Baleares y Canarias pueden adelantar diez años la descarbonización con inversiones de 30.000 millones
Un estudio de Deloitte y Endesa prevé la reducción del 72% del gasto energético en hogares y la creación de hasta 90.000 empleos
Las Islas Baleares y Canarias necesitarían unas inversiones de 30.000 millones de euros en las próximas dos décadas para la alcanzar la descarbonización energética en 2040, anticipándose así en diez años a los objetivos fijados para todo el territorio nacional, según las conclusiones del estudio Los Territorios No Peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España, elaborado por Monitor Deloitte, en colaboración con Endesa. Esas inversiones facilitarían ...
Las Islas Baleares y Canarias necesitarían unas inversiones de 30.000 millones de euros en las próximas dos décadas para la alcanzar la descarbonización energética en 2040, anticipándose así en diez años a los objetivos fijados para todo el territorio nacional, según las conclusiones del estudio Los Territorios No Peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España, elaborado por Monitor Deloitte, en colaboración con Endesa. Esas inversiones facilitarían además la reducción en un 72% del gasto energético en hogares generando hasta 90.000 empleos.
En concreto, el estudio sostiene que alcanzar ese objetivo supondría un esfuerzo inversor adicional entre 2020-2040 de unos 18.000-22.000 millones de euros en las Canarias, lo que supone una media de 10.000 euros por habitante a lo largo de todo el periodo, y de entre 10.000-12.000 millones de euros en las Islas Baleares, lo que supone una media de 9.000 euros por persona. En lo que respecta a los sistemas de Ceuta y Melilla, los otros dos territorios no peninsulares, su descarbonización para 2040 supondría una inversión aproximada de entre 280 y 300 millones de euros.
Estas inversiones se traducirían en importantes beneficios para los territorios insulares, ya que se descarbonizaría completamente el modelo energético, y entre un 80-85% de las actuaciones supondrían un ahorro de costes frente a las soluciones actuales, estando las tecnologías disponibles. Además, la dependencia energética actual del 90-95% pasaría a un 0-10% en Canarias y a un 30-40% en Baleares, con un ahorro de 35.000 millones de euros en importaciones energéticas.
En lo que respecta al coste medio de generación de electricidad, disminuiría en un 30-40% en 2030 y un 40-60% en 2040, respecto al coste actual, mientras que el consumo de energía final se reduciría en un 35% comparado con la actualidad, debido a la electrificación de la demanda y a las medidas de eficiencia energética.
Asimismo, el incremento de eficiencia energética y la reducción del coste de la electricidad repercutirán directamente en el gasto energético de las familias, que disminuirá un 30-40% en 2030 con respecto a la actualidad y un 60-72% en 2040.
Igualmente, el desarrollo de renovables podría generar entre 30.000 y 60.000 empleos en Canarias y entre 15.000 y 30.000 en Baleares (directos e indirectos) de manera acumulada en 2020-2040. Así, el despliegue de energías verdes podría suponer unos 4.500 empleos anuales en ambos territorios durante las próximas dos décadas.
Por otra parte, el informe destaca que estos territorios se pueden convertir “en banco de pruebas ideales” para el desarrollo de nuevas tecnologías necesarias de almacenamiento de energía o el hidrógeno. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, cree que este proceso de descarbonización para los territorios no peninsulares “es una oportunidad para España, pero no solo para la recuperación económica, sino para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en las nuevas tecnologías”.
Por su parte, el socio responsable de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte, Alberto Amores, considera que descarbonizar los territorios no peninsulares en 2040, una década antes que en la península, “es viable, económicamente rentable y permitiría adquirir una experiencia que podría ser aprovechada en el despliegue de nuevas tecnologías en el resto de España”. Por ello, asegura que la transición energética en estos territorios debe ser “una prioridad para todas las administraciones y agentes involucrados”.