ve todavía con recelos. Aunque el tiempo ha pulido las diferencias y marcado la frontera entre las intervenciones de unos y otros. La relación es fluida e incluso el Grupo Tragsa forma parte de la Confederación Nacional de la Construcción, donde mantiene en su seno una relación fluida para evitar conflictos y resolver casos dudosos. Una fórmula que ha dado buenos resultados según fuentes de la empresa, ya que en los dos últimos años prácticamente no ha habido litigios.

Además de los trabajos habituales que le encargan (caminos, carreteras y pequeñas infraestructuras en el mundo rural), también recibe labores que surgen en momentos de emergencia. Por ejemplo, en este inicio de año, durante el temporal Filomena tuvo que desplegarse por seis comunidades autónomas y más de 20 provincias para tratar de restablecer la normalidad tras la nevada.

“El Grupo Tragsa ha realizado un gran esfuerzo para centrarse en ser medio propio de todas las administraciones de las que puede serlo: a la Administración General del Estado y Comunidades Autónomas, se suman por la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, diputaciones y consejos y cabildos insulares. Esta diversidad de administraciones para las que puede trabajar, junto con su capilaridad territorial, ha permitido que pueda responder a las emergencias que se nos están planteando con gran agilidad”, destaca el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lara.

Hay otros encargos que se salen de esta norma Entre ellos, la gestión de las peticiones de ERTE supraautonómicos, la adecuación de campamentos de inmigrantes en Canarias o la gestión en los seis primeros meses del ingreso mínimo vital. Derivado de la crisis de la covid-19 también estará el diseño y gestión de los proyectos europeos en los próximos años.