Por una nueva política migratoria en Europa

La llegada masiva de inmigrantes al puerto canario de Arguineguín en los últimos meses, el hacinamiento al que se vieron sometidos durante los primeros días y la falta de decisión sobre su posible traslado a la península es una manifestación más de la inexistencia de una ...

La llegada masiva de inmigrantes al puerto canario de Arguineguín en los últimos meses, el hacinamiento al que se vieron sometidos durante los primeros días y la falta de decisión sobre su posible traslado a la península es una manifestación más de la inexistencia de una hoja de ruta española y europea para abordar el fenómeno migratorio. La mayoría de la ciudadanía asiste atónita y avergonzada ante el lamentable espectáculo, no alcanzando a comprender la incapacidad de gestionar estos flujos de un modo más humano. En los últimos años, Europa ha redoblado sus esfuerzos en la contención de estos flujos mediante el control migratorio desde países vecinos, como Turquía o Marruecos, y en las repatriaciones exprés, a pesar de que en muchas de esas actuaciones el respeto a los derechos humanos básicos está en entredicho.

Y es que por desgracia, todos los países europeos se enfrentan en mayor o menor medida a una gran presión antinmigracionista por parte de su ciudadanía para abordar el fenómeno migratorio de manera más inclusiva e integradora. Dos son los aspectos que están detrás de esta presión ciudadana: En primer lugar, la percepción de que los inmigrantes expulsan a las personas autóctonas del mercado laboral, al aceptar condiciones laborales más precarias. Y, en segundo lugar, la percepción de que la conflictividad social aumenta con la diversidad cultural. Estas percepciones se ejercen de modo muy vehemente por grupos antinmigracionistas, e imponen enorme presión a la acción política. Ante estos comportamientos, Europa ha optado casi exclusivamente por el control migratorio y por las repatriaciones exprés, con poco éxito en la contención de estos flujos, como el caso del muelle de Arguineguín nos recuerda, y sin visos de abordar este fenómeno como se debiera desde una Europa supuestamente social, inclusiva y defensora de los derechos humanos.

Más allá de esta percepción negativa de parte de la ciudadanía europea hacia la inmigración, es necesario conocer qué dice la ciencia económica al respecto. Hay mucha y buena investigación económica que evalúa el impacto de la inmigración en países receptores como Estados Unidos, Alemania e incluso España. Todos prácticamente coinciden en una conclusión: ni en épocas expansivas ni recesivas, los salarios y el nivel de empleo de las y los trabajadores de los países receptores de inmigrantes se han visto afectados por la entrada de inmigrantes. Y la razón es sencilla: la población inmigrante trabaja mayormente en empleos en los que la población autóctona no desea trabajar. Mientras la población inmigrante se concentra en esos empleos, la población autóctona consigue mejores empleos, que se van generando a medida que la economía crece, pues la llegada de inmigrantes provoca un aumento sustancial en la demanda de bienes y servicios que estimula la economía y, por tanto, enriquece al país en su conjunto. Este es un resultado muy contundente que desarticula esa percepción negativa hacia la inmigración por la competencia por los empleos.

Esta es una conclusión “económica” que, desde una perspectiva egoísta, apunta efectos beneficiosos de la inmigración para Europa en general y España en particular. Un segundo motivo que ensalza los beneficios de la inmigración, también egoísta, tiene que ver con nuestra tendencia demográfica. Somos muy viejos y los países en desarrollo son muy jóvenes. El Observatorio Social de la Caixa, en un reciente informe sobre la inmigración, concluye que la población extranjera es esencial para el rejuvenecimiento y la preservación de la actividad en la España vaciada, pues las personas nacidas en el extranjero suponen ya el 16% de la población entre 20 y 40 años en la España rural. Además, una encuesta del propio Observatorio sobre la integración de la población inmigrante en nuestro país confirma que el 70% de la población autóctona responde que la integración de la población inmigrante en su entorno es satisfactoria —porcentaje, por cierto, notablemente superior a la media de la UE-28, donde esta respuesta positiva sólo alcanza el 54%—.

En suma, desde una perspectiva puramente egoísta, tanto desde el ámbito económico como demográfico, la población inmigrante es necesaria en nuestro país por las razones mencionadas. Además, la población española considera que la integración social de las personas inmigrantes en sus entornos es adecuada. Y ahora añadamos por un momento otra razón de justicia social, que muchos ciudadanos comparten, que se deriva del convencimiento de que nuestras sociedades deben ser más sensibles a la desigualdad de oportunidades a las que muchas personas se ven abocadas sólo por el hecho de nacer en sociedades en conflicto, sin libertad y/o sin posibilidades de progresar económica y socialmente. Desde ese punto de vista, estamos obligados en la medida de lo posible a mitigar esa desigualdad de oportunidades que es a todas luces injusta desde el punto de vista social.

A la vista de estos hechos, la pregunta que nos hacemos es por qué no se aborda la política migratoria desde un enfoque radicalmente diferente al actual. Y la respuesta es que la solución no es fácil ni puede ser articulada de modo individualizado, sino coordinado desde Europa. El Sistema Común Europeo de Asilo (SECA) no ha cumplido las expectativas para las que fue creado. La crisis de refugiados a partir del 2015 puso en entredicho el cumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes Estados, con la excepción de Alemania. Es imprescindible acometer una reforma del SECA, implementando una política común sobre asilo y migraciones inspirada en el respeto a los derechos humanos y orientada hacia una acogida de refugiados integradora. Los discursos antinmigracionistas de partidos de extrema derecha inflaman el debate político, es cierto, con el objetivo último de dinamitar el proyecto europeo. Pero ni Europa ni España pueden mirar para otro lado e ignorar que, más allá del control migratorio, es necesario desarrollar políticas de asilo e inmigración realistas. El “asilo a la carta”, que se acordó en el Sistema de Dublín, condena al ostracismo a miles de solicitantes de asilo, que vagan de país en país esperando alcanzar una resolución definitiva que nunca llega. No ha causado más que dolor, desesperanza y condiciones de existencia infrahumanas.

Es urgente reorientar estas medidas y dirigir los esfuerzos a la verdadera integración de estos colectivos, ayudándolos a adaptarse al nuevo entorno y preparándolos para su integración social y laboral. Europa debe ser valiente y dar pasos hacia la integración de este capital humano que tiene mucho que aportar en los próximos años. Si no reacciona, estará desperdiciando un talento clave para afrontar con éxito los retos inmediatos que se avecinan.

Sara de la Rica es directora de la Fundación ISEAK.