El Ejecutivo aprueba un paquete de ayudas al transporte por 1.800 millones

El Gobierno aprobó este martes un nuevo paquete de apoyo al sector del transporte que incluye medidas por un importe de casi 1.800 millones de euros. En el ámbito administrativo, el Ejecutivo dio luz verde a una prórroga de tres meses para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los vehículos a los que le caduque entre el 21 de junio y el 31 de agosto. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, admitió que las aerolíneas están entre las “claras” candidatas a recibir apoyo del fondo de 10.000 millones creado para apoyar a empresas estratégicas.

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El Gobierno aprobó este martes un nuevo paquete de apoyo al sector del transporte que incluye medidas por un importe de casi 1.800 millones de euros. En el ámbito administrativo, el Ejecutivo dio luz verde a una prórroga de tres meses para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los vehículos a los que le caduque entre el 21 de junio y el 31 de agosto. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, admitió que las aerolíneas están entre las “claras” candidatas a recibir apoyo del fondo de 10.000 millones creado para apoyar a empresas estratégicas.

De las ayudas al transporte, 1.000 millones se destinarán a aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe para compensar la caída de la demanda ferroviaria por el coronavirus; 663 millones irán a parar a las empresas de transporte privado y 110 millones la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitsa) para atender sus compromisos de obra pública. Estas ayudas son complementarias a las que se han aprobado anteriormente, particularmente los 800 millones de euros destinados al transporte público en las comunidades autónomas.

El decreto aprobado ayer está articulado en torno a tres ejes: la protección de la salud de los trabajadores y pasajeros, proporcionar liquidez a las empresas del sector y reducir las cargas administrativas, simplificando trámites, según explicó José Luis Ábalos.

Ayudas a las aerolíneas

En el sector aéreo, se fija como obligatorias las recomendaciones en materia de seguridad impulsadas por los organismos comunitarios, con lo que España, “da un paso más allá” que el de sus socios de la Unión Europea.

Ábalos admitió que las aerolíneas serán destinatarias de las ayudas del fondo para apoyar la solvencia de empresas estratégicas, aunque aclaró que “no hará nada” sin un requerimiento previo de las compañías, con las que mantiene una relación “fluida”.

Respecto al transporte marítimo, el texto refuerza la reducción de tasas portuarias y de la tasa de ocupación, con una deducción de 60 millones de euros, y pretende paliar los efectos de la crisis sanitaria en los tráficos regulares de pasajeros y de carga rodada en Baleares, Canarias, y Ceuta y Melilla.

En el transporte por carretera, el real decreto regula el aplazamiento de los pagos del principal de las cuotas de préstamos en leasing y renting, alargándolo a todos los préstamos destinados a la adquisición de autobuses y camiones por autónomos o empresas del transporte discrecional de viajeros.

También podrán acudir a esta vía las empresas de transporte de mercancías “cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o una facturación inferior al 40%”. Estas medidas implican un coste de 250 millones para el transporte discrecional de viajeros y unos 330 millones en el caso del de mercancías, según los cálculos del Ministerio. Pese a ello, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mantiene el paro patronal convocado para los días 27 y 28 de julio por considerar insuficientes las medidas.

Para el sector de los servicios públicos de transporte regulado de viajeros por carretera de competencia estatal, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio para compensar la reducción de ingresos y el coste añadido por cuestiones sanitarias, por ejemplo, en la desinfección de vehículos. En él se tendrán en cuenta los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la disminución de costes por las expediciones no efectuadas. El importe de ayudas destinado es de unos 14 millones de euros.

Prórroga de las ITV

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó una prórroga de tres meses para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a los vehículos a los que le caduque entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Esta decisión se suma a la ampliación de la validez del certificado de ITV que llevó a cabo el pasado mes de mayo para los vehículos cuya fecha de próxima inspección se encontrara comprendida durante el estado de alarma en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio de ese periodo hasta que se hubiera producido el vencimiento.

No obstante, la validez hasta la próxima revisión no tendrá en cuenta la fecha en que realmente se pase la ITV sino la que le correspondería en caso de que no hubiera habido estado de alarma. De esta forma, muchos vehículos, como a los que les corresponde revisión anual, deberán volver a pasar la ITV tan solo unos meses después de hacerlo en este ejercicio.

En este ámbito administrativo, los visados caducados del transporte por carretera van a validarse por un año más "hasta conseguir la plena normalización en el 2023", mientras que para aquellos que se encontraban con problemas en su tramitación, se abre la posibilidad de que puedan ser subsanados.

Impulso a las políticas de vivienda

El paquete de medidas incluye además algunas específicas a la Vivienda, cuyas competencias estatales recaen también sobre el departamento que encabeza Ábalos. Como adelantó EL PAÍS, el Ejecutivo ha dado un primer paso para fomentar que la iniciativa privada construya pisos destinados al alquiler asequible. Se trata de un marco básico, a partir del cual ahora las comunidades autónomas deberán desarrollar sus propias normativas, que habilita la cesión gratuita de suelo público a promotores privados durante 80 años. Los adjudicatarios de ese derecho de superficie deberán a cambio levantar viviendas para arrendarlas a precios por debajo del mercado. Se trata de una fórmula de colaboración público-privada que algunos actores del sector demandaban y que avanza en la dirección deseada por el Gobierno de ampliar el parque de vivienda social y asequible.

Por último, también se han flexibilizado algunas condiciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para ayudar a los Gobiernos autónomos (que tienen transferidas las competencias en la materia) a redistribuir las partidas presupuestarias previstas. Esto ayudará a que los territorios concentren las ayudas previstas donde lo estimen más necesario y aumenta de forma efectiva la inversión en Vivienda para este año y el que viene.

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