Los impuestos de las autonomías se hunden un 25% por la pandemia

Las comunidades tienen cedidos una serie de impuestos, como el que grava el patrimonio, el que se aplica a las donaciones y herencias o el que se paga cuando se escritura la compra de una vivienda. Las autonomías gozan de completa capacidad normativa sobre los mismos. Con el estallido de la pandemia, la aportación de estas figuras a las haciendas autonómicas se ha hundido: su recaudación se ha desplomado un 25% hasta julio, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. La caída duplica a la que sufren los impuestos estatales o compartidos, como el IRPF, IVA, o sociedades en...

Las comunidades tienen cedidos una serie de impuestos, como el que grava el patrimonio, el que se aplica a las donaciones y herencias o el que se paga cuando se escritura la compra de una vivienda. Las autonomías gozan de completa capacidad normativa sobre los mismos. Con el estallido de la pandemia, la aportación de estas figuras a las haciendas autonómicas se ha hundido: su recaudación se ha desplomado un 25% hasta julio, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda. La caída duplica a la que sufren los impuestos estatales o compartidos, como el IRPF, IVA, o sociedades entre otros, que retroceden un 12% hasta julio, según la Agencia Tributaria.

Las causas de estas profundas caídas de los impuestos regionales no hay que buscarlas solo en el parón de la actividad provocado durante el confinamiento. También se debe a las medidas de alivio fiscal lanzadas por las autonomías. La mayoría de los territorios aprobaron aplazamientos en las liquidaciones de impuestos durante las peores semanas del confinamiento, siguiendo la estela de lo que permitió la Administración central para aquellas empresas o contribuyentes más perjudicados por la reclusión.

“La mayoría de comunidades optó por aplazar el impuesto de sucesiones, que además tiene seis meses de plazo para liquidarse. Además, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados [que gravan la compraventa de vivienda] han caído porque no habido operaciones”, resume Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. Las cifras de Hacienda muestran la dimensión del impacto: la recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones cayó un 27% hasta julio y se situó en 1.200 millones; la brindada por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados se desplomó casi un 26% hasta los 3.900 millones, mientras que la contribución de los tributos sobre el juego, principalmente por el cierre de locales, se hundió más de un 39% respecto al mismo periodo de 2019.

“Todo lo que pase a partir de ahora va a venir condicionado no por el confinamiento, sino por la situación económica. Probablemente a partir de septiembre o diciembre tendremos una visión de futuro de cómo se van a recolocar las cosas”, augura Fernández.

El impuesto sobre determinados medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación, también sufrió un descalabro del 38,53% por la brusca caída de venta de coches durante el primer semestre del año. El único impuesto que se ha mantenido a flote ha sido el que grava el patrimonio, cuya recaudación, sin embargo, lleva más de un lustro estancada. Este impuesto aumentó un 6,17% hasta julio por el gran tirón de Navarra, donde creció un 169%. Este brusco crecimiento distorsiona la estadística. De hecho, siete autonomías sufren un fuerte descenso en la recaudación de este tributo.

Más recursos que nunca

Las comunidades autónomas, sin embargo, cuentan con más recursos que nunca pese a la caída de la recaudación de los impuestos cedidos. El sistema de financiación autonómica, por el cual el Gobierno central reparte el 50% de la recaudación prevista del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, garantiza el flujo de recursos a las comunidades para que costeen los gastos de sanidad, educación y servicios sociales. Y este año está siendo más generoso por tres motivos: en primer lugar el Gobierno ha adelantado los pagos pendientes por la liquidación del sistema de financiación (del año 2018), mientras el año pasado retrasó estos ajustes hasta el final, provocando un rifirrafe con los barones regionales. También ha aprobado una inyección adicional para las comunidades de 16.000 millones para ayudarlas a gestionar los gastos sanitarios disparados por la covid-19. De estos, las autonomías ya habían cobrado unos 6.000 millones hasta julio.

Y por último, la mejora de las previsiones del sistema de financiación para este año, que preveía mayores ingresos para las comunidades y que el Gobierno no ha corregido a pesar del cambio de ciclo. De hecho, Hacienda explica que los recursos del sistema de financiación sometidos al sistema de entrega a cuenta y posterior liquidación han aumentado en un 16,44% hasta julio.

“Estos tres factores —adelanto de la actualización de las entregas a cuenta respecto al ejercicio anterior, abono del primer tramo del Fondo Covid y mejora de la liquidación de los recursos del sistema— explican el significativo incremento de los ingresos no financieros, a pesar de los descensos en los tributos cedidos de gestión propia”, señala Hacienda en su último informe sobre las cuentas autonómicas.

La carrera por bajar el impuesto de patrimonio

El gravamen sobre el patrimonio fue el único tributo totalmente cedido que tuvo una evolución positiva en lo que va de año. Este impuesto que grava la riqueza ―inmuebles, cuentas corrientes, vehículos...― se liquida en junio sobre las cifras del ejercicio anterior, y su recaudación aumentó en un 6% hasta el séptimo mes de 2020 ante la ausencia de medidas que prorrogaran su liquidación. Aun así, su aportación al fisco autonómico lleva años estancada: si el conjunto de los ingresos brindados por los tributos cedidos avanzó un 44% en las comunidades de régimen común entre 2013 y 2019, hasta los 13.635 millones del año pasado, la correspondiente a patrimonio solo creció un 0,3% en el mismo periodo.

La historia de este impuesto explica en parte su pérdida de fuelle. Fue eliminado en 2008 y recuperado en 2011, en plena crisis financiera, por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ya no recaudaba lo mismo: de los 2.300 millones de euros de 2008 pasó a ingresar 1.151 millones en 2013. La mitad.

Luis del Amo, secretario técnico del REAF, explica que esta caída se debe a la modificación del mínimo exento, que con la reintroducción del tributo subió de los 100.000 euros a los 700.000 ―300.000 para la vivienda habitual―, y que el estancamiento del valor de los activos inmobiliarios justifica en parte el escaso avance en los últimos años. Pero añade que también influye ―y mucho― la decisión de la Comunidad de Madrid en 2011 de bonificar al 100% el impuesto, lo que ha anulado de facto los ingresos aportados por esta figura en la región y resta 900 millones al año a su recaudación.

De momento, Madrid es la única comunidad que aplica una bonificación tan generosa ―en La Rioja es del 75%―, y por ello se ha convertido en el centro de numerosos reproches por parte de otras autonomías y de la misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya en su época como consejera en Andalucía acusaba a la región de dumping fiscal y que antes de la pandemia planeaba armonizar este tributo y el de sucesiones y donaciones. “No tiene mucho sentido que existan diferencias tan grandes con tan solo cruzar la frontera entre dos comunidades, aunque tiene sentido ejercer la capacidad normativa una vez se ceden tributos”, considera Del Amo. Y advierte: “Madrid tiene ventaja porque ha sido la primera en aplicar la bonificación, pero si se instala una competencia a la baja desaparece el impuesto: si bajamos todos, nos quedamos todos sin recaudación”.