El Gobierno no abonará ninguna compensación por la autopista rescatada M-12
Transportes calcula que el coste de las expropiaciones pendientes impide indemnizar a los inversores y aboca el conflicto a los tribunales
El Gobierno no abonará ninguna cantidad a los antiguos concesionarios y acreedores de la M-12, la autopista de peaje que une Madrid y el aeropuerto de Barajas construida por OHL y que tuvo que ser rescatada por el Estado tras su quiebra, según informó este viernes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La ley prevé que tras ese rescate, los inversores de esa infraestructura o los fondos que se quedaron con la deuda, tienen derecho a una compensación por los fondos realizados para construirlas, en virtud de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración ...
El Gobierno no abonará ninguna cantidad a los antiguos concesionarios y acreedores de la M-12, la autopista de peaje que une Madrid y el aeropuerto de Barajas construida por OHL y que tuvo que ser rescatada por el Estado tras su quiebra, según informó este viernes el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La ley prevé que tras ese rescate, los inversores de esa infraestructura o los fondos que se quedaron con la deuda, tienen derecho a una compensación por los fondos realizados para construirlas, en virtud de la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Pero, según los cálculos del departamento que dirige José Luis Ábalos, el importe de esa RPA es inferior a los costes que tiene que afrontar aún el Estado para hacer frente a las expropiaciones de terrenos que no fueron abonadas por los constructores.
Según este cálculo, cuya fórmula fue aprobada en abril de 2019, la RPA asciende a 54,37 millones (resultado de restar a los 150 millones que debería pagarse por construir la autopista (113,05 millones en obras y 36,97 millones por las expropiaciones de terrenos), los 95 millones que el Estado se ha gastado desde que rescató la vía (11 millones en reformas y 84,62 en expropiaciones).,
Pero, además, el Ejecutivo considera que debe "retener provisionalmente" otros 194,71 millones de euros para hacer frente a la liquidación de expropiaciones aún pendientes y no abonadas.
"Dado que el importe de la retención provisional supera al de la RPA reconocida, el importe a abonar por RPA en estos momentos es de 0 euros y el importe de la primera resolución de determinación de la RPA de M-12 es negativo (140,35 millones de euros). Este resultado significa que los tenedores del derecho de cobro no perciben ninguna cantidad, pues la estimación del importe pendiente de pago por expropiaciones supera con creces la RPA reconocida", aclara el Ministerio en su nota hecha pública este viernes y adelantada por el diario Cinco Días.
El Ministerio ha abierto un periodo de audiencia pública de quince días sobre esta liquidación de RPA para que los interesados puedan realizar alegaciones. En paralelo, Transportes asegura que irá liquidando, y sometiendo también a alegaciones, la factura de las otras ocho autopistas rescatadas. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, y los tramos de la AP-7 Cartagena-Vera y Circunvalación de Alicante.
El saldo de este primer cálculo contrasta con las estimaciones de la factura global a pagar por las arcas públicas para el conjunto de las nueve autopistas de entre 1.200 y 2.000 millones de euros asumidas por distintos gobiernos e incluidas en sucesivos planes presupuestarios remitidos a Bruselas.
A los tribunales
De hecho, en el último de estos planes, el Ejecutivo avanzó que durante el ejercicio 2020 el Estado podría tener que hacer frente a un primer pago de 120 millones por el rescate de las autopistas. La senda que abre el cálculo de esta primera factura diere más aún con la estimación de unos 5.000 millones que ha efectuado en distintas ocasiones el sector concesional.
De esta forma, se ratifica aún más la consideración de ambas partes de que finalmente las RPA de las nueve autopistas quebradas las acabarán dilucidándolos tribunales. De hecho, varias de las antiguas concesionarias de las vías y sus bancos acreedores ya recurrieron el pasado año ante el Tribunal Supremo el propio sistema de cálculo que el Gobierno aprobó en abril de 2019.