Trabajo y los agentes sociales llegan a un preacuerdo para regular el teletrabajo

El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto ley tras la admisión del texto por las ejecutivas de sindicatos y patronal

Madrid -
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi; y Cepyme, Gerardo Cuerva, y de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro el pasado enero.Mariscal (EFE)

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios han alcanzado un preacuerdo para regular el teletrabajo. Llegar al punto de encuentro ha sido mucho más largo y laborioso de lo previsto inicialmente, cuando se conoció el texto propuesto por el Ejecutivo a finales del pasado junio. Los últimos flecos se han cerrado este lunes en una reunión que ha durado casi nueve horas, apuntan varias fuentes del diálogo social. Est...

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El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios han alcanzado un preacuerdo para regular el teletrabajo. Llegar al punto de encuentro ha sido mucho más largo y laborioso de lo previsto inicialmente, cuando se conoció el texto propuesto por el Ejecutivo a finales del pasado junio. Los últimos flecos se han cerrado este lunes en una reunión que ha durado casi nueve horas, apuntan varias fuentes del diálogo social. Este pacto todavía debe ser ratificado por las ejecutivas de los agentes sociales ―los sindicatos CC OO y UGT, por un lado, y la patronal CEOE-Cepyme, por el otro― y todo indica que este martes se aprobará como decreto ley en el Consejo de Ministros.

El diálogo social ha vuelto a rendir frutos durante la pandemia. El Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicatos han cerrado el texto que regulará el teletrabajo, algo que no ha sido fácil. Después de tres meses de negociación, contando el parón veraniego, en la última reunión de este lunes todavía no estaba claro que se fuera a alcanzar un acuerdo. Finalmente se logró después de que se diluyeran los últimos escollos.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el pasado 9 de septiembre. En vídeo, su anuncio del acuerdo.Foto: EFE | Vídeo: J. J. GUILLÉN

En estos meses, el departamento que dirige la ministra de Podemos Yolanda Díaz ha cambiado de parecer y el texto legal ya no se tramitará como un proyecto de ley, sino como un decreto-ley. Esto se traduce en que entrará en vigor —con las salvedades que contenga el texto— una vez se publique en el BOE y tendrá que ser ratificado en el Congreso, algo prácticamente garantizado al llegar a la Cámara con el aval de sindicatos y empresarios. Los grupos políticos suelen dar el visto bueno sin grandes objeciones cuando esto sucede.

La demora en la tramitación de la ley de teletrabajo ha facilitado un acercamiento entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Durante las negociaciones el Gobierno sacó de la regulación a los empleados públicos, una decisión que rechazaron tanto UGT como CC OO. Sin embargo, el pacto entre las centrales de funcionarios y el Ministerio de Administración Pública ha llegado antes que el del teletrabajo, lo que ha hecho innecesaria la inclusión de este colectivo en la norma.

Desde los primeros borradores, el texto legal dejaba claro que el teletrabajo será voluntario y debe comenzar con la firma de un acuerdo entre las dos partes, trabajador y empresario, un paso que será obligatorio. En dicho acuerdo deberá recogerse “el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles”.

Otro punto importante del acuerdo es “una enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como la forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa”. Además, debe quedar claro el horario de trabajo de la persona afectada y dentro de este, si se diera el caso, las reglas de disponibilidad.

Dos escollos finales

En la reunión de este lunes había un par de asuntos que se presentaban como los últimos escollos. Uno era el porcentaje de jornada a partir del cual se considera que un empleado teletrabaja y, por tanto, se le aplica la regulación específica. La patronal había reclamado que estuviera por encima del 20% y el Gobierno accedió a fijarlo en el 30%, lo que suponía tener que trabajar a distancia, al menos, dos días a la semana. En las últimas reuniones, UGT había pedido una reducción de este porcentaje. Sin embargo, al final ha aceptado dejar ese listón del 30%.

Otro punto en el que había diferencias era el momento en el que empieza a aplicarse la nueva regulación para los que ya teletrabajan como consecuencia de la pandemia. La patronal CEOE argumentaba que en este momento hay muchos empleados trabajando en su casa que en circunstancias normales estarían haciéndolo en un centro de trabajo y que a estos, en situación extraordinaria, no se les debería aplicar una regulación ordinaria. Los sindicatos rechazaban esta posibilidad.

Ambas partes llegaron finalmente a un acuerdo. No obstante, este lunes por la noche aún no se ha divulgado el texto definitivo, que se someterá a la aprobación de los órganos de gobierno de los cuatro agentes sociales a primera hora de la mañana de este martes. Lo previsible es que estos lo aprueben cuando los técnicos de sindicatos y patronal den su visto bueno al texto con los criterios marcados por sus ejecutivas.

La regulación del teletrabajo se había convertido en una prioridad para el departamento que dirige Yolanda Díaz desde que estalló la pandemia. En uno de los primeros decretos extraordinarios, el Ejecutivo dio carácter prioritario a esta modalidad de trabajo como forma de adaptarse a la situación provocada por el coronavirus. Y ya en la primera comparecencia de Díaz en el Congreso durante el estado de alarma, la ministra anunció su intención de establecer reglas más claras y extensas que las que hay ahora en el Estatuto de los Trabajadores.

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