Hacienda ingresó 613 millones en 2019 por declaraciones voluntarias fuera de plazo

La Agencia Tributaria considera estos resultados como efecto inducido del plan de lucha contra el fraude

Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid.efe

La Agencia Tributaria ingresa cada año centenares de millones de euros procedentes de declaraciones presentadas fuera de plazo de forma voluntaria. Se trata de contribuyentes que deciden regularizar su situación fiscal antes de que la Administración llame a sus puertas, una posibilidad a la que el rey emérito está estudiando acogerse por los fondos ajenos que supuestamente utilizó entre 2016 y 2018. En 2019, estas declaraciones extemporáneas sin requerim...

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La Agencia Tributaria ingresa cada año centenares de millones de euros procedentes de declaraciones presentadas fuera de plazo de forma voluntaria. Se trata de contribuyentes que deciden regularizar su situación fiscal antes de que la Administración llame a sus puertas, una posibilidad a la que el rey emérito está estudiando acogerse por los fondos ajenos que supuestamente utilizó entre 2016 y 2018. En 2019, estas declaraciones extemporáneas sin requerimiento previo, como se definen en la jerga fiscal, brindaron a las arcas públicas 613 millones de euros. Son los últimos datos disponibles y suponen un 2,3% más de lo recaudado en 2018, cuando los ingresos por este supuesto alcanzaron los 599 millones.

La Agencia recoge estos guarismos en sus resultados sobre la prevención y el control del fraude. Aunque no se trate de cantidades recaudadas gracias a una actuación directa de la Administración, se consideran como un efecto inducido de las labores del organismo, que aclara en su último informe que “estos ingresos presentan una evolución irregular en el tiempo que impiden la fijación de una referencia u objetivo fiable”.

Las cantidades ingresadas por declaraciones extemporáneas ―que pueden ser también con requerimiento previo― han ido cambiando a lo largo del tiempo y representan solo una pequeña parte de lo que se recauda en el ámbito de la prevención y control del fraude tributario, que el año pasado aportó un récord de 15.715 millones de euros a las arcas públicas. La elaboración de las estadísticas de la Agencia Tributaria también ha ido cambiando a lo largo de los años, lo que impide que los resultados sean del todo homogéneos, explican fuentes del organismo.

A partir de 2015, la recaudación por declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo volvió a crecer tras una larga temporada en la que bajó año tras año. El pico más alto de las últimas dos décadas se alcanzó en 2010, con 1.544 millones de euros obtenidos gracias a regularizaciones voluntarias; el más bajo fue en 2015, con 475,5 millones.

La disminución en los importes ingresados por declaraciones voluntarias fuera de plazo no significa necesariamente que haya habido más ocultación de rentas y evasión en los últimos años. Fuentes de la Agencia Tributaria explican que la mayor información de la que dispone el organismo y que proporciona al contribuyente, también gracias al mejor intercambio de datos con el extranjero, pueden haber empujado a más obligados a declarar en plazo, además de haber impactado positivamente en las propias regularizaciones a contribuyentes. También destacan que algunas circunstancias puntuales pueden tener impacto en los efectos inducidos, como la regularización de las cuentas de HSBC en 2010 o la regularización extraordinaria de 2012.

La amnistía que el Gobierno del PP de Mariano Rajoy incluyó en los Presupuestos de 2012, cuando la crisis financiera seguía golpeando duramente las arcas públicas, permitió aflorar unos 40.000 millones de euros que estaban ocultos. La recaudación que brindó la estrategia del Gobierno ―que después fue declarada inconstitucional― dio sin embargo un resultado mucho menor a lo esperado: bajo la amnistía se presentaron 31.484 declaraciones, la mayoría de ellas de personas físicas, que aportaron al fisco unos 1.200 millones adicionales frente a los 2.500 previstos.

Las estadísticas de la Agencia Tributaria además solo recogen los datos relativos a autoliquidaciones de impuestos gestionados por el Estado como el IRPF, el IVA o sociedades. Las posibles regularizaciones por tributos cedidos a las comunidades, como patrimonio o sucesiones o donaciones, no están incluidas en sus informes, ya que para ellas son competentes las regiones.

Si finalmente se determina que los importes que pretende regularizar el rey emérito proceden de una donación no declarada, se aplicarán los tipos que establece este impuesto para la autoliquidación, además de los recargos e intereses correspondientes. En Madrid, este impuesto está bonificado al 99%, pero solo en caso de familiares directos. A medida que se reduce el grado de parentesco, también disminuye la rebaja, que desaparece en el caso de grados más lejanos y extraños.

El polémico modelo 720

Aún siendo monarca, Juan Carlos I abrió una cuenta en el extranjero con 65 millones de euros regalados por el rey de Arabia Saudí. Esta fortuna la acabó donando en 2012 a Corinna Larsen, y nunca informó de su existencia al fisco español, que prevé abultadas sanciones por los activos en el extranjero que los contribuyentes no declaran.

Se trata del polémico modelo 720, que Bruselas ha reprobado por las multas despropositadas que contempla y por no estar sujeto a las normales reglas de prescripción. Este sistema obliga a declarar al fisco los bienes y derechos por valor superior a los 50.000 euros que los contribuyentes tengan en el extranjero. El problema es que si la declaración no se presenta, o se hace fuera de plazo, la penalización puede llegar a suponer el 150% de la cantidad que no se ha declarado. Desde su puesta en marcha hasta julio del año pasado, la Agencia Tributaria ha multado a más de 5.000 contribuyentes.

La Comisión Europea anunció el año pasado que denunciaría a España ante el TJUE por este polémico modelo. En diciembre de 2019, detallaba en su recurso que este sistema restringe varias libertades que están protegidas por los tratados comunitarios, como la libre circulación de trabajadores, el movimiento de capitales y el derecho de establecimiento.

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