Las administraciones ofrecieron 97 millones a Nissan y sus proveedores

Nissan prevé iniciar en julio las negociaciones con su plantilla para encarar el cierre de sus instalaciones en Cataluña y dejar de fabricar automóviles en España. La compañía considera inviable su fábrica de la Zona Franca, por lo que descartó las ayudas pú...

Nissan prevé iniciar en julio las negociaciones con su plantilla para encarar el cierre de sus instalaciones en Cataluña y dejar de fabricar automóviles en España. La compañía considera inviable su fábrica de la Zona Franca, por lo que descartó las ayudas públicas que le ofrecieron los gobiernos del Estado y de la Generalitat, un total de 97,5 millones de euros, de los que 70,7 eran para la multinacional japonesa y otros 26,8 millones para su parque de proveedores. Las administraciones, no obstante, pusieron otra oferta sobre la mesa: el compromiso de ayudar también a instalarse en Cataluña una fábrica de baterías para coches eléctricos.

El fabricante de automóviles recibió la propuesta de las dos administraciones, en la que también participaron el Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca, a principios del mes de marzo. Por esas fechas, la multinacional japonesa ya hacía tiempo que había recibido la noticia de Mercedes de que en mayo le retiraría el encargo de fabricación de las rancheras que se ensamblan en la Zona Franca, lo que situaba la tasa de utilización de sus instalaciones por debajo del 30% y, según defiende, era complicado que la asignación de solo un nuevo vehículo las hiciera viables económicamente.

El plan industrial remitido desde España se basaba precisamente en la asignación de un vehículo eléctrico nuevo y que Cataluña pudiera contar con una producción de 125.000 unidades anuales. La planta está preparada actualmente para un máximo de 200.000 vehículos, pero el año pasado ensambló unas 50.000 unidades, apenas un 25%.

Ante el temor del impacto que pudiera tener el cierre en todo el sector de la automoción catalana (unos 3.200 empleos en Nissan y más de 15.000 en su conjunto), el plan de choque gubernamental afrontaba ayudas para Nissan pero también para todo su parque de proveedores más cercano, las compañías denominadas TIER-1. Confiaban que esas ayudas podían tener un efecto arrastre importante: a los 400 millones de euros que debería invertir Nissan se sumaban otros 300 de la industria auxiliar.

Factoría para baterías eléctricas

Y la presencia de una planta especializada en vehículos eléctricos permitía ganar posibilidades en la pugna por instalar en Cataluña una fábrica de baterías eléctricas, uno de los puntos débiles del sector de la automoción en estos momentos en toda Europa y especialmente en España. Es por eso que en el documento que se trasladó a la cúpula de Nissan se contemplaba también un “compromiso” adicional. El de dar ayudas a otra compañía para que instalara en Cataluña una fábrica de baterías para “consolidar una base de proveedores adecuada para las necesidades de NMISA [Nissan Motor Ibérica] en el futuro”. Esas ayudas serían al menos del 10% de la inversión total, dice el documento.

“El plan está vinculado a la aprobación de un plan industrial de NMISA que garantiza la continuidad de la planta y la asignación del nuevo vehículo eléctrico para ser fabricado en la planta de Barcelona”, dice la presentación. Se trataba de un plan a cinco años (2020-25). Según el plan, Nissan podría haberse beneficiado de unas ayudas directas no reembolsables de 42,4 millones (a través de instrumentos ya existentes), mientras que otros 28,2 millones hubieran procedido del ahorro obtenido en las líneas de créditos cursadas por ambas administraciones. Se ofrecían préstamos a diez años, con un tipo de interés cero y con tres años de carencia. Mientras que el apoyo a Nissan era repartido, la Generalitat asumía todas las ayudas para que el sector auxiliar pudiera seguir las inversiones demandadas por Nissan.

El documento asegura que las ayudas planteadas “no constituyen una forma de ayuda de estado, lo que sería incompatible con la ley de la Unión Europea”. El documento ya muestra a Nissan el temor por el impacto laboral que podría suponer el cierre de las plantas afectadas —la de la Zona Franca pero también las de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca— en el área de Barcelona: 2.400 empleos directos de las filiales de Nissan —muy superior, en realidad— y más de 13.000 trabajadores de proveedores de Nissan que “dependen de la continuidad de la planta y de la asignación de nuevos modelos”.

La compañía ha decidido, sin embargo, cerrar la planta y asumir los 600 millones de euros que le costará el cierre, según la documentación que entregó a su comité de empresa europeo, en el que advertía de unas pérdidas anuales de en torno a 100 millones de euros.

Petición del informe que ha decidido el cierre

El Ministerio de Industria y el Departamento de Empresa de la Generalitat remitieron una carta a la dirección japonesa de Nissan en la que les demandaban poder tener a su disposición el informe económico que han tenido en cuenta para decidir el cierre de las plantas de Barcelona. En la misiva solicitan poder tener acceso a los datos utilizados para “conocer la situación real de la planta” y tratar de “buscar una solución a la planta”. En la carta firmada por la ministra Reyes Maroto y la consejera Àngels Chacón se advierte a Nissan que serán la primera empresa japonesa que abandonará la Unión Europea, en un “momento de gran incertidumbre” por el Brexit.