Dos de cada diez trabajadores de la Administración no han sido reemplazados en la última década

43.377 empleados menos. Ese es el número de puestos de trabajo de la Administración General del Estado que se han perdido entre enero de 2010 y el mismo mes de 2020, según los datos que ha facilitado este lunes la Federación de trabajadores del servicio público de UGT (FeSP-UGT) en su último informe. De los 241.152 empleados públicos de los que se disponía hace una década, se ha pasado a 197.675 al comienzo de este año, lo que supone una destrucción del 18% d...

43.377 empleados menos. Ese es el número de puestos de trabajo de la Administración General del Estado que se han perdido entre enero de 2010 y el mismo mes de 2020, según los datos que ha facilitado este lunes la Federación de trabajadores del servicio público de UGT (FeSP-UGT) en su último informe. De los 241.152 empleados públicos de los que se disponía hace una década, se ha pasado a 197.675 al comienzo de este año, lo que supone una destrucción del 18% desde que se originaron los primeros recortes. Esto es, se han perdido casi dos de cada diez puestos en este periodo.

Este es el resultado obtenido por el sindicato a partir de los datos de la Dirección General de Función Pública a través del Registro Central de Personal, en el que figuran los empleados públicos que desempeñan sus funciones en los Ministerios, Organismos Autónomos y Áreas vinculadas, en las Agencias Estatales que fueron creadas de conformidad con la Ley 28/2006 y en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y Defensa.

Según se detalla en el informe, el recorte de efectivos destaca por encima de cualquier otro organismo en los Ministerios y Organismos Autónomos, donde se ha producido una rebaja del 25% (de 133.776 a 99.177 trabajadores, o lo que es lo mismo: 34.599 empleados menos). Le siguen la Seguridad Social (con 6.553 trabajadores menos, ya que ha pasado de 30.462 a 23.909) y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (de 27.808 a 25.249 empleados, 2.559 menos). Con un 20% menos de efectivos, la Seguridad Social, asegura UGT, “debe gestionar procedimientos tan estratégicos como las pensiones y los recursos económicos y administración financiera del sistema”, a los que ahora se debe “añadir la gestión del Ingreso Mínimo Vital”. El sindicato también habla del “colapso” en “otros organismos considerados como servicios esenciales” como el SEPE (el servicio público de empleo estatal, sustituto del antiguo INEM) y el FOGASA (Fondo de Garantía Social).

La reducción de personal también es significativa en las entidades gestoras de la Seguridad Social. Según el estudio, de los 30.462 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral) con el que contaban en 2010, se ha pasado a los 23.909 vigentes en la actualidad.

Paralización de las ofertas de empleo

Los motivos de esta progresiva pérdida de personal se deben, según denuncia UGT, a “que no se han cubierto las plazas de los empleados que se han ido jubilando, por prescindir de los funcionarios interinos y por externalizar numerosos servicios a la empresa privada”.

En cuanto al resultado de las distintas convocatorias de Ofertas de Empleo Público llevadas a cabo en 2018 y 2019, ya que muchas de ellas se encuentran todavía sin resolver, el sindicato lamenta especialmente la situación aquellos que han superado los procesos de promoción interna “y no se les facilita el nombramiento teniendo que esperar a que tomen posesión los que han superado las pruebas por acceso libre”. “Desconocemos el motivo del retraso. Hay un límite que marca EBEP (el Estatuto Básico del Empleado Público) de tres años desde la oferta hasta el nombramiento, pero no hay un plazo previo estipulado”, lamenta Carlos Álvarez, responsable de AGE de UGT. “Estamos a la espera de que nos respondan. Por el momento no hemos sido convocados a negociar la Oferta Pública de Empleo de 2020 y a que nos expliquen a qué se debe esta demora en las resoluciones”, añade.

La segunda derivada de la falta de reemplazo de las vacantes producidas por la jubilación de los empleados tiene que ver con el progresivo envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado. Según UGT, de los 175.270 empleados con los que contaban en enero de este año los Ministerios y las Organizaciones Autónomas, el 45% se encuentran en la franja de los 50 a los 59 años, el 23,1% entre los 40 y 49, y el 16,5% entre los 60 y 65. Los empleados de esta última categoría se han duplicado en número en diez años, ya que en enero de 2010 apenas suponían el 8,5%.