Argentina anuncia un acuerdo con sus acreedores externos y sale del ‘default’

Argentina empieza a salir del abismo. La situación económica sigue siendo catastrófica y la pandemia se hace más grave cada día, pero el primer paso está dado: el gobierno y los acreedores privados extranjeros alcanzaron por fin un acuerdo para reestructurar una deuda superior a los 65.000 millones de dólares y...

Argentina empieza a salir del abismo. La situación económica sigue siendo catastrófica y la pandemia se hace más grave cada día, pero el primer paso está dado: el gobierno y los acreedores privados extranjeros alcanzaron por fin un acuerdo para reestructurar una deuda superior a los 65.000 millones de dólares y salir del default. “Ahora tenemos despejado el horizonte”, proclamó el presidente Alberto Fernández. El pacto, que deberá ratificarse en los próximos días, supondrá para las arcas argentinas un ahorro de 30.000 millones de dólares en una década. La oposición, encabezada por el ex presidente Mauricio Macri, celebró la noticia.

Han hecho falta seis meses de negociaciones, complicadas por el confinamiento iniciado el 20 de marzo y aún vigente en Buenos Aires, para llegar donde desde el principio parecía claro que había que llegar. Ya en febrero los grandes acreedores y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, estimaban que el acuerdo se alcanzaría entre el 50 y el 55. Es decir, en la reducción a casi la mitad del monto de deuda. La cifra final es del 54,8. El principal se mantiene casi idéntico, pero los intereses medios bajan del 7% inicial al 3%.

“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en el medio de una pandemia”, dijo Alberto Fernández, quien felicitó por su gestión al ministro de Economía y animó a los empresarios a invertir: “Ahora tienen un mejor escenario para proyectar sus negocios. Argentina necesita que se comprometan a poner el país de pie. Y que entiendan que tras la pandemia debemos replantear muchas cosas”. Según el presidente peronista, hace falta “un capitalismo con más compromiso social” y “mejor distribución de las ganancias”.

El mandato de Alberto Fernández arrancó el 10 de diciembre bajo la sombra de tres años de recesión y de varias décadas de estancamiento. Su problema más urgente era la deuda soberana, que había crecido de forma sustancial durante el mandato de Mauricio Macri. Los 44.000 millones de dólares que Macri recibió del Fondo Monetario Internacional se dedicaron en buena parte a un esfuerzo vano para apuntalar el peso, que desde 2015 ha perdido más del 80% de su valor frente al dólar.

Las conversaciones con los bonistas empezaron en febrero, con la idea de culminarlas con éxito en marzo. No fue así. La negociación se alargó, la irrupción de la pandemia agravó los indicadores económicos (para este año se prevé una contracción superior al 12% en el Producto Interior Bruto) y Argentina suspendió pagos formalmente en mayo, cuando dejó de pagar los vencimientos de bonos. Fue el noveno default de su atormentada historia financiera.

En las últimas semanas, la negociación se había convertido en una partida de póker. Los tres grandes grupos de acreedores (Ad Hoc, Comité y Grupo de Bonistas), liderados por BlackRock, mayor sociedad inversora del planeta y cabeza de Ad Hoc, presentaron una oferta “definitiva” de 56 dólares por cada cien y aseguraron que no se moverían de ahí. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se mantuvo en 53 dólares por cada cien. La diferencia era mínima. Pero Alberto Fernández consideraba que la pandemia lo había empeorado todo y Argentina no podía llegar a más en su esfuerzo. El pasado domingo, el presidente estuvo a punto de romper la baraja: dijo que lo mejor era suspender la negociación con los bonistas extranjeros y dedicarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional.

El papel de Cristina Kirchner

Su poderosa vicepresidenta, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el tercer puntal de la coalición en el poder, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le aconsejaron prudencia. Ambos señalaron a Fernández que Argentina no podía permitirse permanecer en suspensión de pagos, sin acceso a los mercados de crédito internacionales y bajo la amenaza de una maraña de pleitos como la formada tras el default de 2001. El presidente recapacitó, o retiró su “farol” del tapete.

Martín Guzmán volvió a la mesa de negociaciones (en realidad, a la pantalla y al Zoom) y mejoró su oferta a los bonistas. Anticipó vencimientos, facilitó la conversión a bonos en dólares de los bonos emitidos en euros y francos suizos y aceptó las condiciones de los acreedores en cuanto a las condiciones legales (que regirían en caso de otro default en el futuro) de los bonos con los que se sustituirá a los reestructurados. Un maratón final de 16 horas ininterrumpidas concluyó a las 3 de la madrugada del martes. Poco después, el Ministerio de Economía emitió un comunicado que confirmaba los términos definitivos del acuerdo.

Los tres grandes grupos de acreedores dijeron, por su parte, que el acuerdo era “un buen resultado para todos los participantes” y se concretaba en “una oferta que todos los acreedores deberían respaldar”.

Los mercados bursátiles y financieros se sumaron al ambiente optimista. Las acciones y los bonos argentinos ya habían subido un promedio del 12% el lunes, cuando circularon las primeras noticias sobre la posibilidad de un acuerdo inminente, y el martes siguieron subiendo. La cotización del dólar en el mercado libre (o blue) bajó un 6% respecto al peso, aunque los analistas no confiaban en un fortalecimiento estable de la moneda argentina.

Ahora comienza un proceso administrativo. Los acreedores deberán confirmar que aceptan oficialmente los términos. Hacen falta mayorías de al menos 66% o 75%, dependiendo de cada emisión (los bonos ya renegociados en 2015 requieren un porcentaje más alto), pero los tres grandes grupos dicen detener el 60% de la deuda y casi un 30% de la deuda restante, en manos de inversores individuales o pequeñas sociedades, ya se había alineado con el “sí” hace semanas bajo condiciones peores. Los analistas consideran que el grado de aceptación puede ser del 85% o más, muy por encima de lo legalmente necesario. En cuanto ese punto esté resuelto, nuevos bonos sustituirán a los antiguos.

Nuevo marco para los bonos en pesos

El Congreso argentino ha aprobado paralelamente un marco legal para los bonos en pesos que los equipara a los bonos en dólares, lo que debería facilitar el ahorro en moneda propia. Ese ahorro es más necesario que nunca. La deuda pública total asciende a más de 400.000 millones de dólares (90% del PIB), el creciente déficit fiscal se financia mediante la impresión de pesos (las dos fábricas de billetes trabajan las 24 horas del día) y la inflación, pese al frenazo impuesto por el confinamiento contra la pandemia, no baja del 2% mensual. Varias provincias sufren un grave endeudamiento. Buenos Aires, la más comprometida, ha fijado el 14 de agosto como fecha límite para llegar a un acuerdo con sus acreedores, para reestructurar 7.148 millones de dólares.

La oposición celebró el acuerdo con los acreedores. Incluso el ex presidente Mauricio Macri, de vacaciones en Francia, tuvo palabras positivas. “¡Por fin cerramos!”, declaró a Infobae, en referencia al largo proceso. Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central con Macri, habló de “gran acuerdo” y envió “felicitaciones” al presidente, al ministro Guzmán y “a todos los involucrados”. “Ojalá esta pesadilla de pandemia termine pronto y comience el proceso de recuperación económica que tanto necesita la gente”, añadió. Esteban Bullrich, senador macrista, dijo que se trataba de “una gran noticia para el país”.